Alegra ver al gobierno invitando a la ciudadanía al autocuidado y verlo abandonar su excesiva injerencia en las decisiones privadas; aunque lo hace no para amparar el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad sino para proteger las ventajas de algunos actores económicos del mercado.
Desde 1991, especialmente con los profesores Ciro Angarita y Carlos Gaviria, la Corte Constitucional naciente levantó ampolla en los lugares más rancios de la sociedad colombiana defendiendo la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad (Sentencias T-532/92, T-050/93, C-176/93, T-493/93).
Usar el cinturón de seguridad, consumir alcohol u otro tipo de drogas, fumar, acostarse tarde, conducir a 20 km o a 100 por hora son decisiones que pasan más por el fuero interno de cada persona, que por la estructura de los poderes públicos del Estado.
No obstante, los estados, incluso los más liberales, se ven tentados a regular, bajo los pretextos de la seguridad ciudadana, de la salubridad pública o de la paz, las decisiones que incumben al individuo. Así generan infracciones, contravenciones y hasta tipifican hechos punibles para justificar la intromisión de la institucionalidad en el desarrollo de la personalidad.
Lo más contradictorio es que estos estados injerencistas en las libertades individuales son liberales con los actores económicos. Mientras, por un lado, acosan a los individuos, por el otro dejan a sus anchas a las grandes empresas. Eso lleva a contradicciones manifiestas en donde los gobiernos prohíben el consumo de alcohol en la casa, pero permiten al mismo tiempo su venta en los almacenes de grandes superficies.
Desde 1991 las opciones vitales y las creencias individuales adquirieron en Colombia el rango de derechos fundamentales que tienen sus límites en la convivencia social y en el respeto a la organización social.
Así, usar tapabocas es una decisión personal erigida en derecho fundamental; es decir, es una decisión que hace parte del núcleo vital de todo ser humano.
