Una situación que refleja lo macondiana que puede ser la Colombia profunda se vive en Uribia, donde las controvertidas decisiones del alcalde y sus pulsos personales están poniendo en riesgo la salud de la comunidad indígena más grande del país.
Este municipio de La Guajira, el segundo departamento más pobre del país, tiene unos 8.200 km². El casco urbano no tiene agua potable, la atención en salud es deficiente, las vías son regulares, la cobertura celular es pobre y la señal de televisión nacional no llega.
Mientras las calurosas sabanas albergan el resguardo wayúu de la Alta y Media Guajira, escenario de la muerte de más de 4.000 niños por hambre, falta de agua y enfermedades asociadas, en el municipio residen —según el censo 2018— 154.898 personas del total de 380.460 que reportaron pertenecer a esa etnia indígena.
Su alcalde, Bonifacio Henríquez, tiene un historial de transfuguismo político y de acusaciones de corrupción. Inició su vida pública en 2008 como enlace indígena con el programa Familias en Acción. De allí se impulsó para ser elegido representante único del resguardo, en 2010, donde manejó recursos por 24.000 millones de pesos.
Ambición
Su ambición desde entonces fue la alcaldía y creyó no estar solo en ese propósito. Como parte del movimiento de la exalcaldesa Cielo Redondo —procesada por la justicia por actos de corrupción y cuyo clan gobernó al municipio 20 años—, Henríquez hizo fila para aspirar en 2015. Ella no lo postuló y la relación se rompió.
Bonifacio, toldo aparte, dio el salto al Concejo y se convirtió en su más férreo opositor. Desde ese cargo, según denuncias, tuvo influjo sobre las transferencias del PAE y la educación. Lo cierto es que amasó suficiente capital y poder para hacerse con los apoyos necesarios para llegar al palacio municipal.
Montó una maquinaria para las legislativas de 2018 al servicio de los representantes Alfredo Deluque (La U) y María Cristina Soto (conservadora). También del azul Jaime Luis Lacouture, quemado en su aspiración al Senado, aunque terminó como magistrado del CNE.
En las elecciones de 2019, con los avales de La U y el conservadurismo, Bonifacio se impuso. Al asumir se mostró como la cara de la renovación política, pero tres meses después ya respondía ante los entes de control por aparentes sobrecostos en kits de alimentos y aseo entregados por la pandemia.
Así fue también con un contrato supuestamente irregular por 11.000 millones de pesos para optimizar las redes de acueducto, que decidió liquidar a las volandas, tras una severa advertencia del procurador general Fernando Carrillo.
Perpetua pelea
Otro capítulo es la disputa por el hospital Perpetuo Socorro. Henriquez buscó remover a como diera lugar a la gerente Melba Cortés, que lo entuteló. Un juez le halló la razón a la funcionaria, pero la orden ni el incidente de desacato fallado a favor se cumplieron. Entretanto, la gestión del hospital está paralizada y sus cuentas congeladas.
Para esos días, a mediados de año, Bonifacio enfermó de COVID-19 y se temió por su vida cuando ingresó a la UCI de una clínica de Valledupar. Se habría contagiado en una reunión por el Día de la madre —sin protección y en cuarentena— junto con dos de sus secretarios y el comandante de Policía. El mandatario, que siguió despachando, desoyó las recomendaciones y contagió a su círculo cercano.
En vista de su situación y quizá en previsión de eventuales sanciones, el alcalde pidió al Concejo volver a su cargo hasta enero de 2021, mientras mantiene su beligerancia judicial mediante comunicados de prensa y pide a los organismos de control “poner la lupa en la rama judicial del departamento”.
El encargo lo asumió el secretario de Gobierno, Alberto Henríquez, que protagonizó un hecho bochornoso: una comunicación oficial a la Policía Nacional en la que pide no cumplir el fallo judicial y evitar que Cortés regrese a su cargo. Un juez sancionó esta semana el desacato del alcalde (e) con cinco días de arresto.
Los wayúu afectados por la COVID-19 siguen sin saber dónde acudir. El otro hospital, en el corregimiento de Nazareth, está sub júdice porque el alcalde Henríquez nombró a Rita Barros Freyle, esposa de Davinson Mejía, entonces secretario del Concejo de Uribia, en una aparente inhabilidad que puede afectar a Henríquez.
Esta semana hubo 10 casos de COVID-19 en ese lugar de la Alta Guajira y los líderes indígenas denuncian que el centro médico no tiene cómo atenderlos. Para colmo, el martes hubo un incendio, sin causas claras, que acabó con los archivos y parte del material médico. Mientras, los más vulnerables esperan que sus gobernantes dejen de pensar en sí mismos y trabajen por las necesidades de la gente.
