El expresidente Uribe fundó el Centro Democrático el 20 de enero de 2013. Este partido resultó de la confluencia de disidentes liberales y conservadores, y otros seguidores y adherentes personales forjados por su labor como alcalde de Medellín (designado por Belisario Betancourt), gobernador liberal de Antioquia y presidente reelegido.
La agrupación política se identifica como de centroderecha, aunque sus prácticas demostradas son de extrema derecha, con un brazo político de militancia férrea y sectaria. Este está compuesto por un entorno de congresistas que integran intereses de sectores económicos, ganaderos, terratenientes y otras expresiones regionales. Además, el partido existe mientras haya “lealtad a Uribe”, con la lógica probada de “lealtad al fürher”, lo demás es adjetivo. La unidad no es con un partido o un programa de poder, es en torno al hombre, al líder, a Uribe.
De hecho, el CD se sostiene en los tres pilares esenciales de la seguridad democrática, guiada por el todo vale: que sobrepone una idea de patria a los derechos de las personas y de la sociedad misma; que subordina la acción humana a la militarización de la vida; y que hace primar la guerra sobre la paz. En este marco, la confianza inversionista está centrada en la defensa del capital de empresarios y grandes inversionistas; y la cohesión social, que descansa en el llamado estado de opinión, coloca a la sociedad como subalterna del Estado y la mantiene sometida al interés propio del gobierno. Así mismo, el partido refuerza su identidad con la silueta del cuerpo de Uribe entre colores celeste, amarillo y rojo.
Sobre la negación del conflicto armado y la estigmatización de la lucha social, el CD creó a su enemigo (insurgencia) y junta odios y desesperanzas para mantener su inmodificable oposición a toda negociación política: por doctrina retrasan y entorpecen cualquier esfuerzo de paz o consolidación de los acuerdos pactados. El odio en un país de violencias incontrolables ha creado para desgracia común una polarización que difícilmente va a desaparecer en varias décadas, porque sus seguidores no están dispuestos a aceptar nunca jamás que su líder se equivoca, falla o delinque. Así ocurrió con Franco y Hitler, de quienes a sus muertes sus seguidores guardaron sus fetiches, se reacomodaron y no cesaron de urdir entre sombras hasta alcanzar pactos del olvido, con amnistía para todos y afirmación de leyes de olvido, que les permitieron luego volver otra vez a tratar de repetir esa historia, en eso están.
Igualmente, el CD hace esfuerzos de todo tipo por crear una cultura de negación y olvido, para que los jóvenes nunca sepan lo que ocurrió: que las familias que vivieron el horror no lo cuenten y que los colegios y universidades no lo enseñen. Así lo indica su desprecio por el Centro de Memoria, la Comisión de la Verdad, la JEP, los libros e investigaciones y los intelectuales. Así lo expresan con su clamor las victimas que están siendo obligadas a silenciarse y a esconder su dolor y sus heridas. Se impide que la verdad florezca, aunque sea un bien público.
Ahora bien, lo que acaba de ocurrir con el líder no es un triunfo judicial de la corte, es un primer destello de justicia, leve, pero significativo. No es un momento para verter triunfalismos ni victorias, pero sí para tener presente que no es tiempo de olvidar el horror ni de pasar la página, sino de buscar justicia. Hasta ahora nadie ha juzgado al líder por uno solo de los señalamientos de innumerables crímenes cometidos con su arbitrio, determinación, apoyo, connivencia o directriz.
La actual detención se ejecuta en su domicilio del Ubérrimo, una finca de más de 1500 hectáreas, convertida hace varias décadas en una especie de Berghof, como el del fürher, que servía de segunda casa gubernamental. El Ubérrimo es casa y refugio, lugar de descanso y residencia, en la que Uribe ha exhibido sus dotes de caballista y estratega ante ilustres dignatarios, políticos y empresarios decididores de la real politik. Allí se han configurado los mapas de poder. En consecuencia, es deducible que allí está el “centro del reino”, donde puede dejar de ser el “líder” y convertirse en Álvaro.
Conforme al derecho penal, allí pagará al menos una parte del castigo de la pérdida de su libertad, decisión que se tomó de manera “preventiva y excepcional”. La sentencia solo aduce a los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El origen de la investigación ni siquiera vino de denuncia en su contra, sino que resultó de la reorientación hecha a una denuncia interpuesta por el mismo Uribe en febrero de 2012, que lo incriminó en febrero de 2018. La sentencia proferida es una pieza procesal impecable, que en 1554 folios desnuda al detalle cada uno de los componentes del presunto delito cometido por Uribe como determinador, sin dejar ni fisura alguna que permita invocar racionalmente sesgo alguno.
La providencia no lo ha asociado a los crímenes contra la humanidad, de los que ha sido ampliamente denunciado, como masacres, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales o espionaje, por los que miles de víctimas que han denunciado esperan una justicia que persiga en todo tiempo y lugar cada delito, porque más allá de la ofensa a sus adversarios, son una ofensa contra la humanidad, por lo que no podrán caer en el olvido y al contrario animar a desvelar el pasado, recordar la tragedia, hacer memoria, decir la verdad e imponer castigo a los responsables para sanar heridas.
Por los delitos de lesa humanidad no se ha juzgado a Uribe. Las denuncias están ahí, no prescriben, no pueden ser tapadas, ni justicia alguna negarse a investigar. Por tales delitos nadie ha tocado a Uribe, ni a su entorno todopoderoso, arrogante y retador; que por cierto opacó el día destinado a recordar la libertad ganada en el puente de Boyacá y la gesta del ejercito de Bolívar con manifestaciones prohibidas por pandemia. Himnos, banderas, odios y cláxones pedían la libertad del líder, siempre dispuesto a trazar el camino y definir con su palabra el destino de lo que se debe olvidar o recordar.
