Con esto dando a entender que por fin había llegado la reconciliación nacional después de ocho años de una profunda polarización de los colombianos. Algo increíble, todo un milagro en la política de los últimos 16 años donde predominaron las multinacionales, la violencia de los narcotraficantes, la corrupción en todo su esplendor y, por supuesto, la degradación política y moral de la clase dominante.
Muy tiesos y muy majos salieron de la reunión con el acuerdo de apoyar el Gobierno de Uribe-Duque y su reforma política, económica, de la justicia, y de las pensiones, cuatro temas que marcarán el sello de clase del nuevo gobierno. “Le estamos diciendo al país que hemos dado un paso a lo que sucedió en los últimos años. De la confrontación estamos pasando a la reconciliación”, dijo el expresidente Pastrana al salir de la reunión.
Como lo habíamos anunciado, el famoso “Pacto por Colombia” con los empresarios quedó en un “parto de los montes” con los politiqueros del establecimiento para la refundación de en un nuevo “Frente Nacional” de la oligarquía.
Así las cosas, los sectores democráticos y progresistas de la Colombia Humana y de la Coalición Colombia tienen la necesidad obligatoria de la unidad para enfrentar, con posibilidades de éxito, toda la avalancha que se viene encima contra el pueblo con las reformas sociales, económicas y políticas que ya empezaron a tramitar en el Congreso de la República.
No obstante el rechazo de la opinión pública que ha encontrado el nuevo mandatario con el nombramiento de algunos personajes en altos cargos del Estado, como por ejemplo la directora de la Unidad Nacional de Protección o la candidatura de José Félix Lafaurie y del exmagistrado Velilla a la Contraloría General de la República, lo más dramático ha sido la luz verde de la Corte Constitucional a la Ley estatutaria de la JEP —quedando en esta forma lista para la revisión de las normas que regularon la implementación de los acuerdos de paz—.
Esta decisión dejó sin piso las propuestas del Centro Democrático en lo que tiene que ver con las penas alternativas para los delitos de violencia sexual de menores; con el tema de la extradición de los miembros de las Farc por delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016; con las inhabilidades que impedían ser magistrados de la JEP quienes hubieran sido abogados de víctimas, o en demandas contra el Estado por violación de los derechos humanos, como por ejemplo en la demanda contra el genocidio político de la Unión Patriótica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos —inhabilidades que, dicho sea de paso, fueron aprobadas por el Congreso después de que se posesionaron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz—; y con la participación política de los dirigentes de las Farc. Es decir, a pesar de todos los obstáculos que le habían puesto a la JEP, esta ya puede empezar a trabajar sobre la base del visto bueno de la Corte Constitucional.
De tal manera que al nuevo Gobierno no le ha ido bien en esta primera semana de trabajo, sino que, como van las cosas, le va quedar difícil manejar la situación como lo hizo el presidente Uribe durante sus 8 años de mandato autoritario.
La idea de apoyar la consulta anticorrupción antes de las elecciones y salir después a negarla apoyando el proyecto del Gobierno, proyecto que también tuvo que ser retirado, por el orangután que le habían puesto en contra de la participación de los desmovilizados de las Farc; es decir, es toda una cadena de contradicciones que no tiene solución en manos del sujeto llamado a declarar por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de manipulación de testigos, falsedad procesal y falsedad en documento público.
El discurso del presidente del Senado despotricando del gobierno anterior —haciendo de la tribuna una apología del “Príncipe de Transilvania”, llamando a descabezar a los generales que trabajaron por el acuerdo de paz, incitando a la confrontación social, reavivando el conflicto armado, cerrando los espacios para la oposición y llamando a la ofensiva contra el pueblo— fue en contravía del discurso disimulado del presidente que en medio de una camisa de once varas no atinó a responder como un jefe de Estado, sino que de lejos se le notó su compromiso manifiesto con su jefe político.
A esto hay que añadir la consulta contra la corrupción, que toma nuevo vuelo con la retirada del proyecto del Gobierno, y de la encuesta que pronostica la participación del 80% en la consulta del 26 de agosto, quienes definitivamente van a votar a favor de los siete puntos de la consulta.
Si vota el 80% quiere decir que están asegurados los 12 millones de votos que se necesitan para el umbral, lo que sería un triunfo demoledor para las fuerzas de la ultraderecha y, de contera, un apoyo grandioso para el desarrollo del movimiento democrático y popular que ahora tendría que pasar de la oposición a la construcción de una real alternativa de poder.
Desde luego que para eso tendría que cristalizar la unidad de la izquierda y de los sectores progresistas que, como se están presentado las cosas, se puede vislumbrar un futuro promisorio, como puede verse con la reunión de Robledo y Gustavo Petro, buscando las coincidencias y las modalidades que permitan llegar a las elecciones del año entrante con un sólido y masivo movimiento democrático para los consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones.
Como se están desarrollando las contradicciones entre el Gobierno y su partido es muy posible que en estos cuatro años se marque el comienzo del fin del uribismo furibundo, y empiece a renacer un movimiento de masas poderoso que plantee una nueva correlación de fuerzas para la toma del poder en el 2022, porque, como decía Sartre, “antes de realizarse todas las ideas son utopías”.
