Al expresidente Uribe se le han formulado toda suerte de acusaciones, casi que a lo largo de toda su carrera política desde su paso por la Aerocivil hasta hoy, y sin embargo, nunca se había sentido moralmente impedido para continuar en su cargo. ¿Cuál es la diferencia entre este y los cientos de casos que han cursado en su contra? ¿Por qué parece tan convencido de que la Corte tiene prevista su captura inminente?
La verdad es que de todo lo que se ha dicho, y con algunas excepciones, son pocos los hechos probables que conocemos de este caso. Es tanta la basura que se ha presentado disfrazada de noticia, que no es difícil llegar a la conclusión de que la reacción es completamente desproporcionada y es posible que este caso, como muchos otros, concluya sin méritos. Y no es difícil imaginar ese escenario, porque los audios hasta ahora conocidos no son suficientes para probar, más allá de toda duda razonable, que se urdió un “plan concertado” y que ese plan fue ejecutado “bajo las órdenes/ por instrucción/ en coordinación con” Álvaro Uribe. Nada de lo dicho o escuchado, basta para condenar a Uribe o demostrar que hizo parte de un complot.
Ahora, si la Corte tiene algo sustancial, está claro que no se conocerá sino hasta alcanzar las etapas procesales. La pregunta es: ¿Qué tiene la Corte? ¿Uribe tiene conocimiento de lo que hay en su contra? ¿Es eso lo que lo obliga a renunciar? ¿De dónde salieron las pruebas? ¿Quién se encargó de recabarlas? Todas son preguntas relevantes desde el punto de vista procesal, por más concluyentes que sean sus contenidos. Y lo digo porque si la inteligencia extranjera, (démosle crédito a ese chisme), estuvo espiando a Uribe, no fue a propósito de este caso, ni desde hace un año, sino que habrían estado observándole por un periodo muy extenso, y sin duda, con otros propósitos. Pero de nuevo, todo esto es pura especulación. Todo dependerá de la calidad de las pruebas y su valoración jurídica, por lo que todo esto será una prueba de fuego para la independencia de la Corte y de la justicia penal en Colombia que ha sufrido una creciente politización en los últimos años.
Lo que verdaderamente preocupa es la estabilidad institucional.
Curiosamente, el chicharrón queda en manos
del nuevo presidente, Iván Duque
Ahora, lo que verdaderamente preocupa es la estabilidad institucional. Curiosamente, el chicharrón queda en manos del nuevo presidente, Iván Duque. A Duque, le guste o no, le toca renunciar de inmediato a la propuesta aquella de modificar la estructura del poder judicial, y especialmente a la idea de meterse con la Corte Suprema. En este momento, y por su propio bien, Duque tiene que convertirse en el mayor defensor de la independencia judicial y el respaldo más firme para garantizar el curso del proceso. Así como salió a defender la honorabilidad de Uribe, le va a tocar, ya en calidad de presidente en funciones, salir a defender la institución de la justicia, exigir respeto por su majestad y garantizar la integridad y la vida de los magistrados, los testigos, los investigadores y sus familias, que hoy están padeciendo presiones inauditas.
Las amenazas contra la Corte son serias, son creíbles y son de tal gravedad, que al nuevo presidente le tocará salir en su defensa más temprano que tarde y destinar los recursos que sean necesarios para blindar el proceso, a riesgo de que cualquier incidente que impida la continuación del caso, como un atentado o la interrupción del proceso por una amenaza inminente a la vida de los magistrados, podría golpear fatalmente la legitimidad del gobierno de Duque. Desde esa óptica, la decisión de Uribe de renunciar es una estrategia inteligente que protege al nuevo presidente e impide su desgaste temprano.
Desacreditar a la Corte, acusarla de no ser legitima, amenazar a los magistrados y llevar el estado de crispación general a un escenario en el que la justicia no pueda operar o renuncie a hacerlo por falta de garantías, podría terminar habilitando una causa internacional. Lo que no se puede perder de vista, es que la supuesta obstrucción y fraude se producen en el marco de un caso más amplio que ya fue declarado crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que es de interés global. Aunque los hechos de ese crimen son anteriores a la ratificación del Estatuto de Roma, la atención internacional que ha recibido este caso es tal, que las consecuencias de elevar la confrontación son impredecibles.
