La frase célebre “La vocación de un político de carrera es hacer de cada solución un problema” de Woody Allen, sintetiza la postura del presidente Uribe frente al acuerdo sobre justicia transicional firmado por el Gobierno y la Farc en La Habana. Lo que llama la atención de su postura desbocada es su mesiánico propósito de oponerse a la paz a punta de tergiversaciones y verdades a medias. Mientras el proceso de paz recibe el respaldo del Vaticano, la ONU, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europa y la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, y crecen las voces de apoyo en el hemisferio y la comunidad internacional, Uribe y la ultraderecha, lo deslegitiman con argumentos que buscan profundizar la guerra.
Uribe,en su afán mediático de sacar réditos electorales, sataniza un proceso de paz que lleva tres años de negociaciones difíciles donde las partes han tenido que ceder de lado y lado con el propósito de concretar un proceso de paz viable que ponga fin a 50 años de guerra.
En su delirante mesianismo no admite que la arquitectura del acuerdo firmado no es un asunto improvisado, sino milimétricamente estudiado con el apoyo de un grupo de expertos en derecho internacional y justicia trasnacional que permitió estructurar una propuesta que ha despejado el camino hacia la firma de un acuerdo de paz que pondrá fin al conflicto.
Se trata de expertos que examinaron todos los modelos de comisiones de la verdad en procesos de paz en el mundo, y estructuraron un modelo de justicia novedoso y audaz, que allana el camino para una paz duradera. Lo polémico de la obstinada posición de Uribe es que mientras para el secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, se complace ver los avances que han alcanzado el Gobierno y las Farc en los puntos más importantes en las negociaciones de paz” y para la fiscal de la CPI Bensouda, “el acuerdo está diseñado para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves”. Para él es deplorable que el secretario Kerry aplauda un acuerdo de impunidad a Farc y lo califica como “un golpe contra la democracia”.
Cuando para Bernard Aronson, el enviado de EE.UU. en las negociaciones de La Habana no es un proceso “para castigar solo a la guerrilla, es para terminar la guerra que han dejado destrucción y muerte”. Para Uribe es “igualar a la sociedad civil con el terrorismo”. Frente estas posturas de Uribe, lo que se observa es a un Gobierno y unos sectores progresistas decididos a jugárselas por la paz, contra una ultraderecha, en cabeza de Uribe que no quiere la paz, sino más derramamientos de sangre y exterminios entre los colombianos.
Una ultraderecha que manipula y desinformada con el apocalíptico argumento que con la firma de la paz se avecina una hecatombe y que el nuevo modelo de justicia transicional no es para sacarnos de la guerra, sino “para complacer al terrorismo”. Pero las más certeras respuestas a las tergiversaciones del uribsimo las recibió del general Jorge Enrique Mora, ex comandante del Ejército, un militar de línea dura, respetado dentro y fuera del estamento castrense.
El general Mora, como miembro del equipo negociador del Gobierno, había guardado silencio, pero en la entrevista que concedió en El Tiempo se destapó y dejó a Uribe sin argumentos para oponerse a la paz.
El general Mora dijo: “Ninguna decisión va en contra de la sociedad colombiana y en contra de los intereses institucionales. Los comandantes militares y el director de la Policía han estado enterados y han participado en los debates para la restructuración del documento”; “todo lo que hago y digo en la mesa lo hago con el aval de todos los comandantes militares”, y concluye: “Si queremos que Colombia ponga fin a la guerra, todos los acuerdos tiene que ser extensivos a los miembros de la guerrilla y a los militares, los unos y los otros, tendrán que hacer parte de ese sistema de justicia y contribuir a la satisfacción de las víctimas". Más claro no canta un gallo.
Twitter: @j15mosquera
