Llegó la hora de hacer lo que tocaba, el confinamiento de la población por un número de días que ojalá no se tenga que extender, lo cual es bastante probable. Se espera que esta medida permita frenar la dinámica que hasta ahora tiene el covid-19 en nuestro país, que ya registra 277 casos identificados. Obviamente, la presión que está viviendo el sector salud es de inmensas proporciones y requiere fuertes inversiones que abarcan desde equipos médicos, suministros y personal médico, además de todo lo que le demanda a este sector la peor pandemia que ha vivido nuestra generación. El apoyo al sector en sus múltiples necesidades tiene que provenir del gobierno con el apoyo del sector privado como ha sucedido en Antioquia, donde los empresarios ya hicieron importantes aportes a hospitales de Medellín.
Mientras esto sucede, la crisis social que ya empieza a manifestarse o se aborda desde este momento, porque se ha debido prever desde antes, o las consecuencias pueden ser irreversibles y desastrosas para amplísimos sectores de la sociedad. Para los sectores pobres que representan el 27 % del país, el gobierno tiene instrumentos como todos los subsidios que desde hace tiempo les está asignado a las familias, a los jóvenes, a los ancianos. Es fundamental redimensionarlos porque ahora no se trata solo de garantizar un mínimo sino de asegurarse que puedan cubrir necesidades máximas ante la imposibilidad de trabajar durante estas semanas.
Los vulnerables, 39 %, son aquellos que ya superaron la línea de pobreza, pero, para sorpresa de muchos, no pudieron llegar a ser parte de las clases medias. La definición más clara de su situación ya empieza a hacer carrera, y es que tienen alta probabilidad de volver a caer en la pobreza si se deteriora su entorno o las condiciones de su trabajo que es precario, día a día. Sin duda, requieren ingresos de manera urgente para comer, para sus necesidades básicas. Cómo se les envían es la pregunta de fondo. Su apoyo financiero es el gota a gota con intereses muy superiores a los de usura, pero no tener dinero para sus actividades tiene un costo infinito.
El tercer grupo son los microempresarios que entraron al sistema financiero, 2,9 millones atendidos por el sector formal (bancos, cooperativas, las ONG, etc.). Ellos tienen un doble problema: su negocio se mueve día a día, la mayoría son mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, sus actividades prioritarias son comercio, ventas ambulantes, y labores agrícolas en el campo. El problema de este sector es doble: por un lado, las personas tienen las mismas dificultades que los vulnerables, no tendrán ingresos para sobrevivir pero además no pueden cancelar sus créditos y menos adquirir nuevos recursos. Las instituciones de microcrédito necesitan apoyos especiales del gobierno, probablemente distintos y más generosos de aquellos que les ofrece a la banca comercial. Si no se apoya este sector de la banca y no se garantiza la supervivencia de este grupo, el costo social puede ser irreparable. Entre otras, si la banca no puede seguir apoyándolos, volverán a engrosar las filas de los explotados por el crédito cuenta gota lo que garantiza su permanencia en niveles de vulnerabilidad y pobreza, cuando no de indigencia.
Pero como se parte de la idea simplista de que solo se tiene que atender a los pobres, los demás realmente están en el aire con una fórmula de buena fe del presidente Duque
Estos difíciles retos sociales que fácilmente implican garantizar la supervivencia de más del 50 % de la población, deberían ser parte de la agenda que las instituciones públicas responsables de la calidad de vida de los colombianos deberían estar estudiando, explorando alternativas, dialogando con las cadenas de alimentos y medicinas y con la Superintendencia Bancaria, Planeación Nacional y Hacienda. Pero como se parte de la idea simplista de que solo se tiene que atender a los pobres, los demás realmente están en el aire con la fórmula de buena fe pero simplista del presidente Duque, quien ha planteado que cada familia pudiente adopte otra que no lo es. Esa generosidad mínima se necesita pero definitivamente no es suficiente, además la responsabilidad última de asegurar la supervivencia de quienes están en semejante riesgo la tiene el gobierno.
Como las demandas de recursos son infinitas, los sectores que tanto tienen no pueden dejar pasar este momento y mostrar que están listos a apoyar semejantes retos que enfrenta la sociedad colombiana. Lo primero no tiene duda, el mismo gobierno debe dejar en claro lo que no permitirá que sucedan los despidos masivos de trabajadores que se están denunciando. Cuando se justifique, que seguramente será casi siempre, las ayudas a las empresas tienen que exigir mínimo ese compromiso de quienes las reciban. Pero además, sacrificar utilidades para reforzar la institucionalidad que se verá enfrentada a severos costos económicos. Es realmente grave que estas preocupaciones no estén en la mente de quienes tienen la responsabilidad de manejar esta crisis y de aquellos que pueden asesorar al gobierno.
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