Como politólogas y politólogos de la Universidad del Cauca, preocupados por la situación del país y ante la actual emergencia social y sanitaria producto de la propagación del COVID-19 que ha desnudado la fragilidad del modelo capitalista en su vertiente neoliberal donde la defensa de la vida, la salud, alimentación y vivienda han pasado a un segundo plano, manifestamos urgente y necesario que:
1. El gobierno colombiano solicite la condonación de la deuda externa, monto que asciende a 175 millones de dólares, que corresponde al 42,7% del PIB del país y a $14,1 billones del actual Presupuesto General de la Nación PGN (su gran mayoría destinada a pago de intereses: 8.5 billones) aprobado a pupitrazo en el Congreso de La Republica.
2. Se inicie la construcción de un nuevo sistema de salud garante como derecho fundamental, con un presupuesto acorde, que priorice la prevención, la atención familiar y comunitaria, sin olvidar la asistencia, tratamiento y rehabilitación. El actual modelo de la Ley 100 solo ha hecho de la salud un negocio que tiene a puertas del colapso hospitales, clínicas, puestos de salud y todo centro asistencial del país. Urge que se otorguen garantías laborales y de bioseguridad para el personal que labora en los centros de salud. Las y los profesionales de la salud no puede seguir expuestos a contagio cuando son ellos quienes se enfrentan día a día con todo tipo de calamidades sanitarias.
3. Las medidas socioeconómicas para los estratos 0, 1, 2 y 3 se intensifiquen en medio de la emergencia, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población vive del trabajo informal y hoy pasan por cruentas necesidades de alimentación, servicios públicos, salud y vivienda, al no poder salir al llamado rebusque diario. Se requiere entonces la puesta en marcha de un plan de choque que: subsidie un ingreso digno a las más de 8.4 millones de personas desempleadas; subsidie el pago de arriendos a la población que vive en estas condiciones y sus hogares se encuentran en los estratos 1, 2 y 3; garantice los derechos al mínimo vital de agua, energía eléctrica, gas e internet por los próximos seis meses como mínimo. Para el estrato 4, se brinden las ayudas necesarias que les permita salir de esta crisis sin tener que endeudar su futuro o sus pequeñas empresas que con el tiempo conllevará a la quiebra y aumentar la crisis social y económica.
4. Se implemente de manera integral el punto 1 y 4 del acuerdo de paz. Esta emergencia es una oportunidad para entregar las 3 millones de hectáreas que trata dicho punto y se ponga en marcha los planes nacionales, permitiendo la siembra, cosecha, transporte y comercialización de los productos provenientes de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. En medio del encarecimiento y especulación de los precios de los alimentos, hoy más que nunca se requiere poner a producir la tierra para abastecer las ciudades a precios justos.
5. Los costos socioeconómicos de la emergencia sanitaria y sus posteriores efectos, no recaigan sobre la gran mayoría de colombianas y colombianas que hoy no tienen los ingresos suficientes para vivir dignamente. Es inadmisible que el actual ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ponga sobre la mesa una nueva reforma tributaria que no es más que el incremento de los impuestos para las grandes mayorías desfavorecidas, cuando el 60% del Presupuesto General de la Nación, es decir $159,4 billones, se nutre de ingresos corrientes (impuestos a los colombianos).
6. Los entes de control del ministerio publico hagan seguimiento estricto y cumplan sus funciones misionales para proteger los recursos del conjunto de colombianas y colombianos, que el gobierno está ejecutando en medio de esta emergencia sanitaria. Hacemos un llamado a todas las comunidades para que nos constituyamos en veedores ciudadanos que permita hacer un ejercicio de control a los gobernantes y los destinos de nuestros recursos, evitando así, que los corruptos roben al erario público.
7. Finalmente, rechazamos la violencia contras líderes y lideresas sociales que viene ocurriendo en los territorios en medio del aislamiento obligatorio. Exigimos se implementen las garantías integrales individuales y colectivas previstas en el punto 3.4 del acuerdo de paz. La actividad de liderazgo en los territorios es vital para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, hoy amenazada por el auge de estructuras sucesoras del paramilitarismo que hoy ponen en riesgo a la población colombiana.
Politólogas y politólogos de la Universidad del Cauca
