Fuera de ponernos a revaluar lo que ha sido nuestra vida individual, en familia y en sociedad, la cuarentena del coronavirus aceleró el cuestionamiento del capitalismo salvaje que se apoderó de los servicios e instituciones de la mayoría de países "democráticos", en especial de la salud, que de pública pasó a ser privada.
Con la Ley 100 se permitió que el grueso del presupuesto público destinado a la atención en salud de la población pasara a las EPS privadas, que supuestamente reemplazarían al Ministerio y las Secretarías Departamentales en la organización de las campañas de prevención de epidemias y enfermedades mediante la vacunación masiva, y en la atención de sus afiliados con empleos formales y con capacidad de cotizar para cubrir los costos de atención en salud y ahorrar para la pensión; mientras que para atender a millones de ciudadanos de escasos recursos, con empleos informales o desempleados y registrados en el Sisbén se implementó el régimen subsidiado cubierto por otras aseguradoras.
Paralelo a estos cambios el modelo de contratación del personal médico, paramédico, odontológico, etcétera, sufrió un vuelco total empeorando sus ingresos y degradando su calidad de vida al ser contratados con bajos salarios, extenuantes jornadas laborales y sin afiliación a salud, pensión y otras garantías laborales.
Al entrar a funcionar el nuevo esquema, el afán desmedido de ganancias que demostraron las EPS privadas del régimen contributivo no solo afectó a los profesionales y trabajadores de la salud, también a los pacientes que antes que como humanos fueron mirados por los dueños de las EPS como mercancía en la que debía invertirse lo menos posible para obtener mayores ganancias. Así a los médicos se les condicionó a atender el mayor número posible de pacientes diarios, no recetar drogas costosas, al igual que cirugías y tratamientos prolongados y a considerar el acetaminofén, el diclofenaco y la aspirina como panaceas universales para casi todas las dolencias. Entonces la avalancha de tutelas fueron la única alternativa que tuvieron los enfermos para obligar a las EPS a que les formularan drogas y cirugías costosas.
Para agravar el cuadro clínico, los dueños de las EPS con más afiliados demoraron el pago de los servicios prestados por los hospitales públicos, mientras orientaron gran parte de los recursos a construir sus propias clínicas, laboratorios, hoteles, lujosos condóminos privados y a financiar hasta equipos de fútbol y otros negocios particulares, sumándose a este chicharrón la demora en el giro de los recursos por parte del Estado.
Pero la podrida cereza que le faltaba al pastel de la salud se la concedió el gobierno a las castas políticas parlamentarias para que a través de las secretarías departamentales y municipales conservaran el manejo de la jugosa nómina y presupuesto de los recursos destinados a la salud en sus territorios, lo que influyó para que estas dependencias se llenaran de burocracia con altos cargos bien remunerados y una numerosa planta de cargos fijos y por contrato a disposición de los directorios políticos que ganaran las elecciones, además de los multimillonarios contratos de suministro de mobiliario, equipos médicos y drogas, destinados a los diversos centros asistenciales y alrededor de los cuales debajo de la mesa se mueven jugosas tajadas.
Hace 20 años, al médico Juan Carlos Fernández, director del Hospital Regional de Santander de Quilichao, lo asesinaron sin que fuera aclarado el crimen y hace poco una aspirante a dirigir el mismo hospital recibió amenazas de muerte para ella y su familia si continuaba concursando.
En otras regiones de Colombia, a inicio del milenio, ya la alianza de paramilitares y parapolíticos se había tomado varias gobernaciones, alcaldías y hospitales para manejar a sus anchas las nóminas y contratos y en el resto del país, en los departamentos, la salud sigue en manos de las camarillas políticas regionales que la consideran como botín propio.
La reforma a la salud no solo debe estar orientada a reformular el papel de las EPS y la vinculación laboral de su personal, sino también el manejo politiquero que le siguen dando las camarillas políticas a la salud en la mayoría de departamentos y municipios del país.
