La pandemia mundial de coronavirus ha venido detonando los falsos cimientos del modelo de desarrollo colombiano para dejar ver sus efectos nocivos en la población más empobrecida. Por esta razón, por más que se destinen subsidios y mercados para afrontar esta situación no serán suficientes, pues la pobreza, el desempleo y la informalidad son problemáticas estructurales e intrínsecas al mismo modelo excluyente. Esto lo demuestra la actual crisis social y económica que afrontan millones de hogares, que por medio de una insignia roja en la ventana de sus hogares se vieron a visibilizar que prácticamente se están muriendo de hambre. Ahora, cientos de barrios de Bogotá, Medellín y otras ciudades son una estepa de color roja.
Más de 16 millones de personas en nuestro país se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional, es decir que además de no contar con suficientes recursos monetarios, no cuentan con acceso a educación, salud, trabajo, servicios básicos y oportunidades. Este Desastroso panorama tiende a empeorar debido a la actual crisis por el covid, la cual aumentará la tasa de desempleo y el índice de pobreza. Sin embargo, mientras el índice de pobreza va en aumento, paradójicamente los más ricos del país se vuelven más ricos porque reciben jugosas ganancias de sus negocios a costa de la fuerza de trabajo y el bienestar de sus trabajadores, pero además porque gozan de las excepciones tributarias y las ganancias de los programas de emergencia que el gobierno nacional ha creado. Lo anterior, es el gran referente de desigualdad de un modelo económico que ahora y debido a la pandemia está explotando en nuestras caras.
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Es inaudito que el Estado continúe aumentando las riquezas de los más ricos y deje por fuera de las grandes compras de alimentos a los pequeños y medianos productores
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Un modelo que sacrifica millones de vidas al tiempo que engorda las arcas de los grandes empresarios de este país en varios aspectos, como por ejemplo con el derecho a la alimentación. Mientras, cientos de ciudades ahora tienen una insignia roja en sus ventanas como reflejo del hambre de familias enteras, el gobierno nacional así como los gobiernos locales corren a comprarles comida a los grandes emporios como el grupo Éxito, Súper Tiendas Olímpicas, la 14, entre otras. De esta manera, continúa abriéndose la brecha de desigualdad. Por supuesto que el Estado debe resolver la emergencia social y económica a la que estamos ahora mismo expuestos, pero lo que no debemos permitir es que esto se haga en detrimento, una vez más, de los que menos tienen. Es inaudito que el Estado continúe aumentando las riquezas de los más ricos y deje por fuera de las grandes compras de alimentos a los pequeños y medianos productores. Me refiero con esto a los trabajadores del campo a los que se les pudre primero la comida, comida además de calidad energética y nutritiva más que el grano que están entregando en los mercados.
Si ahora el modelo de desarrollo nos explota en la cara, es la oportunidad precisa para hablar de los cambios que se requieren realizar para recuperarnos de los efectos de la actual pandemia y de la pandemia más cruel que siempre hemos tenido en el país, la de la desigualdad y pobreza. Me referí en el apartado anterior al tema de la alimentación porque si hay algo que debemos cambiar es el chip de apostarle todos los esfuerzos al pacto minero energético, desconociendo las catastróficas consecuencias macroeconómicas de este sector y sus negativos efectos para la economía nacional. Así las cosas, es el momento de abrir un debate nacional para constituir un nuevo pacto económico que priorice otros sectores en los que tenemos potencialidad como el agropecuario.
Ese pacto agropecuario deberá comenzar por lo que siempre han reclamado los campesinos y varios sectores del país desde hace más de doscientos años, los usos y la propiedad de la tierra. Hay que tener en cuenta que tenemos 43 millones de hectáreas para uso agropecuario y apenas se cultivan 6.8 millones, mientras que para la ganadería se destina el 80%, es decir 34.4 millones de hectáreas, este desfase en el uso de la tierra debe ser considerado. El Estado colombiano debe imprimirle mayor dinámica al sector agrícola para lograr mayor productividad porque tenemos con qué y podemos hacerlo siempre y cuando se empiece por reconocer el valor que tiene dicho sector para dinamizar la economía y el desarrollo del país y de millones de colombianos.
Podemos mejorar el campo como sector estratégico si el Estado deja de beneficiar única y exclusivamente a las grandes empresas de alimentos, a los ganaderos y empresarios. No puede ser que una vez más estemos repitiendo el modelo Agro Ingreso Seguro bajo el nombre Colombia Agro Produce, el cual fue creado para garantizar la seguridad alimentaria en estos tiempos de pandemia, se destinaron 1.5 billones de pesos, de los cuales 213.566 millones han ido a parar a manos de grandes empresas y para actividades que no tienen que ver con la producción alimentaria, según informe de la Contraloría, en el que también se alerta que apenas se han otorgado 8.300 millones a medianos productores y 4.100 a pequeños.
Un nuevo pacto agrario requiere una política estructural que parta de un gobierno con la voluntad expresa de dejar de decretar para los más ricos del país, para los gremios que solo piensan en ellos. La política agraria requiere pensar en el bien común porque podemos como país desarrollar un nuevo modelo económico que priorice otras potencialidades de nuestros territorios, las capacidades de la gente del campo para trabajar la tierra así como la creatividad del sector empresarial y de los medianos productores. El sector rural es una gran oportunidad de desarrollo, de crecimiento económico y distribución de la riqueza, siempre y cuando se hagan las reestructuraciones necesarias y urgentes y se avance en esquemas justos y equitativos de financiamiento, se invierta en sistema de riego, se incentiven esquemas asociativos para que los pequeños productores puedan integrar el mercado, se mejore la infraestructura, se dote el campo de servicios públicos, se desarrolle la agroindustria, y sobre todo se propenda por la capacitación en aspectos de economía y mercado a los pequeños y medianos productores.
Si se impulsa el sector agrícola, como lo han dicho muchos expertos habrá un crecimiento económico del país y se podrá hacer frente a las problemáticas de pobreza y empleo, que se agudizarán mucho más durante y después de esta pandemia, siempre y cuando también se piense en la distribución equitativa de la riqueza. El sector rural es una fuente de ingresos y sobre todo una fuente de tranquilidad para mitigar los desastres que las catástrofes naturales y crisis sanitarias seguirán trayendo porque la actual pandemia no será la única de estos tiempos. De este pacto pueden surgir otros pactos por la protección del planeta Tierra y todas sus especies. Colombia y el mundo lo necesitan con urgencia.
