La arremetida contra el gobierno está en curso por parte de los poderes tradicionales. El conjunto de los argumentos que se esgrimen contra Petro y sus proyectos, apuntan a convencer a 50 millones de colombianos, de que todos los problemas, dificultades y tragedias por las que atraviesa el país, son consecuencia de las erráticas políticas y malas decisiones, adoptadas por una especie de enajenado que llegó a la Presidencia.
Y por el que en mala hora y de manera incauta más de once millones de compatriotas votaron. Intentan posicionar la consigna de eso les pasa por votar por Petro. Los noticieros de la radio y la televisión, así como buena parte de la prensa, han jurado y emprendido una cruzada para recuperar la tierra santa de manos de los paganos petristas. Colombia era perfecta, o al menos vivible y con futuro, hasta que llegó el Pacto Histórico.
Los abismos de inequidad, que nos hacen el segundo país más desigual del continente, son culpa de Petro, así como los niveles que sufrimos de violencia mafiosa y criminal. Nada de eso existía antes del 7 de agosto, y si lo había era apenas en una pequeña proporción, comparado con lo que existe hoy. El todavía reciente estallido social solo se recuerda para decir que este gobierno quiere liberar a los vándalos que aterrorizaron la gente de bien.
Nunca para certificar la angustia de millones en condiciones de pobreza y miseria inaceptables, buena parte de los cuales votó por Petro para que su situación cambiara. Nos meten miedo a diario con las imágenes de atracos callejeros, hurtos a residencias y de celulares, pero jamás mencionan que esa delincuencia es producto del modelo de sociedad que ellos imponen, sostienen y defienden sin el menor remordimiento.
Que hay la idea de excarcelar delincuentes. Pues existe un derecho penal y procedimental basado en la presunción de inocencia y nos guste o no hay que respetarlo. Si el problema está en que los jueces liberan a los capturados, habrá que remitirse a los códigos vigentes que lo ordenan. Y abrir el debate sobre su contenido, tomando en cuenta nuestras realidades. Que son en gran medida horrendas, y vienen de tiempo atrás.
Este es el país que heredamos del Centro Democrático y otros partidos que nos han gobernado por décadas, indiferentes a la suerte de la mayoría. Y es la Colombia que está tratando de mejorar el actual gobierno, producto de la coalición de fuerzas democráticas, populares y de avanzada que lo eligieron y ahora están en el deber de apoyarlo. Es que su tarea no es fácil. Las reformas que se propone tocan intereses y privilegios muy poderosos.
Y son estos los que están tras la andanada. Intentar una reforma laboral que devuelva a los trabajadores los derechos arrebatados por la onda neoliberal de 30 años atrás, es chocar de frente con los grandes empresarios, con gremios económicos hasta ahora intocables. Con un ingrediente adicional, la reforma tiene que ser concertada con ellos, producto de un diálogo entre gobierno, trabajadores y empresarios.
Estos últimos sienten ser minoría en el trío, a diferencia de tiempos pasados, lo cual explica su patrocinio a la campaña antipetrista. Igual ocurre con la reforma pensional, que afecta las fabulosas ganancias del sector financiero, que hasta la llegada de este gobierno contaba con patente de corso para acumular más y más capital sin control alguno. De remate viene una reforma a la salud. Que choca de nuevo con los mismos sectores, a su vez propietarios de los grandes medios.
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Las propuestas en materia de petróleo, gas y carbón sufren el rabioso ataque de transnacionales e inversores locales, que pujan por atemorizar al país con sus anuncios de tragedia
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Las propuestas del actual gobierno en materia de petróleo, gas y carbón sufren el rabioso ataque por parte de transnacionales e inversores locales, que pujan por atemorizar al país con sus anuncios de tragedia. A ningún sector poderoso le interesa el respeto a la institucionalidad, si esta no sirve a la medida de sus ambiciones. Y menos le preocupa la gente del común, a no ser que quieran levantarla contra el gobierno.
Esa ultraderecha conspira. Hasta el punto de reivindicar la calle, la protesta y la movilización. Las mismas a las que año y medio atrás reprimía con tiros, gases, garrote y cárcel. Es su movilización la que defienden, no la del pueblo que clama por justicia social. Por eso escandalizan cuando el presidente llama la gente a defender su obra. Lo llaman dictador, propulsor del estado de opinión, amigo del totalitarismo.
Nada escatiman. Ni siquiera las voces que incitan al golpe. Por eso resulta prioritario rodear de respaldo al actual gobierno. Sin rencores ni mezquindades. Ojalá todos los que se llaman a sí mismos revolucionarios lo comprendan. El viraje económico, social y político que requiere el país, y que anhelan sus mayorías, está trazado por el actual gobierno. Ponerse en su contra o sabotearlo de algún modo, constituye un error garrafal e histórico.
