Desde que el presidente Duque declaró el Estado Emergencia con el propósito de atender la propagación del COVID-19 en Colombia, las entidades territoriales le han exigido insistentemente al gobierno nacional la asignación de recursos públicos para ampliar los servicios de salud y ofrecer ayudas a la población en estado de cuarentena. No es para menos dadas las capacidades de las entidades territoriales. En efecto, en el país cerca del 80% de los municipios no cuentan con infraestructura necesaria en materia sanitaria, son evidentes las deficiencias del sistema de protección social, y algo más del 60% de la población tiene como fuente de empleo una actividad informal. Toda una bomba de tiempo social a punto de estallar.
Luego de la avalancha de críticas generadas por el Decreto Nacional 444, que le quita cerca de COP$15 billones a las entidades territoriales para asignarlas al Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) y, que además centraliza la dirección de estos recursos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presidente decidió darle un respiro a las alcaldías y gobernaciones. Lo hizo a través de tres instrumentos: el Decreto 461 del 22 de marzo que les brinda la posibilidad a las autoridades locales de asignar partidas de destinación específica a medidas prioritarias relacionadas con la emergencia en salud. El Decreto 512 del 2 abril por su parte, les otorgó la facultad de modificar el presupuesto público local sin pasar por el control político de los concejos y asambleas. Por último, el Decreto 513, expedido el 2 de abril, les entregó la responsabilidad de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de regalías relacionados con la atención en salud, protección social, agricultura, desarrollo rural, suministro de alimentos, recurso hídrico, asistencia alimentaria y alumbrado público, flexibilizando además los tiempos y requisitos para definir la viabilidad de estas iniciativas: verificación de su relación con las causas del Estado de Emergencia dentro de los dos días siguientes a la presentación del proyecto y convocatorias públicas abiertas en el caso del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación.
Aunque son medidas con vigencia hasta el 31 de mayo de 2020, fecha en la que termina el Estado de Emergencia, las autoridades de 1.122 municipios y 32 departamentos tienen a su disposición cerca de COP$46 billones. De este total, COP$ 4 billones corresponden a recursos de regalías y los COP$42 billones restantes son ingresos propios. La responsabilidad de la asignación y ejecución de estos recursos por parte de los alcaldías y gobernaciones es inmensa, no sólo deberán destinarlos de manera prioritaria a la contención del COVID-19, priorizando la inversión socioeconómica y generando acciones rápidas para mejorar el caótico sistema de salud local, sino también tendrán que reformular sus planes de desarrollo para incluir como eje central de su acción las consecuencias del Coronavirus. Estas medidas no deben tomarse a espaldas de las comunidades, amparándose en la cuarentena; de hecho, su obligación es implementar medidas de transparencia y participación para vincular a los sectores sociales en las decisiones, priorizando lo inminente y lo fundamental, sin dejar maltrechas las finanzas territoriales y cuidando los recursos públicos.
La responsabilidad también está en manos de los organismos de control político que no deben ser convidados de piedra. De igual forma, se requiere que el Congreso de la República inicie lo más pronto posible su período de sesiones e. incluya en su agenda la revisión de las medidas de emergencia implementadas por el gobierno nacional, y lo propio debe extenderse al escenario local. Basta con recordar que los concejos y asambleas deben aprobar los planes de desarrollo para los próximos cuatro años, el presupuesto público para la vigencia 2021 y ejercer la vigilancia sobre las acciones de las autoridades gubernamentales con una actitud propositiva, de colaboración, pero también de fiscalización.
En este escenario se requiere la presencia activa de la ciudadanía en las decisiones que se han tomado y se van a tomar, a pesar de las enormes dificultades de organización, información y movilización y de los problemas presentados en el acceso a herramientas virtuales que están afrontando. Por tanto, es de suma importancia que la ciudadanía cuente con el acceso a la información con el objeto de analizarla, establecer el alcance de las medidas y efectuar control social a las políticas y uso de los recursos para paliar la situación de pandemia en las regiones y en el país, y evitar, de esta manera las prácticas corruptas que en muchas ocasiones se presentan en el uso de recursos públicos. Precisamente, los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), como máxima instancia de la sociedad civil en los ejercicios de planeación local, las veedurías ciudadanas, plataformas y demás expresiones comunitarias tienen el deber de participar en la formulación y la implementación de los programas, proyectos y presupuestos relacionados con el COVID-19 y además ejercer el control ciudadano correspondiente.
Finalmente, las organizaciones no gubernamentales, las redes y plataformas existentes en el país tienen un reto doble, por un lado, realizar dinámicas de acompañamiento a las instancias y escenarios sociales que tienen el interés de informarse y participar en la gestión de las medidas y políticas para el manejo del coronavirus en el país, por otro lado, realizar el seguimiento periódico a las actuaciones del ejecutivo en el escenario nacional y territorial para apoyar y visibilizar lo bueno, y llamar la atención sobre lo inconveniente. El objetivo final es unir esfuerzos para que Colombia salga bien librada de esta emergencia, sin dejar de lado la democracia, los procesos institucionales y los derechos de la población.
