Con este paro Urabá no le está diciendo no a los peajes, sino que propone un diálogo para su reubicación a las afueras de la región. De hecho, esta era la consigna bajo la cual el 27 de diciembre de 2017 y el 3 de enero del presente año se llevó a cabo un cese de actividades laborales en Urabá.
Los paros cívicos se han convertido en una herramienta para manifestarse sobre las injusticias sociales y luchar por el cumplimiento de los derechos de un contexto geográfico. En este caso, el Comité de iniciativa ciudadana contra los peajes decidió emprender un paro con el apoyo del sector comercial, transportador y agroindustrial en el Urabá antioqueño con el objetivo de presionar a la gobernación de Antioquia y a la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) por la reubicación de los tres peajes que al interior del eje bananero (Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo) se iniciaron a cobrar desde las 00:00 a.m. del 1 de enero. Cómo quien dice, estos va a estar enguayabados y los peajes pasarán desapercibidos.
Esto cobro solo duró solo dos días a causa del paro “indefinido” que fue convocado por Jaime Urrea, en nombre del Comité de Iniciativa Ciudadana, pero que a su vez dejaría de ser una manifestación pacífica que con el pasar de las horas se tornó violenta.
La mala ubicación de los peajes fue lo que impulsó la creación del Comité de Iniciativa Ciudadana, el cual exige que el eje bananero no quede encerrado entre tres peajes que en vez de impulsar el desarrollo de la región, terminarán convirtiéndose en un obstáculo para el mismo. El paro fue una medida extrema a la que los habitantes tuvieron que recurrir debido a la negativa de ANI y la gobernación bajo la dirección de Luis Pérez de llegar a un consenso sobre la ubicación que entre ambos entes decidieron darle a los peajes.
La violencia fue la última instancia a la que los habitantes de la región apelaron para captar la atención de la ANI y la gobernación, pues el paro cívico “indefinido” convocado por el Comité de Iniciativa Ciudadana duró menos de los esperado debido a las afectaciones que estaba sufriendo la economía de la región, según las declaraciones del ente que lo convocó. Pese a los desmanes que iniciaron desde la noche del 3 de enero, luego de la finalización del paro cívico, el pronunciamiento de los entes gubernamentales solo se hizo visible después de que la alcaldía de chigorodó, Carepa y Apartadó fueran incendiadas e incluso saqueadas por la turba enardecida que le reclamaba a los alcaldes la comodidad con la que aceptaban el cobro de los peajes y el hecho de haber aceptado unos recursos económicos por permitir el cobro estos.
Según declaraciones del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, los peajes son un instrumento para promover el desarrollo de una sociedad, por esto la entrada en funcionamiento de los peajes en Chaparral, Río Grande y Cirilo (entre los cuales se establecen 70 km de distancia) en la región de Urabá serán una estrategia para promover el desarrollo de la región ubicada al occidente de Antioquia. ¿Acaso las obras en infraestructuras de gran magnitud son sinónimos de desarrollo para una región, o la imposición de tres peajes que suman una distancia de 70 kilómetros dentro del Urabá potenciará el desarrollo en esta?
Los colombianos tenemos claros ejemplos de que el desarrollo no necesariamente es sinónimo de progreso para un determinado espacio social, puesto que a lo largo de la historia hemos evidenciado como el desarrollo económico ha logrado posicionarse sobre el desarrollo social de una comunidad. Un caso específico es el puerto de Buenaventura que a pesar de recaudar aproximadamente $5,47 billones al año por procesos de comercio exterior, según la Revista Dinero, presenta problemas de acueducto, alcantarillado, altos niveles de pobreza, entre otros.
El desarrollo es una prioridad para fortalecer el ámbito social y económico del Urabá antioqueño, no obstante lo que se busca es el establecimiento de un equilibrio entre lo social y lo económico para que este último no pese sobre el bienestar y estabilidad de la comunidad urabaense. Porque claro está que inevitablemente el desarrollo llegará a la región con la implementación de la doble calzada en las principales vías de comunicación del eje bananero, pero lo que queda en tela de juicio es el desarrollo social.
Los tres peajes, que de acuerdo con la ANI iniciarán a funcionar nuevamente dentro de 25 días, exactamente, como respuesta a las movilizaciones ciudadanas, abarcan entre ellos una distancia de 70 km, es decir que en teoría de un peaje a otro debería existir una distancia de 35 km lo que en la práctica queda en duda.
Pese a que en Colombia no exista una regulación de la distancia mínima que debe existir entre dos peajes, la imposición de un peaje a menos de 35 kilómetros de distancia de otro puede constituirse como un claro abuso de las carencias en la regulación en cuanto imposición de peajes en Colombia, por lo que se encienden las alarmas acerca de la necesidad de regular la distancia mínima que debe existir entre dos peajes en el territorio nacional.
El 9 de diciembre de 2012 el diario el Heraldo tituló en uno de sus artículos: ‘Sigue malestar por dos peajes en la vía Ciénaga-Barranquilla’, por la remoción de 2 km de distancia en el peaje de Palermo, pasando de 47 km a 45 km de recorrido. Por su parte los peajes en Urabá se encuentran a una distancia mucho menor y lo peor aún, dentro de la misma región, razón por la cual la reubicación es necesaria si se quiere alcanzar un verdadero desarrollo.
Está claro que en el Urabá habrá desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo es el que se producirá en la cuna del banano, si se pretende seguir cobrando 3 peajes dentro del eje bananero de esta región? Esa es la incógnita que ronda sobre la mente los habitantes del noroccidente antioqueño y la misma que llevó al desarrollo de una manifestación violenta que se tradujo en pérdidas económicas tanto para los municipios como para las empresas que en ellos se encuentran instauradas.
