"Contabilizamos más de 60 religiosos que han sido desplazados, despojados de su pasaporte, nacionalidad, residencia, negada la entrada a Nicaragua, o que han decidido salir al exilio", dijo el abogado del Colectivo Yader Valdivia, uno de los encargados de documentar esos casos en ese organismo.
El dato fue dado a conocer por ese organismo humanitario, integrado por activistas nicaragüenses que se encuentran exiliados en Costa Rica, en un informe sobre la situación de los considerados presos políticos, la ilegalización de ONG y "la violencia y brutal persecución del Estado contra la Iglesia católica" que en lo que va de año, según el reporte, "ha provocado el exilio de al menos 55 sacerdotes, el destierro de dos y múltiples procesos judiciales".
Valdivia explicó que los religiosos han sufrido desplazamiento forzado desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
Entre los religiosos que han dejado Nicaragua por diferentes motivos se encuentra el exnuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, a quien el Gobierno expulsó; el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez; el sacerdote sobrino del héroe nacional Augusto C. Sandino, Edwing Román; y 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
"Callar voces organizadas de Nicaragua"
Valdivia afirmó que al menos 30 religiosos "decidieron salir al exilio para proteger su vida e integridad física".
El Colectivo anotó que "el desplazamiento forzado de los grupos religiosos es un patrón generalizado a nivel nacional".
"Es una de las etapas del régimen para querer callar a las últimas voces organizadas legítimas que existen en Nicaragua, como es la Iglesia católica. El régimen se ha ido contra los medios de comunicación, contra las organizaciones de derechos humanos, contra los activistas, la Iglesia, los artistas", observó.
Según los registros del Colectivo, "en cada departamento (provincia) de Nicaragua hay al menos un religioso que ha sido desplazado".
El defensor de derechos humanos sostuvo que en los últimos cuatro años "no solamente se ha violentado la libertad de religión en Nicaragua contra la Iglesia católica, sino que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad".
Entre los delitos contra la Iglesia católica que Valdivia atribuye al Gobierno de Nicaragua están las capturas del obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte, Rolando Álvarez, y del sacerdote Óscar Benavidez.
