El abogado Ernesto Matallana aterrizó en la Cancillería a finales de diciembre del año pasado cuando se dio la crisis por la negativa de Álvaro Leyva a conciliar con Thomas Greg & Sons, que les hubiera permitido mantener el contrato de los pasaportes. Esto ocasionó la renuncia del abogado del Ministerio, German Calderón España, quien defendía la conciliación y en su reemplazo llegó Matallana Camacho.
Ya estaba empapado del tema del contrato de los pasaportes cuando llegó la suspensión de tres meses al canciller por parte de la procuradora Margarita Cabello. Su defensa se la juega a fondo para revertir la sanción disciplinaria, segura de tener argumentos sólidos para el propósito, empezando por la desproporcionalidad de la medida.
Con formación académica en El Externado, el abogado cuenta con treinta años de experiencia en los que ha trabajado principalmente en el sector público en el nivel local y nacional. Fue asesor en la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, lo que puede haber sido la ruta de llegada a donde Leyva.
Sin embargo, hay otro hecho relevante y es su participación en el equipo del excandidato presidencial Rodolfo Hernández cuando llegó al Senado y se aplicó en formular la Ley Anticorrupción, la única que radicó antes de su renuncia. En el corazón de su propuesta está precisamente la negativa a otorgar contratos públicos con únicos proponentes, un asunto medular en el litigio sobre los pasaportes.
Ernesto Matallana, junto con su amigo, el expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Santander, Rodrigo Fernández, venían poniéndole el ojo encima a la contratación pública en el país desde la administración de Iván Duque, justo en una coyuntura en la que la emergencia sanitaria decretada por la pandemia llevó a aligerar los controles sobre la ejecución de los mandatarios locales. Pero, no fue sino hasta la aparición de Rodolfo Hernández que pudieron echar adelante el tema. En su momento los ponentes escogidos en el Senado fueron Humberto de la Calle y David Luna, pero aún no hay señales de haber avanzado en su trámite.
Matallana ya anunció que va a buscar que se anule la suspensión de la Procuraduría e incluso se atrevió a asegurar que la decisión de este organismo fue inconstitucional. El litigio apenas comienza.
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