En la columna del rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Alejandro Álvarez Gallego, publicada en el periódico El Espectador el 23 de marzo de 2023, titulada Reforma a la Ley 30… Más allá del financiamiento, se afirma, entre otras cosas que, uno de los factores principales que explican la marcada caída de la demanda en el ingreso a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas es el empobrecimiento de la población.
Dicha postura parece estar respaldada por estudios y encuestas como la que realizó en el segundo semestre de 2020 la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), en la que se establece que los ingresos del 87% de los hogares de estudiantes de IES públicas y privadas disminuyeron durante la pandemia. Asimismo, dicha asociación estableció que en el transcurso de la crisis sanitaria surgida con ocasión de la Covid-19, más de 39.000 estudiantes abandonaron los estudios superiores por motivos económicos o por insatisfacción-inadaptación a la virtualidad (Lancheros y Mora, 2022).
Si bien es cierto que el deterioro en las condiciones de vida no es el único factor que explica la disminución de la demanda de ingreso a las IES, no se puede desconocer el peso e importancia que tiene esta variable. De ahí que, en el contexto de la pospandemia se requiera que las universidades públicas adopten medidas contracíclicas que promuevan el acceso y permanencia a la educación superior calidosa[1], a la vez que se garantiza la continuidad de programas académicos de alta relevancia social, política, ambiental, artística y cultural pero que tienen una baja demanda debido a que carecen de prestigio social, alta remuneración salarial o un mercado laboral en expansión.
Algunas decisiones de tipo político-administrativo, tales como el aumento del costo del examen de admisión de las IES públicas, además de fortalecer y radicalizar las barreras de acceso que limitan o restringen el alcance del derecho a la educación superior, deben comprenderse como incentivos negativos que alejan a los sectores populares de la educación universitaria. Esto es así, porque muchas familias de escasos recursos no pueden darse el lujo de destinar un monto cercano al diez por ciento del salario mínimo legal vigente para que alguno de sus miembros participe en la competencia por la obtención de un cupo -tal y como sucede actualmente en universidades como la Pedagógica, la Distrital o la Nacional-. Con ello, además de la promoción de la elitización de las IES públicas y de la concentración de la oferta educativa en programas de alta demanda, se termina profundizando -todavía más- la crisis de financiamiento del sistema público de educación superior.
Al respecto, cabe señalar que el hecho de que muchos programas académicos dejen de ofertarse o tengan que funcionar con un número muy reducido de inscritxs, implica la disminución de los recursos propios que las IES estatales se ven obligadas a conseguir para asegurar su funcionamiento. De esta manera, la política de aumento en el costo del examen de admisión, por contradictorio o absurdo que parezca, termina afectando negativamente el financiamiento de dichos centros educativos. Lo anterior, podría agravarse en el eventual caso de que el gobierno nacional se comprometa con una política de financiamiento del costo real -no sólo el valor del recibo de matrícula- de cada estudiante, teniendo en cuenta que la reducción ostensible de la población estudiantil en las IES estatales podría justificar el ajuste y disminución del gasto público que anualmente se destina a este sector.
Es evidente que la superación de la crisis de la educación superior en Colombia pasa por la sanción de una ley estatutaria y por la reforma integral a la ley 30 de 1992, siempre que dichas adecuaciones normativas garanticen que la educación postmedia sea reconocida jurídicamente como derecho humano y bien común. Ahora bien, mientras ello sucede, es necesario que las IES públicas adopten medidas que estén en constancia y sean coherentes con dichos propósitos.
En los últimos años la UPN ha venido cumpliendo un rol de formación y liderazgo en el Sistema Universitario Estatal (UPN), por esta razón, no sería descabellado que sus directivas promovieran y adoptaran internamente la supresión del pago de derechos de inscripción -distinto al congelamiento o disminución del costo de dicha obligación-, como una medida contracíclica para afrontar la caída de la demanda en el ingreso a las IES estatales en el contexto de la pospandemia. En este sentido, invito al rector de la UPN, Alejandro Álvarez Gallego, y a otros directivos de las IES estatales a que abanderen e impulsen esta iniciativa.
No podemos olvidar que enseñamos lo que somos más que lo que sabemos, que nuestro testimonio de vida es el resultado de la corporización de las palabras en el ejemplo, y que todo discurso que opera ampliando la distancia entre las palabras y las cosas es una expresión de encubrimiento, mistificación y dominación social. Luchar por el derecho a la educación superior, por la defensa de la autonomía -frente al Estado y el mercado- de las IES públicas, o por el fortalecimiento del multiclasismo, la pluriculturalidad y la democracia en la universidad, pasa por la puesta en marcha de medidas concretas y efectivas que vayan más allá del papel o el micrófono. Obras son amores y no buenas razones, porque la universidad se defiende es con actos.
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[1] Entiendo la educación calidosa como aquella en la que “además de prestar cuidado a las condiciones, procesos y resultados que posibilitan la realización de educaciones adecuadas, existe el esmero de crear un ambiente de camaradería, buen trato y afecto que favorece la alegría, el apoyo mutuo y la fraternidad (…) Una educación calidosa sería, en definitiva, aquella en la que, además de procurar las condiciones de posibilidad que favorecen la realización de procesos formativos interesantes, rigurosos y adecuados a las necesidades de los distintos contextos socioculturales, existe el marcado interés de agenciar prácticas pedagógicas que resulten acogedoras, colaborativas y placenteras. Vendría a ser, ante todo, una educación que exalta y posibilita la realización de la vida en comunidad y en la que continuamente se lucha por superar las dominaciones, injusticias y violencias que impiden la ampliación de los límites de lo posible. En otras palabras, una educación como práctica de la libertad en la que se prepara para la realización de la Vida (en mayúscula)” (Gómez Obando, 2022, p. 65).
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Bibliografía
-Lancheros, S.; Mora, A.F ews. (2022). La financiación de la educación superior en Colombia: crisis y disputas en el marco de la pandemia. Nómadas, 56. Bogotá: Universidad Central.
-Gómez Obando, S. (2022). Defensa del concepto de calidad en el ámbito de la educación (superior): en búsqueda de una educación calidosa. En: Mora, A.F. (Comp.). Sentidos de la educación superior y perspectivas críticas sobre el concepto de calidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
*Educador popular. Miembro del Colectivo Dimensión Educativa. Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad de Colombia. Doctor en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina. Docente de la Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.
