Durante 28 años estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas hemos intentado hacer una reforma académico-administrativa acorde con las necesidades de la ciudad y el país, y capaz de desterrar la politiquería y la corrupción que la han rodeado desde la década de 1980. Sin embargo, grupos políticos han obstaculizado estas iniciativas a través de sus aliados en el Consejo Superior Universitario (CSU), principal órgano de dirección de las instituciones de educación superior, según la Ley 30 de 1992.
Luego de una reforma unilateral diseñada por el CSU en 2013 (Acuerdos 008 y 009 de 2013) en la que eliminaba la Facultad de Ciencias y Educación y promovía la burocratización de la universidad a través de la organización académica por departamentos, la comunidad se movilizó y logró la derogatoria de dichos acuerdos, así como el diseño de una hoja de ruta para que, de manera democrática, estudiantes, profesores y trabajadores hiciéramos una reforma pertinente para un proyecto alternativo de Ciudad- Región para blindar al alma mater de clientelismo y nepotismo. Esta hoja de ruta, al tener un carácter vinculante, obliga al CSU y a la administración a ratificar los estatutos que emanen de dicho proceso.
Durante 2014 y 2015 la comunidad, la cual aglutina cerca de 30.000 personas, se organizó y participó con el propósito de diseñar una universidad eficiente, transparente y comprometida con la construcción de conocimientos para defender la vida, la naturaleza y la paz a partir del Buen Vivir. Así, el 11 de diciembre de 2015, delegados de la Asamblea Constituyente Universitaria entregaron el nuevo Estatuto General a la Secretaría General, de modo que el CSU procediera a hacer la aprobación definitiva, conforme a sus funciones legales y a las resoluciones 018 de 2014 y 071 de 2015, las cuales reglamentaron la hoja de ruta y el carácter vinculante de esta. Uno de los temas centrales del nuevo estatuto es la designación de rector, proceso que en adelante dependerá del Constituyente Primario, esto es, de la voluntad general de la Comunidad Universitaria y no de una consulta para que el CSU de manera unilateral decida. Aunque la ley 30 establece que el CSU designa al rector, luego de consulta a la comunidad, lo cierto es que desde 1994 nunca se ha ratificado al de mayor votación sino a aquel que esté respaldado por un grupo político con mayoría en este órgano de dirección.
Dado que desde 2013 nos encontramos con rector interino, lo cual afecta sin duda la gobernabilidad y el funcionamiento de la universidad, la Asamblea Constituyente Universitaria solicitó al CSU aprobar el nuevo estatuto y proceder así a la convocatoria a elección de rector bajo los principios de participación y gobierno del nuevo estatuto. Sin embargo, el pasado el 1 de abril de 2016 el CSU expidió el Acuerdo 001 de 2016, en el que hace convocatoria pública para la conformación de una lista de elegibles con miras a la elección de rector en propiedad. Por supuesto que, a la fecha, no ha ratificado el nuevo estatuto y ha generado todo tipo de obstáculos para decidir su aprobación legal.
Esta situación despertó en la comunidad el rechazo no solo al Acuerdo 001 de 2016 sino a la posición autoritaria del CSU en su negativa a la ratificación del nuevo estatuto. Esto hizo que los estudiantes se declararan en Asamblea Permanente desde el 18 de abril y que la Asamblea Constituyente Universitaria así como varios sectores de profesores y trabajadores adelantáramos foros de debate sobre la coyuntura institucional. La actitud arrogante de estos consejeros es tal que a la fecha aún no aprueban el nuevo estatuto y se mantienen en la convocatoria a la designación de rector para que sean ellos quienes decidan.
Dentro de las actividades adelantadas por los estudiantes, en una jornada pacífica de protesta, realizada en la sede Tecnológica en Ciudad Bolívar el 21 de abril, el estudiante Miguel Ángel Barbosa lamentablemente resultó gravemente herido, presuntamente por una acción policial. Estos hechos están siendo objeto de investigación por la Fiscalía y Miguel Ángel se encuentra a la fecha en la UCI del hospital El Tunal en medio de un profundo dolor para su familia y amigos.
Hacemos un llamado a los organismos de control, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y a la Alcaldía, cuyos miembros al CSU parecen no importarles lo que está ocurriendo, así como a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales para que rodeen a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en estos momentos, la universidad de todos los que vivimos en Bogotá. El llamado también es a defender la vida y no a exponerla, tal como en este momento le ocurre a Miguel Ángel, como consecuencia de la insensatez de unas personas que infortunadamente deciden por una comunidad. La actitud autoritaria de algunos consejeros no puede estar por encima de las apuestas no solo de 30.000 integrantes de su comunidad sino de los colombianos que creemos en la universidad pública estatal.
@jcarlosamador1
