En una nota publicada en este medio, el rector Ricardo García presentó un panorama de alegría y entusiasmo frente al proceso de reforma de en la Universidad Distrital. Sin embargo eso, al parecer, solo responde a su perspectiva personal, pero no a la vivencia diaria de la comunidad universitaria.
El Estatuto General diseñado por la comunidad universitaria en un proceso democrático que el mismo Consejo Superior Universitario (CSU) avaló en Resolución de 2014 tenía la intención de instalar una nueva cultura académica y política en la universidad, tratando de minimizar en lo posible los riesgos de corrupción, clientelismo, falta de gobernabilidad y desorganización de la universidad. No obstante, todo podría quedar borrado si se impusiera el intento de la nueva administración de aprobar una reforma impulsada por el rector y “su equipo”[1], que aunque se reclama heredera del proceso democrático, en realidad constituye una “contrarreforma”, una respuesta reaccionaria, de sentido opuesto a la propuesta original.
Se repite la historia que hemos visto una y otra vez durante 20 años en la Universidad Distrital: se desconoce el trabajo de la comunidad y se impone un reforma inconsulta, unilateral, inconveniente, que responde a intereses particulares, y no a las necesidades identificadas por la comunidad. Con lo anterior, se atenta contra la integridad institucional y contra la cohesión de la comunidad, al desconocer la constitución (democracia participativa en las universidades) y las normas expedidas por el mismo CSU (Resolución 018 de 2014, que establece la Hoja de Ruta Metodológica y así como los Acuerdos de la Mesa de Negociación, amparados por Resolución 014 de 2016). Se ignora la institucionalidad democrática basada en el consenso y en el respeto a los acuerdos, que la administración rompe sin ningún inconveniente. La administración no quiere aceptar que para que una reforma sea exitosa no se requiere solamente el “unísono” del CSU y la rectoría, sino de toda la comunidad.
El profesor García afirma que su reforma traerá a la universidad más investigación, más formación, más proyección y más eficacia del conocimiento. Con tales afirmaciones, no puede uno dejar de recordar los eslóganes de las campañas electorales (¡más trabajo!, ¡mejor pagado!). Si esto en una campaña presidencial resulta vacuo, lo es más en un ámbito como el universitario, en el que no deberían primar los eslóganes, sino propuestas con la profundidad y el rigor propios de la academia. Pero además, olvida otros aspectos que sería importante mencionar en la vida universitaria, tales como la pertinencia, el espíritu crítico, la creatividad, el cuidado de la vida, la transformación de la sociedad, la respuesta a las necesidades de la ciudad y del país, la democratización, una mayor articulación entre las unidades académicas, la transparencia y la eficiencia administrativa.
La “contrarreforma” propuesta por la administración y por la Comisión de Verificación del CSU, que está en proceso de aprobación por el CSU, mantiene la fragmentación, no ataca el clientelismo, desdibuja los mecanismos de participación para un gobierno democrático, se niega sistemáticamente al diálogo e impone una visión particular y autoritaria de la universidad. Ellos simplemente aspiran a que la comunidad tome “conciencia” de los cambios que las directivas imponen, en vez de construirlos con la comunidad, porque consideran que la comunidad solamente tiene prevenciones y prejuicios, pero que además no es buena “tanta democracia” como suelen decir los directivos. Muestra de ello es que, en el proyecto de reforma que proponen, la Asamblea Universitaria debe instalarse solamente hasta el año 2021, cuando haya culminado el periodo de la actual administración y, seguramente, ya estén hechos los estatutos derivados de esta “contrarreforma” que están aprobando.
Cabe preguntarse entonces: ¿por qué no desean la participación amplia y democrática en la construcción de universidad?, ¿por qué el rector se abroga el derecho de definir una nueva hoja de ruta metodológica para el diseño de los estatutos derivados (financiero, administrativo, docente, estudiantil), cuando ya existe una Hoja de Ruta Metodológica adoptada por el CSU?, ¿será que realmente no es buena tanta democracia o será más bien que tanta democracia limita su incidencia en la contratación y el manejo de los presupuestos?
No parecen conscientes los miembros de la administración de que la falta de democracia, la imposición, el no atender a los reclamos y necesidades de la comunidad, antes que permitirles mantener el orden y la ansiada gobernabilidad, lo que provoca es malestar y fracturas de la comunidad que desembocarán, inevitablemente, en nuevas convulsiones.
El rector afirma que la estructura administrativa es solamente para transmitir decisiones de la alta dirección, cuando en realidad es para soportar el desarrollo de políticas universitarias construidas por la comunidad académica. Esta visión autoritaria la complementa con una visión cuantitativa y simplista del sentido de universidad, ya que habla de cifras y cantidades de estudiantes que atenderá, pero jamás aborda el asunto de la calidad de la educación que se imparte y el sentido de universidad pública.
Otro de los argumentos que se han planteado para “corregir” la reforma de la constituyente es el supuesto alto costo de su implementación. Sin embargo, ni el rector ni su “equipo” se han ocupado de explicar cómo se financiará su propuesta.
Para el rector Ricardo García, el destino de la Universidad Distrital es diferente del de las demás universidades públicas del país. Afirma que obtendrá mayores recursos con su gestión y que la universidad no tiene déficit presupuestal. Emite comunicados informando del edificio robusto que se construirá para responder a la investigación en ciencia y tecnología, asumiendo que esa es la prioridad principal de inversión de la universidad, y desconociendo los múltiples y profundos problemas financieros que tenemos en términos de infraestructura para los programas que ya existen en las cinco facultades, la contratación de docentes y administrativos de planta, el déficit de atención en bienestar universitario, entre otros temas, frente a los cuales evade cualquier compromiso o análisis.
Otro de los argumentos de la administración es que la comunidad y especialmente “algunos sectores” (como suele referirse a una instancia institucional como la Asamblea Constituyente Universitaria) no entendemos su contrarreforma. La realidad es que la entendemos perfectamente y por eso somos críticos y estamos siempre dispuestos a debatir y analizar la propuesta en público, lo cual hemos hecho por medio de foros en todas las facultades. Contrario a esta actitud la administración decide socializar su contrarreforma, o por medios de comunicación masiva que no permiten el debate, o en reuniones a puerta cerrada con las directivas afines a la administración. Del mismo modo, el CSU procede a aprobar los artículos sin mayor discusión, basados en que la comisión liderada por la administración ya lo revisó y con eso es suficiente, pasando por encima de lo dispuesto por ellos mismos mediante resoluciones.
En momentos en que el movimiento universitario nacional y de nuestra universidad toma un nuevo aire, se organiza y articula sus demandas, nos corresponde a los miembros de esta comunidad y a la ciudadanía en general, a la que pertenece esta universidad, retomar el asunto de la reforma de nuestros estatutos, promoviendo el conocimiento de las propuestas en discusión y exigiendo que los cambios estatutarios respondan a las necesidades de la universidad y del país, y no a los intereses particulares de pequeños grupos cuyo destino parece ir en contravía del derecho a la educación y de su consolidación como bien común.
[1] Esta expresión, tomada del argot del mismo círculo cercano del rector, se refiere a sus vicerrectores y un grupo de profesores y empleados administrativos, entre los que se destaca el profesor Manuel Flórez de la Facultad de Ciencias y Educación, quienes han logrado acumular una cuota importante de poder clientelar y que, sin ostentar ningún cargo, ni asumir responsabilidades explícitas, ni siquiera aparecer en las actas de las sesiones del CSU en las que han jugado un papel decisivo, toman decisiones que afectan a toda la universidad, amparados en una pretendidamente amplia experiencia y experticia.
