La historia de la incidencia de la United Fruit Company (UFCO) en Centroamerica, el Caribe y Las Antillas, ha sido descrita decenas de veces.
Novelistas, historiadores y periodistas han narrado la peripecia de la compañía bananera fundada por el estadounidense Minar Keith en 1898, en colaboración con la Boston Fruit Company. Un año después la empresa se instalaría en Colombia donde llegó a consolidar 41 plantaciones con 60.000 hectáreas.
Está documentado su desempeño como generadora de riqueza y transformación económica —construyó ferrocarriles de Costa Rica y Guatemala para facilitar la comercialización de su producto— así como el factor desestabilizante y perpetuador de desigualdades cuando el Caribe era el Mare Nostrum de EEUU.
El primer periodista y escritor en dar a conocer la forma de vida centroamericana y que acuñó el nombre «república bananera para identificar países con notoria influencia y poderío de la UFCO, fue el estadounidense O´Henry, seudónimo de William Sydney Porter, quien tras vivir seis meses en Honduras publicó en1904 la novela «Repollos y reyes».
Décadas después el costarricense Luís Carlos Fallas en su novela, «Mamita Yunai: el infierno de las bananeras», publicada en 1941, describió la tragedia de los trabajadores del banano, que el colombiano José Eustasio Rivera había documentado sobre los caucheros en «La Vorágine» (1924).
Neruda dedica un poema —«La United Fruit Co»— por demás explícito, respecto a la explotación y connivencia de tiranos y bananeros. «Bananos» (1942), del nicaragüense Emilio Quintana, así como «Prisión Verde» (1950), del hondureño Ramón Amaya Amador y «En el Puerto Limón», del mismo año, escrita por el autor costarricense Joaquín Gutiérrez, quien volverá a tratar el tema en 1973 con «Murámonos, Federico», prosiguen la narrativa de países que conformaban por entonces la oprobiosa nómina de 13 países que padecían en 1954 bajo dictadores militares.
El también Premio Nobel de literatura, Miguel Ángel Asturias, en su trilogía —«Viento Fuerte» (1950), «El Papa Verde» (1954) y «Los ojos de los enterrados» (1956)— cuenta sobre la primera multinacional que fue la UFCO, no solo constructora de un imperio monopólico del mercado bananero, sino que controló gran parte de los ferrocarriles y el transporte marítimo centroamericano, con decisiva intervención en el nombramiento o caída de presidentes de la región, como lo documentó en sus excelentes crónicas el periodista canadiense William Krehm, corresponsal para Centroamerica de la revista norteamericana TIME en la década del cuarenta.
Jacobo Árbenz fue derrocado en Guatemala, en 1954, por impulsar la Ley de la Reforma Agraria «que expropiaba a la United Fruit Company 94.354 hectáreas sin cultivar, compensándola con un millón de dólares con base a la cantidad que la UFCO debería pagar por concepto de impuestos.
La compañía norteamericana pedía 16 millones, cuando de unas 2.210.000 hectáreas que poseía solo 56.000 estaban dedicadas al cultivo de banano, el resto era barbecho», escribió Krehm.
La tierra de la United Fruit constituía el 40% de las tierras cultivables de Guatemala, otorgadas por anteriores dictadores a precios muy bajos. «La compañía había redactado virtualmente las leyes de impuestos y de aduana bajo las cuales operaba».
«Flor de banana» (1965), del panameño Joaquín Beleño, prosigue la saga en un género testimonial sobre la incidencia de la UFCO en el país del istmo.
También el autor colombiano Javier Auqué Lara, periodista, investigador social y novelista, publica en Caracas (1970), la novela «Los muertos tienen sed», en la que aborda los hechos ocurridos durante la matanza de las bananeras el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, Colombia.
Y más colombianos describieron los trabajos y los días en las fincas del banano: «Papeles de la Huelga del Magdalena» (1928), del periodista Gregorio Castañeda y «Trapo rojo», del escritor Antonio Parada (1938), los relatos sobre la Ciénaga de la década de los años treinta, del médico José Francisco Socarrás; así como «Zona bananera del Magdalena, perfil geo-histórico de Macondo», del historiador Rafael F. Guerra [*]
Junto a «La casa grande», de Álvaro Cepeda Samudio (1962) y «Zig-Zag en las Bananeras» (1964), de Efraín Tovar Mozo, novelas colombianas que dieron voz a los agonistas de la represión estatal ejercida hace casi un siglo sobre trabajadores que demandaban mejoras laborales, en la recolección del banano: los «puyeros» cortaban la fruta en jornadas que iban de 6 a 11 de la mañana y de 1 a 6 de la tarde.
García Márquez en «La hojarasca» (1955), pero centralmente en «Cien años de soledad» (1967), aborda y multiplica los ecos de las violaciones a los DH protagonizados y/o propiciados por las bananeras en Colombia.
La cifra de muertos en esa represión militar siempre ha sido objeto de debate. García Márquez admitió a la prensa británica que sus supuestos 3.000 fusilados de la trágica jornada forman parte de la exageración propia del realismo mágico. Investigaciones serias ubican el número de muertos en cerca de mil asesinados.
El general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar ad hoc para esa región, escribió que el total de muertes en diciembre del 28 fue de 47; el embajador francés reportó 100; el de los EEUU admitió que podrían llegar a 1.000 los muertos y Alberto Castrillón, socialista con experiencia organizativa que se unió a la huelga, estimó en 1.5000 las victimas mortales.
United Fruit Co. —que abandonó la región en los sesenta— y su continuadora, la Chiquita Brands, han seguido nutriendo la información y la literatura no solo latinoamericanas. «La novela como historia: Cien años de soledad y la matanza de las bananeras», en Desafío de las ideas. Ensayo de historia intelectual y política en Colombia, de Eduardo Posada Carbó, (2003); «Las cicatrices del viento» (2007), del mexicano Francisco Martín Moreno, o «Bananas: De cómo la United Fruit Company moldeó el mundo» (2007), del periodista británico Peter Chapman, entre otros trabaajos, lo confirman.
Hoy vuelven a escena aquellas historias del siglo XX a raíz de una sentencia del Tribunal del Distrito Sur de Florida emitida a fines de junio 2024, que declara responsable a la empresa que sustituyó a la UFCO, la multinacional Chiquita Brands —reconocida por su comercialización del banano y otros productos— de haber subvencionado a paramilitares y guerrilleros colombianos, quienes, a su vez, fueron autores de asesinatos de ciudadanos colombianos en las regiones del Urabá y Magdalena antioqueños.
La multinacional bananera tendrá un mes para decidir si apela este primer fallo en su contra, con el cual se ordenó una indemnización a las víctimas.
En tiempo en que los DH parecen haber sido puestos en suspenso —niños masacrados en guerras infames, infancia mutilada; menores deportados con pérdida de su identidad; civiles víctimas de armas teledirigidas; masacres en África y Latinoamérica; millones de migrantes deambulando, seres sin sombra— las palabras de Marco Simons, director jurídico de Eart Rights International, organización de DH que acompaña a los demandantes, reconfortan:
«Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial».
En 2007, Chiquita Brands fue multada con 25 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por tener vínculos con grupos considerados terroristas por el Departamento de Estado de Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Según documentos judiciales, entre 1997 y 2004, la multinacional pagó aproximadamente $1.7 millones a las Fuerzas de Autodefensa Unida de Colombia (Auc), a cambio de la protección de empleados locales en la zona de recolección de banano de Colombia. También se hicieron pagos similares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a otras organizaciones de izquierda armada, entre 1989 y 1997.
En 2014, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desechó una demanda contra Chiquita Brands presentada por cuatro mil ciudadanos colombianos que acusaron a la empresa bananera de haber ayudado al grupo paramilitar de derecha responsable de la muerte de sus familiares.
El tribunal determinó por mayoría que los tribunales federales de EE.UU. no tienen jurisdicción sobre los reclamos colombianos. Dos años después el juez norteamericano Kenneth Marra, del Distrito Sur de Florida, falló a favor del reclamo colombiano. El juez dictaminó que las «ganancias» tuvieron prioridad sobre el bienestar humano básico «en la decisión de los ejecutivos de la compañía bananera de financiar a los escuadrones de la muerte ilegales, a pesar de que esto avanzaría en la campaña asesina de los paramilitares».
De acuerdo con los cálculos realizados por el investigador Michael Evans, del National Security Archive, — que consigna el portal verdadabierta.com de Colombia— hay documentos que registran 856.815 dólares en pagos a las guerrillas de las FARC, ELN y otros tres grupos guerrilleros que operaron en la región durante un lapso de algo más de cinco años, entre octubre de 1991 a 1996.
La cifra total es más alta, pues los informes no incluyen el dinero pagado antes y después de esas fechas (aunque Chiquita admitió pagos desde 1989 hasta 1997). A esto se suma que no hay información detallada sobre el dinero entregado en 1993.
Esto no trascendió ante la justicia estadounidense porque, —subraya verdadabierta.com— «a diferencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), para la fecha de las transacciones estas guerrillas no habían sido declaradas organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Esto solo ocurrió en octubre de 1997 y para ese momento, según la sentencia, no existen registros de pagos a los grupos subversivos».
«Entre 1989 y 1997, época en la que se hicieron los pagos, hubo 54 masacres en los municipios bananeros de Apartadó, Carepa y Turbo, de acuerdo con información del Observatorio d Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Las guerrillas asesinaron a 181 personas en 21 de estas masacres, 15 de las cuales son responsabilidad de las Farc», agrega verdadabierta.com
La decisión adoptada el 10 de junio 2024 responsabiliza a Chiquita Brands de la muerte de ocho colombianos asesinados por el grupo paramilitar de derecha Fuerzas de Autodefensa de Colombia (Auc). El veredicto del jurado también ordenó a la compañía pagar 38,3 millones de dólares a familiares de las víctimas. Se trata de un caso que sienta jurisprudencia para las demandas pendientes desde que las víctimas son miles, en opinión de Simons.
En otra demanda presentada por 2.572 víctimas, representadas por el abogado Paul Wolf, se llegó a un acuerdo a fines de junio 2024 con Chiquita Brands para que reciban 12.8 millones de dólares como indemnización por parte de esta compañía, que cuenta con 20.000 empleados.
Un grupo de abogados, apoderados de por lo menos otras cuatro mil víctimas de los paramilitares, manifestaron su rechazo por el bajo monto que recibirán las familias que decidan aceptar el acuerdo y aseguraron que quien está ganando aquí es el abogado Wolf quien recibirá 4,2 millones de dólares por honorarios.
[*] https://www.opinioncaribe.com/.../la-united-fruit.../
