El portal La Silla Vacía ha venido publicando los resultados de una rigurosa investigación sobre la composición de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de representantes y senadores. En el proceso ha evidenciado (tras enviar cientos de derechos de petición) las redes que existen entre algunos congresistas con políticos locales, aliados electorales y amigos que contractualmente figuran como sus asistentes o asesores (son funcionarios públicos), pero que en la práctica poco o nada conocen su trabajo legislativo, ya que solo integran un endogámico y primario entramado clientelar; funcional para que el “honorable” pueda perpetuarse en la curul o simplemente para mantener su estructura electoral aceitada en las regiones. Tal vez no resulte problemático para muchos porque no son los cientos de millones de la “mermelada” o de esquemas de corrupción a gran escala (son 468 millones anuales por cada congresista); sin embargo, estamos hablando de una práctica corrupta y lesiva al interés general.
Inicialmente hay que aclarar que no todos los “Padres de la Patria” le dan un uso meramente clientelar a su UTL. Al contar con 50 salarios mínimos mensuales y capacidad para nombrar asistentes o asesores combinando grados, algunos conforman equipos interdisciplinarios, técnicos y mediáticos. Son una minoría que se tiende a concentrar en los sectores de izquierda o alternativos. La regla general es que muchos de los “asistentes” o “asesores” respondan a los intereses electorales del congresista y su trabajo consista en “hacer política”, procurando mantener un caudal electoral estable o en crecimiento. Una gran mayoría son familiares de algún aliado político regional (concejal, diputado u otro congresista) y no en pocos casos también son escampaderos de flamantes damas de compañía. Esa es una realidad que debe ser sancionada social y políticamente por los ciudadanos porque es un acto de corrupción y del clientelismo más primario, con recursos públicos se están haciendo actividades proselitistas. Acaso, ¿usted sabe quiénes integran la UTL del congresista por el cual votó?
A veces, la realidad es más opaca y algunos de los funcionarios son la “caja menor” del congresista o se ven en la obligación de pasar un porcentaje de su salario para integrar un fondo común en beneficio de sus actividades políticas en los territorios. La misma práctica habitual de los corruptos que le piden un porcentaje de su salario a los contratistas en las administraciones locales o departamentales para así poderles “renovar el contrato”. Algunos han sido descabezados por utilizar a los funcionarios como simples eslabones en una cadena clientelar y el Consejo de Estado les ha decretado, tras un proceso de pérdida de investidura, muerte política. Tal vez por eso mucho se cuidan para que poco se hable de ese tema y los “asesores” y “asistentes” que no hacen ni lo uno ni lo otro en beneficio de la actividad legislativa del congresista (diseñar proyectos, estudiar ponencias, elaborar debates de control político; etc.,) son muy discretos porque saben que integran un entramado clientelar que de descubrirse podría condenar al “jefe” a la sepultura política.
La investigación de La Silla Vacía reviste todo el interés en momentos donde se siente una fatiga ciudadana con la corrupción y la política tradicional. No es para estigmatizar a los funcionarios que integran las UTL porque muchos hacen bien su trabajo. Las UTL se pueden mejorar y para eso tengo tres propuestas que pueden ser adoptadas en un proyecto de ley orgánica (si algún “honorable” está interesado le puedo obsequiar el proyecto diseñado):
- Reducir de 50 a 25 salarios mínimos la cantidad de recursos con los que cuenta un congresista para integrar su equipo.
- Que los asesores y asistentes sean profesionales certificados.
- Que periódicamente se haga una evaluación técnica sobre sus funciones independiente del criterio del congresista.
Aunque ninguna vaya a salir, ya que el Congreso no se va a “autorreformar”, si son propuestas tendientes a profesionalizar la función legislativa. Ya lo otro dependerá de ciudadanos veedores y comprometidos que al evidenciar manejos corruptos inicien un proceso ciudadano de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Han sido varios los “caciques” descabezados con estas acciones. El resultado termina siendo el peor castigo para un político: la muerte política.
