Hallazgos fiscales por más de $692 millones detectó la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización que realizó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
El ente de control anunció que por estos hechos iniciará procesos de responsabilidad fiscal producto de giros desde la UARIV hacia operadores bancarios, de recursos a beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia.
El organismo advirtió también un inadecuado control sobre pagos realizados por operadores bancarios a beneficiarios fallecidos con posterioridad a los traslados de recursos desde la UARIV.
“Se encontraron deficiencias entre las bases de datos que tiene la Registraduría de las personas fallecidas, versus el estado de esas mismas personas en el Registro Único de Víctimas, lo que hace que la Unidad de Víctimas haya realizado giros a personas en estado fallecido”, precisó Juan Carlos Gualdrón, Delegado de la Contraloría para el Posconflicto.
Además, los operadores bancarios no reconocen pagos sobre giros realizados por la UARIV en los casos señalados en el informe. Y se encuentran graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios.
Esta última situación causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las víctimas.
