Difícil encontrar a un sociólogo más prestigioso que Boaventura de Sousa Santos, el octogenario profesor portugués, doctor de Yale en Sociología del Derecho, que ha puesto una marca reconocible en los estudios de sociología con una aproximación muy directa a la realidad. Famosa su tesis sobre las favelas de Rio de Janeiro en la cual analiza el mundo paralelo a la legalidad que se desarrolla en su interior con otras normas, otras ambiciones y otras dignidades.
Tiene el profesor de Sousa una versión sorprendente sobre el proceso de paz en Colombia, una hipótesis académica podría decirse, de esas que entusiasman a los intelectuales, pero que según sus propios métodos debería poder ser demostrada con hechos y datos. Según él, como lo explicó ante una muy numerosa audiencia en la Universidad del Valle en Cali, en el foro “Epistemologías Del Sur y Paz Transformadora para la democracia participativa en Colombia”, el Acuerdo de Paz colombiano es un documento valioso que trata a través de su extenso articulado de solucionar los problemas que dieron origen al conflicto armado, pero no hay voluntad política del gobierno para llevarlo a cabo.
Lo que él llama la paz democrática, que estaba consagrada en los acuerdos, reemplazada, dada esa falta de voluntad para cumplirlos, por una paz neoliberal, que solo asegura el retiro de la insurgencia de los territorios para que sean entregados a las multinacionales. Añade que fue el conflicto armado el que impidió que Colombia fuera el único país de América Latina que no se insertó en los años 80 y 90 en el mercado mundial de commodities, (materias primas con poco valor agregado) asunto que queda despejado con el proceso de paz.
Lo que él llama la paz democrática, que estaba consagrada en los acuerdos,
fue reemplazada por una paz neoliberal, que solo asegura
el retiro de la insurgencia de los territorios para que sean entregados
a las multinacionales
Sobre esa hipótesis se podrían decir varias cosas. La primera y quizás la más importante, que Colombia no solo ha estado inserta en el mercado mundial de commodities, hidrocarburos y minerales preciosos, sino que estas han sido a lo largo de todo el conflicto armado, su principal fuente de ingresos por exportaciones, incluyendo una bonaza petrolera. Y ese no es un caso excepcional en el mundo. Como muchas de las materias primas, especialmente las más necesarias que son los hidrocarburos y sus derivados, están en zonas de conflicto, eso nunca ha sido un impedimento para su explotación; muy por el contrario, el enorme riesgo de seguridad que corren las multinacionales se incorpora como parte de sus costos, incluyendo protección especial de las fuerzas armadas del Estado en cuestión y en no pocos casos pago de sobornos a las fuerzas irregulares para que las dejen trabajar. De otro lado, si algo ha impedido el abuso de las multinacionales es la propia legislación colombiana que protege el medio ambiente. Así que la calentura no está en las sábanas.
La segunda es que proceso de paz colombiano se hizo para acabar con la guerra, cuyas víctimas han sido los colombianos más humildes y marginados, y una vez acalladas las armas, construir en un período muy largo un proceso institucional de integración de esas comunidades a la vida social productiva y al respeto pleno de sus derechos fundamentales. Desconocer ese logro, que ha sido el más importante políticamente en lo que llevamos del siglo, es pensar que se ha asaltado la buena fe de la comunidad internacional y de los millones de personas que en Colombia lo apoyaron.
Que haya sido tremendamente difícil de llevar a la práctica es otra cosa. Porque, así como ha tenido defensores ha tenido formidables adversarios, que lo bombardean de todos los frentes: de un lado quienes consideran, a diferencia del profesor de Sousa, que ha sido una entrega de la institucionalidad colombiana a la izquierda guerrillera, que es lo opuesto a las multinacionales, y del otro las fuerzas irregulares que son ahora bandas criminales que viven con el producto de economías ilegales, narcotráfico y minería, y cuya supervivencia depende de que las condiciones el Acuerdo de Paz no se cumplan.
Y la tercera, y no la menos importante, es que hay que mirar con hechos y datos si el Gobierno tiene interés o no en cumplir con el Acuerdo de Paz. Sectores del Partido de Gobierno claramente no, aunque son una evidente minoría parlamentaria, pero el balance de los organismos encargados de su ejecución y aún de los organismos evaluadores es alentador. Y el Presidente y su Gabinete, a diario afirman su compromiso con esa tarea.
Versiones sorprendentes y autorizadas de los mismos hechos surgen todos los días. Pero, todo aquel que se compromete a un logro de largo plazo tiene que ser optimista y perseverar, a pesar de los sociólogos y los políticos. Y a pesar de los pesares.
