No hay explicación que valga, sobre todo cuando disfraza una justificación inadecuada e inoportuna. La condena al Estado colombiano por lo sucedido en el Palacio de Justicia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una absoluta vergüenza para lo cual no hay explicación posible. Este fallo de 232 páginas, culpa al Estado por las "(…) desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial o las torturas que sufrieron 17 personas en la toma y retoma del Palacio de Justicia durante el 6 y 7 de noviembre de 1985". Y parece que son muchísimos más.
La razón para avergonzarse es obvia: han pasado 29 años desde que sucedieron estas claras violaciones a los derechos humanos y la justicia colombiana no ha hecho otra cosa que patinar sobre el tema. Fue necesario que se pronunciara una Corte Internacional para que se empezara a hacer justicia y para que, por fin, se supiera algo de la verdad de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de nuestra historia.
Muchas deducciones pueden hacerse si se consideran apartes del mencionado fallo. La primera de ella se refiere al hecho de que la CIDH condenó al Estado por la desaparición forzada de 11 personas: empleados de la cafetería, visitantes, una guerrillera y el magistrado auxiliar del consejo de Estado, Urán Rojas. Muchos deben estar temblando: no solo militares sino civiles porque el horrible caso de las desapariciones forzadas que no han logrado ni esclarecerse totalmente —y menos señalar y castigar a quienes armaron esta estrategia—, puede entrar ahora al foco de Cortes internacionales, donde no valen las intrigas ni el prestigio de los culpables.
La segunda —que la revista Semana califica de "bomba de tiempo"—, es que esta clara actuación de una corte Internacional sobre delitos cometidos en Colombia se convierte en una gran oportunidad para que haya justicia con decisiones por fuera del país, en casos como este, en donde estas cortes actúan como subsidiarias cuando no funciona la justicia local.
Lo que ha venido sucediendo con el Palacio de Justicia —caso que durante tanto tiempo no llegó a nada con la justicia colombiana, o por lo menos a muy poco especialmente en lo concerniente a las víctimas— es la vergonzosa prueba de la ineficacia de nuestro sistema judicial. Además, esto se reconoce en momentos en que este sector atraviesa por una de sus peores crisis. Se habla de toda clase de males; carrusel de pensiones, corrupción en distintas modalidades, ineficiencia, prepotencia y todos los elementos que explican su inoperancia. Probablemente uno de los peores problemas de una sociedad tan convulsionada como la colombiana, es precisamente no tener un sistema judicial transparente y eficiente.
Por todo lo anterior, las disculpas que se han planteado, como por ejemplo que esta condena se dio por una mala defensa por parte de Colombia, lo que hace es agrandar la vergüenza que causa reconocer la falencia de nuestro sistema de justicia. En vez de inventarse explicaciones tontas, es mejor empezar a actuar antes de que suframos nuevas humillaciones internacionales por la incapacidad de este país de ejercer justicia. A Colombia le está pasando lo peor que le puede suceder a una sociedad: se 'corrompió la sal'. Mientras no se acepte esta realidad como una verdadera vergüenza, estaremos expuestos a quedar muy mal ante la comunidad internacional como Estado Social de Derecho.
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