Aparentemente existe un consenso sobre el enorme daño que la corrupción hace a la democracia en Colombia, sin embargo, nos sigue gobernando un combo de pillos dedicados a quebrar la economía, negar la crisis y hacernos pagar deudas por cuenta de “jugaditas” como la de Hidroituango, la vía al llano, Electricaribe, la deuda de las EPS y la dupla corrupta Odebrecht-Aval.
Mientras se esfuerzan por desviar la discusión sobre el modelo político, económico y social mediante el cual aplican la política de “privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”. difunden exitosamente la idea de que la corrupción es causa y no consecuencia, misma fórmula que hoy Duque y Carrasquilla usan para salvar a sus amigos Aval-Odebrecht.
Cada vez que aparece un fraude se escucha decir que la culpa es la ineficiencia estatal, de hecho, el Banco Mundial define la corrupción como “todo abuso del poder público en beneficio privado”, atribuyendo la responsabilidad directa de este fenómeno al Estado, pero este no es un problema de ovejas negras, sino un dilema estructural que se exacerba cuanto más se debilita la acción estatal, esto lo saben bien los que gobiernan y por eso intentan reducirlo y debilitarlo.
Esto se evidencia en la reciente maniobra del gobierno Duque para salvar a los financiadores de su campaña y sus amigos: el grupo Aval-Odebrecht, quienes también financiaron la campaña de reelección de J.M Santos en 2014 y a Duque con dos préstamos por $ 9.709’999.000 millones de pesos por parte del Banco de Bogotá (grupo Aval), favores que se pagaron con la modificación del artículo 20 de la Ley 1882 de contratación pública que logró pasar Santos con el generoso apoyo de la bancada del Centro Democrático, donde Iván Duque era congresista.
Lo cierto es que este gobierno ha decidido salvar de sus deudas a Sarmiento Angulo, dueño del grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), uno de los hombres más ricos del mundo y con posición dominante en el mercado de inversión a través de Corficolombiana y en pensiones con la administradora Porvenir.
Ahora nos tocará a todos los colombianos seguir trabajando juiciosos porque esa deuda de $1.2 billones de Sarmiento no se pagará sola. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a dejar que ganen quienes gobiernan para los corruptos y el beneficio privado?
