Roberto Ortiz, concejal —cargo que ocupa por haber obtenido la segunda más alta votación en las pasadas elecciones regionales—, ha venido cuestionando las actuaciones irregulares de Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali. Al igual que él, pero con mayor firmeza, Elmer Montaña, un prestigioso abogado caleño, le ha dicho a los medios de comunicación, formalizando primero su denuncia, que los hermanos del alcalde estarían detrás de los contratos que tanto se le cuestionan. Ambos tienen algo en común: no soportan que se esté desangrado financieramente a una ciudad. Se han convertido en la voz denunciante de la corrupción, pero con una pequeña diferencia: Montaña sí quiere que se vaya Ospina de la alcaldía y que los entes de control sancionen como debe ser sus faltas administrativas.
Este abogado, contando con serias pruebas que nadie que tenga tres dedos de frente pude cuestionar, sí ha tenido la entereza para decir que Ospina es un corrupto: que la alcaldía le ha servido para enriquecerse y favorecer a su familia, cuyo patrimonio siempre ha sido inexistente. En cambio, Roberto Ortiz, que desde un principio dijo que iba a vigilar a su victorioso contendor, sabe que el burgomaestre estaría robando, pero aun así no quiere que se lo aparte del cargo: cree que si se lo destituye se le haría un gran daño a la ciudad. Patrañas, si denuncia, tal como lo hace cada vez que le preguntan por el alcalde, pues debe tener la valentía para esperar una destitución que estaría muy bien merecida.
Es que esta ha sido una administración descarada, que les ha visto la cara a los caleños a través de decisiones infames. No se puede aceptar conciertos virtuales exorbitantes, un alumbrado móvil que ni siquiera se vio, ni mucho menos que el nepotismo reine y se adueñe de lo que duramente pagan los que menos tienen. Se trata de una cuestión en donde debe primar la ética, la dignidad de una ciudad que no puede rendirse ante el proceder corrupto de una familia. Por eso de nada sirve que se denuncie –tal como lo hace el cabildante Ortiz–, sin que haya consecuencias administrativas y penales: si se descubren actos de corrupción, pues debe proceder cuanto antes la ley. Así le duela al quien le duela, si un funcionario está robando, tan descaradamente como dicen que lo hace Ospina, debe ser alejado sin consentimientos de su cargo.
Como caleño rechazo esta alcaldía, pero soy consciente (eso sí, respetando lo que hace el doctor Montaña) que todo lo que se le atribuye al alcalde de los caleños va a terminar en una simple ventolera. Pero no en una ventolera como las que mencionan los españoles –una determinación inesperada y repentina que se considera extravagante–, sino una ráfaga violenta de viento que se levanta de golpe y dura poco. Cada acusación que se le ha hecho Ospina lo golpea duro por un momento, pero luego decae su fuerza y se pierde entre el olvido de una ciudad que se acostumbró a que la desfalquen.
