En los 30 años en Colombia se han hecho 15 reformas tributarias.
En cada reforma se hacen modificaciones para recoger entre 6 a 7 billones de pesos.
La única reforma en que disminuyó el recaudo en cerca de 7 billones fue la aprobada en dos oportunidades 2018 y 2019.
Durante este periodo neoliberal las mayorías políticas del libre mercado instaladas en la presidencia y el congreso han legislado con el criterio que para fomentar el crecimiento económico por la vía de mayores inversiones se requiere decretar exenciones y reducciones en los impuestos a los grandes empresarios y a los grandes patrimonios, trasladando esas cargas a la población mediante el IVA. En 1990 el IVA era del 10% para unos pocos productos manufacturados. Hoy vamos ya en el 19% y cada vez más amplia la base de productos a los que se les impone.
En la última reforma tributaria los grandes empresarios se ahorraron $10,4 billones en exenciones y reducción de impuestos. Y a las clases medias y populares se les aumentaron sus impuestos por mayor valor a las rentas de trabajo e IVA en $7 billones.
Con la recesión económica que se venía en el país y la llegada de la pandemia, todos los índices económicos y sociales se han deteriorado, asistiendo a los peores de nuestra historia republicana. Y ello se ha visto agravado pues el gobierno de Duque ha llenado de privilegios a los banqueros y dejó a su suerte a las mipymes y a los trabajadores. Estableció ayudas miserables y tardías. Solo un 40 % de un salario mínimo de subsidio a las nóminas y un apoyo de $160.000 para 2,5 millones de familias. La Cepal ha mostrado como Colombia ocupa los últimos lugares en estos temas de los gastos fiscales de la pandemia: "América Latina lleva gastado hasta ahora poco más del 3 % de su PIB, más de cinco veces menos de lo desembolsado (entre estímulos y avales) por algunos países europeos para garantizar el sustento a quienes se han quedado sin ingresos y asegurar que el tejido productivo sobrevive a la tormenta. Las diferencias intrarregionales son, sin embargo, notables: Chile lidera la tabla de grandes países por paquetes de estímulos con el 5,7 % seguido por Perú (4,8 %) y Brasil (4,6 %), mientras México (1,1%) y Colombia (1,7%) quedan a la cola, con una respuesta mucho más timorata ante un reto que marcará a toda a una generación".
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Tenemos la mayor destrucción del tejido empresarial de 142.000 mipymes y según la OCDE la mayor pérdida de empleos al tener más de 5 millones de desocupados en medio de la pandemia
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Y por esto mismo, tenemos la mayor destrucción del tejido empresarial de 142.000 mipymes y según la OCDE la mayor pérdida de empleos al tener más de 5 millones de desocupados en medio de la pandemia y la mayor tasa de desempleo del 21,4 %, circunstancias que prevén mayor pobreza y desigualdad.
Frente a esto el gobierno ha propuesto una nueva reforma tributaria y privatizaciones en el viejo recetario del FMI para cumplir con la acreencias internacionales. Más de lo mismo.
La reforma tributaria que propone es para recolectar 20 billones de pesos adicionales. Y para esto se ha apresurado a señalar que en esta reforma no echará para atrás los beneficios ya otorgados a las empresas.
Queda entonces como recurso ampliar la base tributaria al impuesto a las rentas de trabajo y elevar la tasa del IVA a todos los productos de la canasta básica.
Según las proyecciones, si se unificara la tarifa del IVA al 19% para todos los bienes y servicios, la DIAN podría recaudar 70 billones de pesos.
Y ahí están poniendo los ojos, los empresarios a través de instituciones como Anif y el gobierno.
Y en materia de privatizaciones están puestos los binoculares en Ecopetrol, Cenit e Isa, para obtener 12 billones, con lo cual el estado pierde a largo plazo los beneficios de las rentabilidades de estas empresas, descuadrando las finanzas de estado y generando un hueco mayor.
Por el contrario el Comité Nacional de Paro está promoviendo a corto plazo un pliego de emergencia que atienda la salud directamente y no con las EPS con contratos para sus trabajadores; establezca una renta básica de emergencia de un salario mínimo por 6 meses par 9 millones de familias y moratoria en el pago de servicios públicos; subsidio a las nóminas de las mipymes; matrícula cero en la educación superior y no alternancia en la educación de niños y jóvenes; no discriminación a las diversidades sexuales y protección contra la violencia de género y derogatoria de los regresivos decretos de emergencia.
Cuestiones que nos pondría en mejores condiciones para enfrentar la pandemia, un estímulo al consumo de hogares en la perspectiva de una reactivación económica, que recupere empleos y tejido empresarial.
Es la desigualdad lo que está en juego y para eso se requiere de un gobierno legítimo y un cambio en el modelo neoliberal en todos sus aspectos más relevantes: salud, educación, trabajo, producción nacional, transición energética, impuestos progresivos al capital y al patrimonio y la plena vigencia de la paz, la vida, la soberanía y la democracia.
Insistir en más de lo mismo, prevé una reactivación de la protesta social que ya venía en alza desde antes de la pandemia.
Posdata: este 20 de julio la CUT en movilización social en las redes reclamará al gobierno de Duque solución al pliego de emergencia.
Twitter: @fabioariascut
