Hace varios días, el gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, anunció públicamente el retiro de la reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República; proyecto de ley cuyo título había sido denominado reforma fiscal de solidaridad sostenible. Esta fue una iniciativa que desde sus primeras promulgaciones generó polémica en los sectores políticos, económicos y sociales del país:
En primer lugar, porque se premeditaba una censura en el texto, acción que ha sido común en los proyectos de ley anteriores presentados por el gabinete presidencial, en donde solo se anuncia el objetivo de la reforma y se dejan entrever algunos puntos que la componen, pero no los publican de manera física, provocando que los sectores que integran la sociedad civil no tengan el tiempo prudente de analizarlos y se encuentren sorpresivamente ante una propuesta que afecta directamente las dinámicas socioeconómicas.
En segundo lugar, porque presentar una reforma tributaria en medio de un panorama de zozobra, miedo, incertidumbre y aumento de necesidades básicas es un ejercicio nefasto y ambicioso que evidencia la rotunda descontextualización que posee el gobierno nacional, puesto que no comprende las dinámicas sociales y económicas de la población que direcciona.
No obstante a lo enunciado por el presidente, hay que hacer énfasis en que el texto de la reforma es retirado no solo por las presiones o, como se menciona en la locución, por "la escucha al pueblo". El verdadero fundamento se encuentra en los 67 artículos inconstitucionales que le integraban, los mismos que habían provocado que esta iniciativa legislativa haya emergido sin sustento procedimental.
Además, la presión de los sectores sociales en las calles, las constantes incoherencias en el discurso de los promotores y los rechazos de la mayoría de las bancadas en el Congreso mostraron claramente que la ley de solidaridad sostenible nació sin garantía. Por ello Iván Duque referenció claramente el retiro de la reforma, pero la construcción de un nuevo texto.
Argumento del gobierno nacional
El argumento del presidente ha sido el aceptar la reforma como necesaria, con el objetivo de subsanar la deuda fiscal por la que trasciende el Estado colombiano. Se ha centrado en el discurso fáctico y repetitivo de que la productividad nacional no alcanza para cubrir los gastos de inversión en educación, salud y saneamiento básico, culpando principalmente al COVID-19 como el factor de crisis.
Aunque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2020) ha determinado una contracción financiera del 6.8%, los problemas fiscales en el Estado colombiano no son actuales. Antes de la pandemia, el peso colombiano se encontraba en una devaluación inminente; el déficit de inversión educativa superaba los 80 billones de pesos; los gastos en acceso y cobertura al sistema de salud eran ineficientes; la deuda externa crecía de manera constante hasta consumirse más del 50% del PIB; el sector de defensa presentaba excesivos gastos de inversión; y la corrupción generaba pérdidas por más de 50 billones pesos. Todo esto evidencia que el único factor de crisis en el país es la carencia administrativa y la falta de control en los recursos públicos.
El portal periodístico CNN (2018) clasificó a Colombia dentro de los Estados latinoamericanos en los que mayor fisco nacional se pierde por corrupción. Por año, en el país, 18.400 millones de dólares salen de la destinación presupuestal en salud y educación para fluctuar de manera desconocida en contratos e intereses personales, lo que significa que el argumento del gobierno nacional es erróneo.
Por ello, el anuncio de retiro no soluciona el problema estructural del país, es decir, la locución lo que genera es confusión, puesto que se hace hincapié en la construcción de un nuevo texto. El gobierno nacional continúa con la intención de mantenerse en la recaudación de los 23,4 billones faltantes. Aunque se reconoce que el país se encuentra endeudado, no se acepta que las que tengan que sobrecargarse con la responsabilidad fiscal sean las clases medias y bajas, las cuales son las que están afrontando el aumento de los problemas socioeconómicos.
Este vacío fiduciario tiene sustento en las prebendas tributarias que el mismo gobierno ha otorgado a los empresarios y a los más ricos del país. En primera instancia, gran parte de sus riquezas se encuentran en paraísos fiscales. Según el Espectador (2018), más de 300 billones de pesos se hallan en cuentas fuera del país, sin contribuir un solo peso a las arcas públicas. En segunda instancia, el gobierno mantiene las exenciones tributarias a las zonas industriales, lo que es una clara muestra de que el gobierno está forzando la desigualdad y el aumento de la pobreza.
El gobierno se centra en alzar impuestos a la clase media, mientras que a los ricos no los toca de manera significativa. En dos sustituciones de tributación a las prebendas se puede recaudar el 80% del dinero faltante.
