El tema de la paz y del eventual pos-conflicto fue el eje central de la reciente campaña presidencial y marcó la agenda del debate. Sin embargo, existen sin duda temas claves que demarcarán la agenda económica de los próximos cuatro años y que cobran vital importancia de cara no sólo al post- conflicto sino a las garantías para alcanzar un crecimiento sostenible. La financiación de la acuciosa agenda de la segunda administración de Santos nos llevará sin duda a la discusión de la pertinencia de una nueva reforma tributaria, un tema altamente sensible y que siempre encara un alto costo polito. Y es que pese a que un contexto de mayor crecimiento económico en el que se empiecen a recibir las externalidad positivas de los dividendos económicos de la paz vendría aparejado de mayores recaudos tributarios, incluso con mayores recursos derivados del control de la evasión, de la rapidez con que crezcan los gastos en un escenario de post-conflicto y de la velocidad con que crezcan los ingresos va a depender la necesidad y la urgencia de una nueva reforma tributaria.
No obstante, varios factores harán necesaria una mayor carga tributaria en los próximos años. Por el lado de los gastos existen sin duda presiones importantes derivadas de las políticas económicas tendientes a solventar los grandes gastos en materia de seguridad, salud, educación, agro, viviendas gratis y post-conflicto. Estimaciones preliminares apuntan que estas nuevas erogaciones podrían alcanzar los USD 7.2 billones (2.1% del PIB). Solventar estos gastos podría no ser una tarea fácil para el gobierno en los próximos años en medio de un contexto externo que no luce favorable en el mediano plazo. Pese a que Colombia ha venido diferenciándose del resto de países emergentes en los últimos años y eso le ha valido una disminución en el costo de la deuda en los mercados internacionales (con la recuperación del Investment Grade), e incluso con expectativas de que las calificadoras de riesgo incrementen el outlook positivo para Colombia en el corto plazo, los intereses en los mercados globales, de la mano con la recuperación de las economías desarrolladas, tenderán a aumentar en los próximos años. Se espera, en esta dirección, que la FED en EE.UU comience a incrementar sus tasas de interés hacia 2015 lo que podría incrementar el costo de la deuda en el mercado global de cara al 2015-2016. De otro lado, pese a que el tipo de cambio en el período reciente ha venido mostrando presiones bajistas importantes que seguramente continuarán soportando la fortaleza del peso en el corto plazo (un resultado natural de una economía que ha logrado diferenciarse positivamente y que atrae capitales), las perspectivas apuntan a una reversión de dicha tendencia en línea con la fortaleza que se prevé mostrará el dólar en los mercados internacionales una vez se inicie el proceso de recomposición de los flujos de inversión hacia las economías desarrolladas.
Por el lado de los ingresos los riesgos no son menores. El presidente Santos en su campaña manifestó su intención de desmontar con cierta celeridad el impuesto a las transacciones financieras (el llamado 4x1000), manifestando al tiempo su intención de evaluar la continuidad del impuesto al patrimonio, factores que insertan incertidumbre y podrían, de llegar a materializarse, abrir un hueco fiscal. Adicionalmente, la desaceleración de China, que vendría de la mano con una caída en el precio de las materias primas y en nuestros términos de intercambio, generará presiones adicionales a la depreciación del COP, con perspectivas no tan positivas para la dinámica de la actividad minero energético del país que también comenzaría a ver un impacto negativo. Por un lado, las exportaciones de Colombia son muy vulnerables a cambios en los precios de las materias primas. Nuestras exportaciones tradicionales (básicamente commodities) han pasado a representar cerca del 70% del total de exportaciones en los últimos años, hecho que le inserta una mayor vulnerabilidad al comercio exterior asociada a la volatilidad de sus precios. De otro lado, la revolución de las formas no convencionales de extracción de hidrocarburos (shale gas y shale oil), en donde EE.UU ha comenzado a ser un gran protagonista, podría derivar en unas menores exportaciones de carbón vía precio y volumen. Las regalías de la nación sufrirían así un impacto negativo, cuya magnitud dependerá del grado de ajuste de estas variables.
Acudir a la enajenación de un activo para solventar algunos de los gastos de los próximos años parece no ser un recurso viable. Por un lado, la regla fiscal en Colombia tiene directrices claras que de cierta forma imponen límites al endeudamiento y por otro lado dificultan la venta de un activo para financiar el presupuesto. Pese que Santos en su campaña electoral no descartó la venta del 10% de Ecopetrol en caso de ser necesario, también señaló que no estaba dentro de su previsiones, además que, de querer hacerlo, se enfrentará a un alto costo político. Las perspectivas de las finanzas públicas, en este contexto, lucen así poco favorables. Por un lado, se observarían mayores gastos para solventar la acuciosa agenda económica y de paz, acompañado de mayores gastos por deuda externa, y por otro, se esperan menores ingresos por impuestos y regalías del sector minero energético (e hidrocarburos).
Sin bien bajo este escenario el presidente electo manifestó a lo largo de su campaña que el posconflicto no necesitaría una reforma tributaria radical en la medida en que los dividendos de la paz le permitirán al país crecer entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales, lo que supliría las necesidades de financiamiento vía el mayor recaudo tributario que ello supondría, lo cierto es que esos dividendos no se recogerán en el corto plazo y la ingente necesidad de recursos para financiar el post-conflicto y muchas de las reformas pendientes tendrán que suplirse de forma irremediable mediante una reforma tributaria.
Una reforma de grueso calibre parece así inminente y el país tendrá que debatir una reforma estructural sin visos de regresividad. El espectro de posibilidades abarca un posible incremento de la tarifa del IVA y un impuesto a los dividendos y posiblemente aparecerá en la discusión la posibilidad de extender el impuesto al patrimonio de forma indefinida. Si las presiones sobre el presupuesto se exacerban en el escenario de posconflicto (dada las ingentes recursos para su financiamiento) no se descarta incluso que se comience a hablar de una modificación al impuesto de renta.
Sin embargo, pese a que las políticas para financiar el posconflicto y los desafíos que impone la agenda económica en esta coyuntura serán claves en la dinámica del mediano plazo, tampoco se espera que los mercados respondan negativamente a las eventuales políticas tributarias y fiscales que se diseñen para hacerle frente. Es posible que la incertidumbre en los mercados se mantenga acotada toda vez que el marco de análisis de los inversionistas y de los mercados financieros estaría rodeado por la confianza de las políticas económicas que se adelanten para financiar el post-conflicto y las cruciales reformas que el país necesita para garantizar un crecimiento sostenido. Los colombianos, sin embargo, tendrán que preparar su bolsillo. La mayor carga tributaria es inminente…..!
Por: Germán Montoya*
Jefe de estudios Económicos
Telefónica- Colombia
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