La reforma a la salud anunciada por la ministra Carolina Corcho - como una iniciativa de la sociedad civil - con radicación en marzo de 2023, para ser implementada en su totalidad dos años después, muestra ya en los borradores conocidos, unos importantes avances para cómo ella misma lo ha manifestado: “…transformar el sistema de salud, que de ninguna manera significa destruir el sistema.”
Y ya no recibiendo información de otros - sino comprobándolo por ella misma -, de un estimado que, de las cerca de 30 EPS de hoy, saldrían 14 que no cumplían requisitos financieros (quedando 16), ya sabe que de las actuales Empresas Administradoras de Planes de Beneficios realmente solo 5 cumplen.
Pero antes de referirme a lo que se está planteando en la reforma, es muy buen augurio que, al Ministerio de Salud y Protección Social, le hayan asignado $50,27 billones para 2023, casi un 20% más que el presupuesto que tuvo para el 2022, ocupando ahora el segundo lugar en recursos del presupuesto nacional, después de educación, y por encima de defensa, porque una cosa muy distinta sería una reforma tan ambiciosa, con carencia de recursos; situación que ya vivió por ejemplo Alejandro Gaviria, el Ministro de Educación de hoy y Ministro de Salud de años anteriores, a quien el Ministerio de Hacienda de entonces, no lo apoyó con los recursos necesarios en ese momento.
Como parte fundamental del fortalecimiento de la red hospitalaria pública quedaría incluido un subsidio a la oferta sobre todo para los hospitales ubicados en municipios pequeños donde sostener el funcionamiento solo con la facturación, radicación, cobro y recaudo por prestación de servicios es insuficiente; situación que debe estar solucionada previa o como mínimo concomitantemente para poder formalizar a los trabajadores del sector como quiere el nuevo gobierno.
Saldrían ganando departamentos como el Valle del Cauca que ha sido visionario de como debería funcionar el sistema y tiene ya creada una Unión Temporal de Hospitales y Clínicas, que respondería a la organización en redes integrales e integradas de servicios que se plantea en la reforma e igualmente podrían salir avante los hospitales públicos que ya tengan listo el rediseño técnico institucional que contemple en él su estructura organizacional, planta de personal, análisis de cargas laborales y manuales de funciones actualizados, pues pudieran ser parte de la primera etapa de instituciones favorecidas con los recursos para la formalización.
Gana también la humanización, tímidamente presente en la Ley 100, ausente en la Ley Estatutaria, y tal vez ausente en muchos servicios de algunas IPS; y ahora sí presente como elemento esencial del Sistema, definiéndola como la relación entre el personal de los servicios de salud y los individuos, familias y comunidades en los diferentes ámbitos de prestación de servicios de manera individual y colectiva en el largo plazo y a lo largo del ciclo vital, que permite obtener un amplio conocimiento de sus necesidades y la confianza mutua, necesaria para el cuidado permanente en todas las etapas de la vida.
Se incluyen también la Intersectorialidad y la Transectorialidad como elementos esenciales del Sistema de Seguridad Social en Salud, tal vez la única manera de incidir real y efectivamente sobre los determinantes sociales de salud, que no son responsabilidad directa del sector, pero por los cuales le ha tocado responder hasta hoy.
Además, hay avance al establecer un sistema integrado de información en salud, al que pareciera que habían renunciado gobiernos anteriores; fijar un tarifario único y obligatorio de prestación de servicios; y brindar estímulos para la formación de especialistas y subespecialistas en las diferentes profesiones del área de la salud priorizadas.
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