Aunque a cada momento las cifras se envejecen, porque la mayor parte de la población sigue siendo susceptible al virus causante de la COVID-19, las personas contagiadas en los siete países de Centroamérica aumentan considerablemente en una región donde, de sus cincuenta millones de habitantes, más de la mitad son pobres económicamente y siguen azotados por las pandillas que no han hecho un stop en esta pandemia.
Entre esas mafias están algunos funcionarios públicos que presuntamente se devoran en dinero y en especie las ayudas que por la COVID-19 están destinados a la población más vulnerable. Por ejemplo, el ministerio público de Panamá, Honduras y Guatemala determió una supuesta corrupción en adquisiciones públicas de insumos para enfrentar la crisis.
Antes de continuar, cabe destacar que Belice, entre sus vecinos de esta parte del continente americano, ha enfrentado acertadamente la enfermedad. En el momento de reportar el tercer paciente COVID-19, el 30 de marzo de 2020, el primer ministro Dean Oliver Barrow anunció un estado nacional de emergencia durante treinta días, que lo libró de muchos problemas.
Retomando, El Salvador, fuera de la emergencia de salud por la que atraviesan la mayoría de países, padece otras: la humanitaria, la socioeconómica y la emergencia climática por Amanda y Cristóbal, tormentas tropicales que dejaron devastados extensos cultivos de alimentos de más de 22,476 de productores. “Es un desafío para los sistemas de salud sobrecargados que tendrán que hacer frente a la doble carga de una pandemia de coronavirus y a un pico en otras enfermedades respiratorias”, dijo la doctora Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Costa Rica el huracán fue la Procuraduría, que dispuso el pago del aumento salarial aprobado en el sector público en diciembre pasado para el año 2020, el cual asciende a ¢23.000 millones anuales; erogación que “no es procedente en esta coyuntura”, según puntualizó el ejecutivo que pretende derogar ese decreto.
No obstante, los mayores contrastes se dan entre Costa Rica y Guatemala, que ocurre como en el relato bíblico de las vírgenes prudentes o el de la casa sobre la roca. Costa Rica hace más de medio siglo aplica la universalidad en salud, en tanto que Guatemala hace mucho tiempo no invierte ni un quetzal en ese sector. Adicionalmente, en esta nación y Honduras los coyotes no hacen cuarentena, por lo que sigue el tráfico ilícito de migrantes.
Por otro lado, es similar la forma en que los gobiernos atienden a los que por tiempo han estado “en los últimos puestos de la fila”, para evitarles que los mate la coronahambre en vez del coronavirus. Por ejemplo: en Panamá rebajaron el 25% de los precios del combustible y el 5% en la energía eléctrica, y a los nacionales se les permite usar su cédula como una tarjeta de débito por determinado cupo; en El Salvador han repartido más de 1.8 millones de paquetes alimentarios en diversos municipios de los 14 departamentos; en Costa Rica unas 680.000 personas se beneficiarán del Bono Proteger (que tiene disponibles ₡296 mil millones); y en Guatemala se promete entregar alimentos a más de 200.000 familias.
En un paréntesis vale agregar que en la mayoría de países centroamericanos los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos están expuestos a ser más vulnerables, principalmente por los muros para acceder a los servicios de salud.
En fin, las medidas para afrontar la pandemia, sobre todo para evitar un segundo brote, se centran especialmente en el confinamiento de la población (que generalmente no se cumple estrictamente). En Panamá se han producido miles de arrestos de infractores a quienes les imponen medidas de trabajo; en Nicaragua visitan casa a casa previniendo el virus; en El Salvador funcionan más de 800 controles vehiculares en caza de los indisciplinados; y en Honduras, en El Hospital General San Felipe, se inauguró una sala exclusiva para pacientes críticos de COVID-19 con capacidad de diez camas. Sin embargo, en Costa Rica los diputados rechazaron el presupuesto extraordinario planeado para encarar al virus, lo que pone en duda que los 200.000 beneficiarios del Bono Proteger reciban el apoyo y a la Caja Costarricense de Seguro Social ingresen 34.000 millones de colones para atender los gastos de la crisis sanitaria.
En términos económicos, Belice recibió un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) de US$6,2 millones para el control de la pandemia; Panamá usará los activos del Fondo de Ahorro Panamá (FAP), “de forma comedida y controlada”, que oportunamente serán devueltos por el gobierno nacional; El Salvador y Honduras recibieron préstamos del Banco Mundial, cada uno de US$20 millones “para apoyar la respuesta inmediata” al viru: Honduras tiene un crédito con el Banco Mundial por US$119 millones para el mismo efecto; y Costa Rica tramita con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) préstamos por 380 millones de dólares para atenuar la COVID-19, sin contar con que el FMI (Fondo Monetario Internacional) dio vía libre a un préstamo de 594 millones de dólares con motivo del coronavirus.
La reapertura en todos los niveles, considerada como una prueba de fuego, se está repensando por ser un tema en el primer punto del orden del día de las mesas de diálogo conformadas en varias partes, embargadas del temor que el virus se incremente. Cuando Panamá “salga de esta pesadilla”, se priorizarán y estimularán la actividad comercial, los restaurantes, la actividad logística y de almacenamiento. Guatemala será un destino turístico inaplazable para visitar. Mientras tanto, Costa Rica se encuentra en la segunda etapa de la reapertura que va hasta el 20 de junio; la última, cuando se prevé el ingreso a playas entre semana, irá del 12 de julio al 2 de agosto, dependiendo “de la evolución de la pandemia”. A la par, se reanudó el tráfico de camiones y mercancías entre las fronteras de Nicaragua y Costa Rica; y Honduras desde esta semana inició una reapertura “gradual e inteligente".
Para cerrar, al corte del 4 de junio, Panamá reportaba un total acumulado de 15,044 casos positivos; Guatemala, 7866; Honduras, 6935; El Salvador, 3274; Nicaragua, 1464; Costa Rica, 1461 y Belice, 20. Ahora bien, las tres claves para controlar la pandemia de COVID-19 en las Américas serán mantener las medidas de distanciamiento social, mejorar la vigilancia y fortalecer los sistemas de salud. Acá es importante recalcar que después de las dificultades del 11S y la crisis financiera mundial del 2008, la actual pandemia sería hasta ahora el mayor aprieto económico del siglo XXI. En consecuencia, “todos los países tienen la responsabilidad de aumentar su nivel de preparación, alerta y respuesta para detectar, manejar y atender nuevos casos de COVID-19”, como indicó la OPS.
Como bien señaló la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos): “La crisis del COVID-19 ha dejado al descubierto las debilidades de nuestros sistemas de salud, desde el número de camas de cuidados intensivos hasta el número de efectivos, la incapacidad para suministrar suficientes mascarillas y realizar pruebas en algunos países, y las lagunas en la investigación y el suministro de fármacos y vacunas”. Esta pandemia podría ocasionar una recesión económica sin precedentes en la región.
