Por medio de un video y un documento de Google Drive, publicados través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una propuesta de referendo para modificar la constitución, en busca, según él, de consolidar aún más el Estado social.
Muchos analistas políticos han manifestado que se trata de una estrategia política, en desespero por revivir su popularidad que cada día cae más ante la percepción ciudadana. En medio de un país que vive una de sus peores crisis económicas de la historia, con un aumento de pobreza multidimensional, una devaluación de su divisa sin freno y un sinnúmero de masacres que no parece detenerse, Colombia está al mando de un presidente —discípulo de Uribe— que se niega a aceptar la realidad y nada que se pellizca para que sea él quien agarre el timón de la nación.
Pero volvamos a la propuesta de referendo, sin ánimo de rechazarla bajo la emoción y los gritos, leí y analicé la propuesta de Uribe Vélez, clasificándola en tres secciones: “lo bueno”, lo malo y lo feo. Sí, “lo bueno”, así entre comillas porque algunos de estos puntos no son claros en cuanto a su aplicabilidad y tienden a ser ambiguos. Así que empecemos.
“Lo bueno”
Uno de los puntos es la creación de un tribunal de aforados, si bien esta propuesta no es reciente —en alguna ocasión se le escuchó al exfiscal Martínez Neira hacerla— resulta buena ya que actualmente muchos de los altos funcionarios del Estado son investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y en una eventual acusación, esta se realiza ante el Senado, todo esto por mandato constitucional del artículo 178. Si nos vamos a la realidad, hoy la rama legislativa colombiana “se mueve” sobre los intereses del ejecutivo y otros órganos del Estado en todo eso que compone el clientelismo, el intercambio de burocracia y los cupos indicativos, lo cual quita prestigio a esta rama del poder público para conocer de denuncias y quejas en contra de funcionarios que gozan de dicho fuero. Uribe no es claro en decir cómo estaría compuesto tal tribunal y dónde se ubicaría, sin embargo, lo mejor sería que estuviese como órgano independiente dentro de la estructura del Estado —así como el Sistema Integral que surgió con el acuerdo de paz—, en ejemplo así se evitaría que un aforado del poder judicial sea investigado por su misma rama; la selección de sus magistrados fuese en principio por concurso de méritos y ya luego por cooptación, bajo las mismas reglas de régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y tales magistrados serían susceptibles de investigación y juzgamiento por la Corte Suprema.
Sobre la exclusión de cargos públicos a responsables por delitos de lesa humanidad hay que tener en cuenta que por bloque de constitucionalidad, aludiendo a los tratados internacionales de derecho penal ratificados por Colombia y confirmados por la jurisprudencia colombiana, estos delitos no prescriben, y según Uribe si este punto del referendo se materializa sería de aplicabilidad inmediata. Es un punto de la propuesta bueno porque no podrían ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular y tampoco podrían ser elegidos para cargos unipersonales personas que se hayan visto responsables en dichos crímenes.
Otro de los puntos dentro de la propuesta de referendo es la disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario, empecemos por esto último, es buena esta reducción ya que en uno de los países más desiguales socialmente del mundo es injustificable que un legislador gane más de 36 salarios mínimos mensuales, sin embargo, Uribe propone un congelamiento de 6 años al aumento de esos salarios y después sí una reducción gradual, pero la pregunta es ¿por qué no hacerlo inmediato? Sabiendo que dicha diferencia con el trabajador promedio colombiano es una burla, adicional a eso sería bueno fijar en la misma Constitución un monto máximo, por ejemplo, que en ningún caso el salario de estos parlamentarios podrá ser superior a los 15 SMLMV; sobre la primera parte, si bien la matemática no falla, si se aplica el umbral y el método de cifra repartidora para la asignación de curules, los sectores políticos quedarían en igual distribución proporcional a la de ahora dependiendo los votos que obtengan, no obstante, este postulado se puede mostrar inconveniente por dos aspectos, el primero es que esto se puede convertir en una reducción a la participación en un país plural que cada día necesita más voces de representantes que exijan los derechos de sus comunidades, y el segundo aspecto es porque —como dije anteriormente en los primeros párrafos— sobre el legislativo juegan muchos intereses y para el hiperpresidencialismo —que históricamente se maneja en este país— le sería más fácil ofrecer burocracia a tan pocos senadores o representantes para tramitar proyectos a su favor en ese órgano, que a muchos congresistas, como sucede actualmente.
Referente a la austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social, el expresidente ha mencionado que los salarios de servidores públicos de nómina directa o indirecta, y el gasto en funcionamiento se congelaría en términos reales por 6 años, es decir, no podrán aumentarse por encima de la relación con el porcentaje inflacionario. Se muestra buena la propuesta en vista que el panorama es crítico en sectores como el de la educación, por ejemplo, si se observa que el presupuesto para ese sector en el año 2020 se dividió en un 9% para inversión y del 91% para funcionamiento, lo cual deja un deterioro tanto físico en las instituciones educativas como en la calidad de la educación que se imparte y en los avances que esta pueda tener con referencia a países de la región. Queda pendiente en la propuesta estudiar si los niveles inflacionarios junto con el congelamiento permitirían un aumento en el porcentaje de inversión, no sólo para el sector de la educación sino todos aquellos que hoy viven un déficit similar.
Dentro de “lo bueno”, está por último, la protección remunerada de los ecosistemas estratégicos, tal plantea entregar bonificaciones monetarias por parte del Estado —de acuerdo con criterios técnicos— a las personas que velen y emprendan acciones en el cuidado de ecosistemas que van desde la Amazonía hasta el litoral pacífico, y desde los ríos hasta páramos, teniéndose preferencia por los que tengan o hayan tenido asentamientos en estos ecosistemas; a modo de sugerencia considero que es posible que se tengan en cuenta a fundaciones u ONG que se dedican a conservación de flora y fauna; a su vez, una vigilancia a los beneficiados de esta remuneración para que no se convierta tal política en un detrimento. Sin embargo, este punto en la realidad entra en choque con la complicidad del gobierno uribista en cuanto a la deforestación de la Amazonía y la no protección de páramos —caso Santurbán—.
Lo malo
El exmandatario propone una protección de líderes sociales con el referendo, la cual se basa en aumentar las penas para quienes priven la vida de las personas consideradas de este tipo, tipificando eventuales homicidios como agravados. La propuesta se torna mala porque más castigo no es sinónimo de justicia, ocurre algo similar con la cadena perpetua a los violadores, creyéndose que aumentando penas a estos criminales los casos disminuirán y se hará efectiva justicia, lo cual la experiencia nos dice que no. La solución a la atenuación de las muertes de los líderes sociales se concentra en una eficaz respuesta por parte del Estado a las denuncias que ellos realicen, brindándoles protección y plenas garantías para el ejercicio de sus actividades, que hoy están altamente vulneradas en las regiones.
Otro de los puntos en la propuesta del referendo, es del decomiso de droga sin penalizar consumo, de aquí yace ya un retroceso en la nueva perspectiva global sobre la lucha contra los alucinógenos, es obvio que el decomiso de la sustancia no frenará su consumo, simplemente aumentará su valor en el mercado negro. Esta propuesta es mala, debe versar más bien en cómo el Estado le puede suministrar la droga al consumidor para eventualmente ingresarlo en rehabilitación —como en el modelo de los países europeos— de esa manera solamente se le podrá dar un golpe a las estructuras del microtráfico. Alcaldes han querido desarrollar planes pilotos de estos proyectos, pero las condiciones legales del país no lo permiten desarrollar a plenitud.
Sobre avance hacia la equidad, ingreso solidario y bono pensional se puede manifestar que se torna errada la lógica que más subsidios eliminarán pobreza, experiencia ya está el país vecino que aumentó un gasto social enorme —financiado por la renta del petróleo— dejando a mucha gente bajo subsidio y que no se preocuparan por laborar. La propuesta de Uribe se centra en dejar permanente el ingreso solidario, sin embargo esto no logrará sacar a la población vulnerable de la crisis —por experiencia no sólo de la región sino mundial—, las economías que se ven golpeadas por guerras o pandemias en la historia, salieron adelante garantizando trabajo a las personas de escasos recursos, pero en Colombia eso se ve lejano si la disposición del gobierno se mantiene en no ayudar a la microempresa, la cual es en conjunto el motor en el sector privado que puede otorgar más empleos, si algo destaca a los países del primer mundo es su alto desarrollo de las pymes porque allí es donde verdaderamente se mueve la economía. Sobre el bono pensional a los recién nacidos de hogares vulnerables, es una idea paupérrima porque sólo se está incitando a la sobrepoblación en los hogares, incluso si familias vulnerables no tienen hijos recién-nacidos, se motiva a que los tengan. Y en cuanto al recurso económico para la tercera edad, la idea puede verse como buena, no obstante, lo ideal sería que no fuese selectivo e intermitente, sino que se les garantizara una renta básica permanente a todos los mayores de 70 años que tengan necesidades, es un derecho que tienen los ancianos y que gozan en gran parte de los Estados que han adoptado el Welfare State.
Seguimos con la gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento. Por la primera parte todo marcha bien, en realidad un Estado Social al tener consignado este derecho fundamental debe garantizar educación desde la prescolar hasta la superior a todos sus habitantes, lo único que falta es que se explique cómo sería el mecanismo de funcionamiento de esta política incluyente. Sin embargo, por la otra parte hay afirmaciones que dejan mal parado al expresidente, este afirma que la organización sindical de los docentes es culpable del atraso en la ciencia y la calidad de la educación por un presunto adoctrinamiento político, estas afirmaciones son graves teniendo en cuenta que los docentes oficiales han estado bajo la estigmatización —que son de izquierda, comunistas, etcétera— por muchos años y por supuesto en los peores casos varios han terminado asesinados; en ese orden, Uribe entra en una contradicción, si se observa que el gobierno de su partido no ha tenido en cuenta a los académicos para la asignación del presupuesto de ese sector, y el primer responsable de los bajos indicativos en ciencia es el mismo gobierno por diversas razones, una de ellas la podemos ver en que para 2021 la asignación para el sector científico bajó considerablemente —como lo muestra este analista en la Silla Vacía—.
Lo feo
Acerca del punto que propone una única corte o dos y nuevos requisitos para magistrados, se torna esto peligroso para el Estado de derecho, teniendo en cuenta experiencias constituyentes —como la de Venezuela— en donde un alto tribunal único no garantizó un mejor funcionamiento de la justicia, simplemente dejó ver que se vuelve más fácil politizarse perdiéndose independencia. En cuanto a la aprobación de los magistrados por parte del Senado, considero que no es el mejor filtro para la escogencia, la línea que se debe seguir es la de la meritocracia y la que se maneja actualmente, la cual es la cooptación entre el mismo órgano judicial; acerca del tema de la edad —Uribe propone que sean mayores de 55 años— es un veto que tiene alcances hasta discriminatorios porque se quiere poner en tela que “a mayor edad mayor conocimiento” cuando eso no es propiamente cierto, tampoco es un premio al mérito ni mucho menos a un currículum preparado. Lo que reclama el poder judicial en Colombia es mayor inversión para un mejor desempeño en los despachos judiciales —que más congestionados no pueden estar—; también se une a ello la propuesta de la creación de una jurisdicción constitucional en el país, que se disponga a conocer de todas las acciones constitucionales que se presenten en Colombia, bastante carga tienen las jurisdicciones actuales con los procesos que les corresponden y sumarle a ello conocer de acciones como las tutelas, a la final lo que significa es más trabajo; también y no menos importante, por qué no pensar en una independencia total de la Fiscalía General de la Nación, si se tiene en cuenta que actualmente el Fiscal lo elige indirectamente el presidente, lo cual no da imagen de imparcialidad, es posible enmendar esa falla del Constituyente e implementar un mejor modo de escogencia para el director del ente investigativo, por ejemplo, una terna que le presente el Consejo de Estado a la Corte Suprema.
Y por último, está la derogatoria o modificación de fondo de la JEP, sin duda alguna, esta es una propuesta que afecta seriamente a los acuerdos de paz —más de lo que están—, y es un golpe total al sistema constitucional trasladar las funciones de la JEP a la jurisdicción ordinaria si se tiene en cuenta que se creó un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual goza de respaldo constitucional; del mismo modo, Uribe propone un menor límite de tiempo para los magistrados de esta justicia especial, lo cual denota un sesgo perjudicial por parte del exmandatario en contra de los juristas porque el tiempo qué repercusiones puede tener. Por qué no pensar mejor en fortalecer la Jurisdicción Especial de Paz con propuestas para un mejor funcionamiento de esta; irónicamente bajo la creencia que los acuerdos sólo benefician en mayoría a los integrantes de la antigua guerrilla, el gobierno uribista le ha quedado mal al cumplimiento de los acuerdos y es casi nada lo que se ha avanzado en materia del posconflicto —como lo revela un informe presentado en agosto de este año por varios congresistas—, ignorando que los más afectados son las víctimas del conflicto.
A modo de conclusión de este análisis, lo que dejan ver todos estos puntos en la propuesta para un referendo constitucional, es que este mecanismo de participación ciudadana (referendo) sobraría, la explicación es que lo precitado se puede tramitar a través de actos legislativos y proyectos de ley, más aún cuando Uribe Vélez cuenta con mayorías oficialistas en el Congreso; mucho de los puntos expuestos también se pueden implementar desde el gobierno nacional con decretos reglamentarios o adición al plan de desarrollo, tales como la gratuidad, como las bonificaciones ambientales, entre otras, las cuales hasta tendrían la posibilidad de comenzar inmediatamente; lo que se necesita al final es: voluntad. Siendo así las cosas, esta campaña por el referendo puede dejar ver, en trasfondo, una intención más política para el expresidente y su partido de recobrar aprobación en la población colombiana y no quedar desaparecidos en el mundo de la opinión pública. Cabe recordar que ya Uribe Vélez tuvo una experiencia en el 2003 al convocar un referendo similar, en aquella ocasión de 15 preguntas, una sola logró pasar el umbral, estando él de presidente y gozando de sus más altos niveles de popularidad. Esta vez ¿realizará una ardua campaña por el referendo?, ¿logrará tener el apoyo popular?,¿aumentará su popularidad?
