Uno de los problemas que impactan más fuertemente a los habitantes urbanos en Colombia es el temor a ser robados (a mano armada) en diferentes situaciones: en el interior de buses de servicio público, cuando se desplazan caminando por ciertos lugares, cuando se encuentran conduciendo su bicicleta, moto o vehículo particular, etc. Estos delitos son cometidos en su gran mayoría por jóvenes que no superan los 25 años y que deberían estar estudiando en un colegio, instituto o universidad. Muchos de ellos son reincidentes, según lo han podido constatar agentes policiales, cuando los pueden capturar in fraganti.
La ciudadanía se queja de la falta de protección estatal: no hay policías en los sitios donde pueden ocurrir este tipo de delitos, cuando se les llama llegan demasiado tarde o no capturan a los delincuentes. La Policía afirma que en muchas oportunidades los captura y los entrega a los operadores judiciales (fiscalía, jueces), quienes, increíblemente, los dejan en libertad. A su vez los jueces manifiestan que los dejan libres porque se presentan errores en su captura, la acusación no es suficientemente sustentada, los delitos no son tan graves como para ordenar su reclusión o, en últimas, que las cárceles están hiperpobladas y no hay donde meter tanto delincuente. En síntesis, el Estado no está en capacidad de proteger a la gran mayoría de los habitantes de las grandes ciudades. Lo único es “ no dar papaya” y “encomendarse” para correr con buena suerte en el día a día.
Ahora bien, en el rol de ciudadanos que sentimos temor en nuestras actividades diarias, porque estamos expuestos a este tipo de delitos podemos, además de quejarnos queremos hacer propuestas para que el gobierno tanto nacional como local las evalúen y eventualmente las implementen. A continuación presento una de ellas:
En el entendido de que la delincuencia urbana es una consecuencia del tipo de sociedad que han construido las generaciones anteriores y que nosotros continuamos, en alguna medida, construyendo, debemos ver a los jóvenes ladrones en su doble condición.. de victimarios, pero también de víctimas. Por ende, las medidas que implementemos no deben ser de “castigo” o de “venganza”, sino de rehabilitación social para ellos y de protección para el resto de la población. Atendiendo a esta directriz, mi propuesta es:
Construir “centros de rehabilitación”, que serían algo así como unas cárceles ligeras, no administradas por el INPEC, sino por el Bienestar Familiar o una entidad similar creada para este propósito. Allí serían conducidos todos los jóvenes que fueran encontrados robando por primera vez; se les identificaría, se ubicaría a sus familiares y se establecerían los motivos que tuvieron para dedicarse a la delincuencia. Después se les ofrecerían soluciones concretas: becas (incluyendo manutención y vivienda cuando fuere necesario) para estudiar o un trabajo digno
El muchacho/a solo podría salir de este centro, cuando se le haya construido la solución apropiada y se le pueda hacer un seguimiento que permita su rehabilitación efectiva e incorporarse a la “sociedad”; y si se constata su reincidencia, pues ahí sí cárcel pura y dura.
Muchos dirán que este tipo de solución costaría un dineral. Pues no creo que tanto... y si así lo fuera, valdría la pena que hiciéramos el esfuerzo... es una deuda que los más afortunados de esta sociedad tenemos con los más infortunados, en cuya suerte negativa tenemos algún grado de responsabilidad. Además, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestra tranquilidad?
Ah… y de ñapa, se podría implementar un programa similar para solucionar el problema de la mendicidad.
