Con el presente escrito se pretende hacer un recuento de algunos puntos de vista que tienen que ver con el rebrote del COVID-19, el tratamiento de los planes de vacunación, la reactivación de la economía y las probables incidencias de la crisis en las elecciones del 2022.
La actual situación sanitaria, caracterizada por el segundo pico de la pandemia y la incertidumbre de las vacunas, que había sido prevista por la comunidad médica y científica desde mediados del 2020, hace oportunas estas consideraciones a las cuales no les ha prestado la suficiente atención, dejando de lado propuestas esenciales para proteger al personal médico y a la población en general.
Sin una política estratégica para el manejo de la pandemia
Actualmente tenemos 2 millones de contagiados y 50 mil fallecidos, la mayor cifra de América Latina después del Brasil, debido en gran medida a que no ha habido una política adecuada para el control de la pandemia, de tal manera que las aglomeraciones de diciembre están pasando la factura de cobro por los excesos habidos durante las fiestas de navidad y de año nuevo.
Las decisiones del gobierno para que los colombianos salieran a comprar con el fin de reactivar la economía de los grandes almacenes de comercio, de restaurantes, y grandes superficies, en los días sin IVA y con el adelanto de la prima de navidad, resultaron contraproducentes y fueron una de las causas de lo que está ocurriendo actualmente con el segundo pico de la pandemia.
A lo largo del desarrollo del COVID-19, desde marzo de 2020, no hemos tenido una política de salud pública con una estrategia de corto, mediano y largo plazo para contener el virus, sino que se ha estado improvisando, experimentando, y dando bandazos como palos de ciegos, tratando de enfrentar con buenas intenciones la crisis sanitaria.
Desde un principio no se aceptaron las recomendaciones de la Federación Médica Colombiana (FMC), que proponían principios y programas prioritarios para contener la propagación del virus con medicina preventiva, con equipos de epidemiólogos, médicos, y trabajadores de la salud, haciendo los test y los cercos epidemiológicos a comunidades de poblaciones determinadas, con un pronto y eficaz análisis de los resultados de las pruebas, con el aislamiento de los casos graves y el seguimiento a los asintomáticos.
Tampoco se procedió oportunamente con el cierre de fronteras nacionales y con el tránsito entre ciudades, dejando circular libremente la población que no respetó los requerimientos y protocolos de bioseguridad en muchos lugares de la geografía nacional.
No se escucharon los reclamos de los médicos y enfermeros sobre la necesidad urgente de tener a la mano, con una amplia cobertura, todos los elementos de bioseguridad necesarios para la protección personal de los trabajadores de la salud.
No se tuvieron en cuenta oportunamente las experiencias de países como Taiwán, Nueva Zelanda, Uruguay, China, Australia, y Mongolia, que obtuvieron muy buenos resultados con los métodos preventivos de las pruebas masificadas, cerrando fronteras nacionales y en el interior en zonas determinadas, evitando así la parálisis total de sus economías.
La propuesta de producir alcohol, gel antibacterial, guantes, tapabocas, vestidos, botas y demás elementos de bioseguridad, por parte de la industria nacional, con el fin de proteger a los trabajadores de la salud y en general a toda la población, además como fuente de generación empleos en la industria nacional, no se aceptó con el argumento de la insuficiencia de los requerimientos técnicos para la producción de tales elementos, y en cambio se desmontaron proyectos de medianas empresas que ya iban adelante para favorecer contratos con compañías extranjeras que proveen estos elementos de bioseguridad.
La decisión de recurrir a las cuarentenas se tomó 20 días después de propagado el virus, y no se tomaron la cantidad de pruebas diarias suficientes y en forma planificada y sostenida, en las barriadas populares de poblaciones excluidas y marginadas de los estratos 1, 2, y 3, para controlar y poder tomar las medidas pertinentes en la contención del virus.
Los informes de la presidencia de la República con su programa “Prevención y Acción”, sobre la medidas de contención de la pandemia, con la presentación del presidente de la República durante una hora diaria por televisión, ha desgastado su imagen ante la opinión pública anunciando cifras sin resultados contundentes para el control efectivo del coronavirus.
El Instituto Nacional de Salud ha corregido positivamente el manejo de la información de las cifras y datos sobre el avance, desarrollo e intensidad de la pandemia, sobre la mortalidad y los contagios en los diversos lugares de la geografía nacional, hecho que tiene un significado fundamental para trazar los elementos científicos en la construcción de las políticas públicas sobre la contención y mitigación del COVID-19, mientras los epidemiólogos trabajaban en el la producción de la vacuna para la erradicación del coronavirus.
Las cuarentenas tienen que trabajar muy bien el equilibrio entre la producción de bienes y servicios y el cuidado de la salud, entre la economía y la contención de la propagación del virus. No puede ser que se le exija disciplina y aislamiento a las familias vulnerables de los estratos 1, 2, y 3, cuando no hay apoyo financiero suficiente que les permita estar encerradas sin tener que salir a buscar el sustento para poder sobrevivir con el rebusque diario de un trabajo informal.
Por eso los expertos recomiendan no volver a las cuarentenas generales a nivel nacional porque la población está cansada, deprimida, estresada, neurótica, con incremento de la violencia intrafamiliar y del feminicidio, con enfermedades mentales y sicológicas, en niños, jóvenes, y adultos mayores, sobre todo en los profesores, maestros, amas de casa, estudiantes y trabajadores de la salud, por la falta de dinero que se queda en las EPS y no llega a los hospitales, y por el agotamiento físico y mental.
Hay que hacer cercos epidemiológicos y control de pruebas con sus respectivos resultados lo más rápido posible, para poder ubicar a los agentes contaminados y contaminantes, y evitar el contagio con la propagación del virus.
En las cuarentenas sectorizadas se tienen que tener los equipos de funcionarios y los elementos básicos de trabajo de los epidemiólogos, médicos, enfermeros, y en general de los trabajadores de la salud, para que puedan estar en condiciones de acercarse a las comunidades de los barrios populares para detectar a los contagiados, haciendo una práctica de medicina preventiva para poder ubicar y tratar no solamente a los enfermos, sino también a los asintomáticos.
Las pandemias no se manejan solo con cuarentenas por decreto, sino cubriendo con financiación la asistencia de los equipos médicos y con la ayuda económica y social para el sustento de las familias, no solo con instrumentos de teletrabajo y de trabajo en casa, sino también con la renta básica universal por lo menos durante el curso de la pandemia, con computadores y conexión a internet para las familias vulnerables que no pueden acceder a ellos durante las clases de educación en el hogar.
El alto número de infectados y de fallecidos durante la emergencia actual, está mostrando con claridad el fracaso rotundo del gobierno en el manejo de las políticas públicas que ha venido adoptando en el curso de la pandemia del COVID-19.
El gobierno debió controlar desde un principio todo el cuadro sintomático de la situación sanitaria, completando la cuarentena con la construcción de una política pública de corto, mediano y largo plazo, para enfrentar la pandemia en forma estratégica, de manera que no tuviera atadas las manos a las contingencias del momento, solamente pensando en tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, sino también y principalmente, con aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, aplicación masiva de pruebas, entrega oportuna de resultados, aislamiento preventivo, camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), respiradores artificiales, que son muy importantes para contener la propagación de la pandemia y salvar la vida de los infectados, pero que no llegan a resolver el problema en forma definitiva como lo pueden hacer las vacunas, frente a las cuales no se tienen hasta el momento sino informaciones contradictorias del Presidente y del Ministro de Salud, con un profundo secreto sobre el los contratos y manejo de las vacunas que llena de incertidumbre a la opinión pública nacional.
De tal manera que se dejó en manos de las EPS la tara del control y contención de la propagación del coronavirus, entidades que no han aplicado oportuna y eficazmente las recomendaciones propuestas por los técnicos y científicos de la salud, quedándose con la plata de los colombianos sin cumplir a cabalidad con la tarea encomendada.
Tampoco hubo una estrategia integral para apoyar a personas, familias y comunidades en prevención y atención temprana, como la atención primaria en salud que hoy sigue haciendo tanta falta para el control del segundo pico de la pandemia actualmente en desarrollo.
Se propiciaron aglomeraciones para incentivar la economía de las grandes superficies, y la negativa a implementar la renta básica universal para los trabajadores informales, desempleados y sectores pobres y marginados durante las cuarentenas con sus respectivos aislamientos preventivos, por lo cual en muchos casos los objetivos de contención del virus fracasaron rotundamente.
Si los errores continúan con el tratamiento del segundo pico de la pandemia, también cosecharemos un rotundo fracaso. Si la aplicación de la vacuna no se acelera, no se adelanta y no amplía su cobertura con un enfoque de equidad social; si se sigue dejando en manos de las EPS el tratamiento de la pandemia, pues el futuro es incierto como lo es actualmente con las vacunas, pues estas entidades de comercio de la salud no están preparadas para enfrentar una pandemia como la que estamos padeciendo en estos momentos.
Ahora, cuando vengan las vacunas, estas deben ser priorizadas en los estratos 1, 2, y 3, teniendo en cuanta que la cantidad contratada hasta el momento es insuficiente para cubrir con la inmunidad de rebaño a todos los colombianos (ver: Semanario Voz-13-1-2021).
La aplicación de las vacunas, uno de los criterios para calificar a un gobierno democrático
Las empresas farmacéuticas, grandes centros multinacionales del gran capital y del manejo de las patentes, que han recibido la aprobación de las vacunas, deben ahora garantizar los miles de millones de dosis que se requieren para obtener la inmunidad colectiva que permita superar la pandemia y apalancar la reactivación económica.
Es aquí, en este segundo capítulo de la tragedia, donde van a aflorar las verdaderas capacidades humanitarias y las reales políticas públicas de los gobiernos que se dicen democráticos. Es con la administración de la vacuna como se va a demostrar la solidez del sistema de salud pública colombiano y la verdadera capacidad de este gobierno para salir adelante con la superación de la pandemia.
Se encuentra en primer lugar la vacuna Pfizer-BioNTech-Moderna, que requieren una temperatura de -70 grados centígrados para su conservación, cuestión que hacen muy costosas las cadenas de frío para su mantenimiento. De otro lado está la necesidad de entrenar y capacitar a un mayor número de personal médico y paramédico, además de la preparación de los sistemas logísticos para llevar a cabo la aplicación de la vacuna.
Si no le pagan a los médicos sus sueldos y prestaciones atrasados en muchas partes del país, se pregunta uno como van a financiar el nuevo personal, sin dejar de mencionar el costo de la vacuna calculado en un promedio de U$ 10.5 por cada dosis.
El otro problema serio es el acceso a las vacunas: se ha dicho en lenguaje cristiano que la vacuna debe ser universal, para toda la humanidad, pero la realidad se presenta de otra manera: los países más desarrollados están acaparando las primeras dosis de las vacunas, con el cuento de que primero están los “intereses nacionales”, mientras los países pobres y de mediano desarrollo luchan a brazo partido por asegurar sus primeras inyecciones.
En América Latina, Chile, México y Costa Rica ya empezaron a vacunar de una manera lenta, pero el hecho significativo es que ya arrancaron con este proceso de aprendizaje. El gobierno colombiano, en cambio, quiso asegurar el acceso a las vacunas con una estrategia que ya está siendo criticada por sectores de la opinión pública, del Congreso y de algunos alcaldes y gobernadores, que consiste en negociar directamente con las grandes farmacéuticas para contar con diferentes vacunas, y a la vez hacer uso del mecanismo multilateral COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene el sano propósito de que todos los países del mundo puedan vacunar a todos sus ciudadanos.
Pero el mecanismo de COVAX se está resquebrajando ante la alta demanda de la vacuna, y cada país está negociando y acordando directamente con las farmacéuticas en forma unilateral, lo que hace muy difícil su implementación solidaria desde la Organización Mundial de la Salud.
En estas condiciones no hay todavía plazos establecidos, ni cantidades accesibles, ni formas de comunicación clara y transparente entre los diferentes entes encargados de la financiación y administración de la vacuna, lo mismo en lo que tiene ver con los precios y con las formas de contratación con las farmacéuticas, situación que ha propiciado que arrecien las críticas y los requerimientos de algunos sectores, como por ejemplo, la moción de censura contra el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, que está promoviendo el senador Jorge Robledo, con el fin de que le explique a la opinión pública las condiciones de confidencialidad que, según su decir, le exigen las farmacéuticas al gobierno para poder llevar a cabo el perfeccionamiento de los contratos. Lo que algunos medios de comunicación empiezan a llamar “el secretismo gubernamental” en la compra de las vacunas.
El lunes pasado el Ministro de Salud anunció un programa mensual de vacunación en el cual indica que esta comenzaría en febrero con la vacuna Pfizer, seguiría en marzo con la adquirida por COVAX y continuaría con la AstraZeneca y Janssen, para un total asegurado de 29 millones de dosis para todo el año.
El anuncio es enfático en afirmar que todo es tentativo y depende de las empresas, con lo cual está dejando la sensación de que hablar de un programa de vacunación definitivo, no deja de ser por ahora una mera expectativa sin solución de continuidad.
Lo que sí está claro es que para dejar atrás la pandemia, la inmunización de rebaño es la única salida posible, pero todo está indicando que los tiempos van a ser mucho más demorados, y, mientras tanto, ¿qué va a pasar con la segunda ola de contaminación en Medellín y Bogotá? ¿Qué va a pasar con el segundo pico de la pandemia en el mes de febrero y marzo en la capital de la República y en la capital de la Montaña? ¿Qué va a pasar con las cuarentenas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y en el Departamento de Antioquia, donde ya empiezan a verse las contradicciones entre los diferentes mandatarios y los gremios económicos de la región?
Y qué va a pasar en Bogotá con las cuarentenas por sectores poblacionales, con los test en los barrios y el aislamiento de los infectados; con el copamiento del 90% de las camas USI, con la falta de personal profesional y técnico adecuado para atender estas unidades, sin los medicamentos indispensables para el tratamiento de estos casos críticos?
¿Qué va a pasar con la saturación de las camas UCI, con la logística e implementación de los respiradores artificiales y con la falta de personal médico y paramédico para la atención y tratamiento de los contagiados críticos por el COVID-19? ¿Qué va a pasar con la masificación e intensificación de las pruebas y de los análisis de sus resultados a corto plazo?
¿Y cuánto cuestan los contratos con las farmacéuticas para poder hacer uso del fármaco inmunizador? ¿Y cuáles son las entidades competentes para hacer el seguimiento, control y evaluación de los contratos y de los programas para la implementación y aplicación de la vacuna contra el COVID-19?
El fiscal, el contralor, el defensor, y la procuradora, no son los personajes más competentes por su independencia, objetividad e imparcialidad para supervisar las inversiones del régimen en esta época de pandemia.
Se tienen convenios para cubrir inicialmente a la población priorizada: “En el caso de Colombia, Fernando Ruiz Gómez, Ministro de Salud y Protección Social, afirmó que el país “ya suscribió con el mecanismo COVAX el contrato para adquirir vacunas de dos dosis” De igual manera se tienen convenios con Pfizer y AstraZeneca por cinco millones de vacunas de doble dosis con cada farmacéutica, y con Janssen, por 9 millones más de única dosis, para un total de 29 millones de vacunas para cubrir inicialmente la población priorizada, del total de 34 millones de colombianos sujeto de vacunación que permita generar inmunidad de rebaño en la población”
“Ningún país tiene la posibilidad de comenzar las negociaciones previas de acuerdo a los contratos de compra de la vacuna sin suscribir un acuerdo de confidencialidad, en atención a la información sensible que se está manejando”
Así las cosas va a quedar muy difícil hacerle seguimiento a estos contratos, pero no obstante, no queda otro camino que enfrentar el problema con las denuncias bien sustentadas sobre los eventuales malos manejos que se puedan presentar, y que de seguro se presentarán en la administración y desarrollo de los contratos y de la puesta en práctica de los millonarios programas de vacunación.
A lo anterior tenemos que agregar que la adquisición, administración y aplicación de la vacuna se va a desarrollar durante el 2021, año eminentemente preelectoral, por lo cual el tratamiento del COVID-19 se va a convertir en uno de los temas principales para las elecciones del 2022. O sea la campaña va a girar en torno a la vacuna, la reactivación económica, la generación de empleo y la reforma tributaria. (ver: El Colombiano-14-1-2021)
Medellín ya tiene su plan de vacunación
“Medellín ya tiene listo el plan de vacunación contra la COVID-19, en la medida en que se tengan las vacunas a disposición”. El descubrimiento del agua tibia. “La fase inicial está programada para las primeras semanas de febrero. Este viernes 15 de febrero inicia la preparación de los primeros 437 profesionales de la salud con la posibilidad de sumar 500 más desde la red de vacunación de Medellín en caso de ser necesario”
“La primera dosis se suministrará al personal de salud de primera línea y adultos mayores de 80 años. En la primera etapa, Medellín proyecta vacunar 90.000 personas. Son más de 76.000 personas mayores de 80 años. Esta información es muy importante porque de no haber tenido a Medellín me Cuida habríamos recibido 20.000 vacunas menos”, alcalde Quintero Calle.
Aunque esté pecando por exceso y ensillando sin traer las bestias, es mejor estar preparados para cuando las vacunas sean una realidad, que, como se ha dicho, es la única esperanza que tiene la humanidad para salir del coronavirus. La otra tragedia que se nos vino encima es la del cambio climático, pero este es un capítulo aparte que desarrollaremos en otra oportunidad (ver: El Colombiano-14-1-2021)
La imposición de las farmacéuticas lesiona la soberanía nacional
Se puede decir que el gobierno ha cometido tres graves errores, o por lo menos tan protuberantes que desnudan muy bien su posición de clase: desprecio de las propuestas de otros países del sur para lograr que las vacunas fueran un bien público internacional que estuviera exceptuado de las reglas de propiedad intelectual.
Costa Rica y Chile lideraron una propuesta en este sentido y Sudáfrica e India propusieron en la Organización Mundial de Comercio (OMC) una limitación a la propiedad intelectual sobre vacunas y tratamiento frente al COVID-19. El gobierno Duque no aceptó ninguna de esas propuestas. Por esta actitud los países han caído en una competencia nacionalista por las vacunas, que ha sido criticada por la OMC, pues está permitiendo de hecho a las farmacéuticas internacionales imponer exigencias extorsivas a los “gobiernos soberanos”
Además, en vez de reconocer esta situación y apoyar esos esfuerzos de multilateralismo de países como Costa Rica o Sudáfrica, o señalar que actúa por las exigencias y presiones de las multinacionales “el gobierno parece atrapado por el síndrome de Estocolmo con las farmacéuticas”, pues defiende sus exigencias como si fueran justas cuando no lo son.
Así lo hizo también el congreso con el trámite de la ley 2064 al defender la exclusión de responsabilidades de las farmacéuticas por eventuales daños producidos por las vacunas y lo hace ahora al defender la confidencialidad sobre los contratos; estas exigencias no son justas, son simples imposiciones por lo que el gobierno no debería justificarlas como si fueran apropiadas cuando no lo son. Lo más indicado sería debatir y buscar otras alternativas sin esas imposiciones y buscar el camino para promover negociaciones conjuntas con los países de América Latina.
Le falta claridad al gobierno nacional. El presidente tiene su programa televisivo de una hora diaria a las 6 de la tarde sobre el COVID-19, y esta es la hora que no obstante haciendo uso de esa cantidad de tiempo, no tenemos claridad sobre un tema tan esencial y tan importante como es la fecha de la iniciación de la vacunación en el país.
El primer mandatario anunció en diciembre que la vacunación empezaba entre enero y febrero de este año; ahora el Ministro de Salud dice que el gobierno nunca se ha comprometido con fechas de inicio de vacunación. Si no hay fecha aún determinada para el comienzo de la inmunización, el gobierno debió disculparse por haber mentido en diciembre, generando falsas expectativas y esperanzas de la vacuna en la opinión pública.
La pregunta es por qué no hay fecha de inicio de la vacunación si ya hay una vacuna aprobada y autorizada y, según lo dice el mismo gobierno, ya sabemos cuándo llegan las primeras dosis. Difícil desentrañar y entender tanto misterio, tanto secretismo y falta de claridad gubernamental.
Todos estamos muy interesados en que las vacunas masivas salgan adelante, “por eso el gobierno debería corregir los errores y buscar los consensos en este tema”, en vez de refugiarse en el silencio o en una actitud defensiva de descalificar a sus críticos como lo han hecho en estos días el presidente y el ministro de Salud y sus asesores; aunque viéndolo bien y sabiendo cuál es el carácter de este gobierno, es como seguir consumiéndose frente a la lámpara votiva de una esperanza inútil (ver: Rodrigo Uprimny, El Espectador-17-1-2021).
Mientras no haya ahorro ni inversión, la recuperación de la producción y del empleo no va a ser posible
La identificación de este grupo de portadores asintomáticos es muy difícil porque muchos de ellos no adquieren los síntomas de la enfermedad; el procedimiento de las muestras que antes se veía como un principio o antídoto infalible, pierde efectividad porque los contagiados no pueden ser separados.
La esperanza es que esta deficiencia se corrija con el tratamiento universal de la vacuna; de cualquier manera en este momento hay incertidumbre sobre su efectividad para detener el virus generalizado y en pleno auge en los países desarrollados del mundo.
En materia económica las cosas tampoco han ido tan bien. La cuarentena provocó una serie de efectos que no fueron anticipados por los grupos de estudios del Estado, de los gremios económicos, y de la academia. Se predecía que la fuerte reducción de la tasa de ahorro ocasionada por el confinamiento que suspendía la producción y el empleo, sería compensada por el aumento del endeudamiento externo.
La debacle solo se reconoce en abril cuando los organismos de estadística del gobierno y de la contabilidad de las empresas, se percataron de las caídas nunca vistas en la producción y en el desempleo; pero los errores tienden a repetirse: el argumento de que la caída del producto y del empleo se detendrían en el 2020, ha sido controvertido en forma terminante por los hechos.
En el 2021, incluso en el 2022, se registrarán niveles de producto inferiores a los niveles del 2019, y a la tendencia histórica. El drama está en que las clases dominantes del país se comprometieron de tiempo atrás con el modelo de crecimiento inequitativo que se tornó insostenible con las cuarentenas. El disparo de la pobreza al 48%, el aumento del coeficiente Gini a 0,55, el incremento del desempleo y la reducción de los ingresos del trabajo, han generado una fuerte presión para reducir rápidamente la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.
El gobierno ha anunciado que el déficit fiscal llegará este año al 8.5% del PIB, similar al de 2019 y muy superior al previsto inicialmente; a estas alturas no se sabe de dónde provendrá la financiación del déficit. En cualquier evento, agravaría la caída de la tasa de ahorro del 5% del PIB que viene de la globalización, el retroceso de los últimos cinco años y la cuarentena. Y mientras persista el desbalance entre el ahorro y la inversión, no será posible la recuperación de la producción y el empleo (ver: Eduardo Sarmiento, El Espectador-17-1-2021).
El gobierno Duque, un fracaso total
Del manejo de la pandemia se pueden sacar las siguientes conclusiones: Colombia ha sido uno de los países más golpeados de la región y el que ha tenido uno de los peores manejos de la crisis. Tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo, y sin embargo no se ha corregido nada.
En principio se contuvo la propagación del virus, pero ahora estamos con cerca de 50 mil muertos, que para febrero podrían ser 60 mil, y con cerca de 2 millones de contagiados a la fecha (20-1-2021). Todo ha sido un fracaso, y ahora estamos a punto de que en las principales ciudades del país el sistema sanitario colapse por falta de camas UCI y de personal idóneo, y de continuar con esta tendencia, en dos o tres semanas podríamos estar sumidos en una gran tragedia nacional, parecida a la que está ocurriendo en Manaos, Brasil, con el presidente Bolsonaro.
Las medidas económicas fueron pocas, insuficientes y tardías; la gente no pude vivir encerrada porque sus condiciones económicas no lo permiten. Las ayudas grandes llegaron en junio cuando ya la crisis había arrasado con miles de empleos, restaurantes y pequeñas empresas. Hoy, un nuevo aislamiento significa hambre para mucha población.
Lo más cuestionable en materia de salud es que el gobierno hace un mes habló de la compra de millones de vacunas. Inicialmente el Ministro de Salud dijo que desde enero se podría comenzar con vacunas de prueba, luego dijo que en febrero y, más recientemente, dijo que no se había comprometido con una fecha exacta, es decir, ahora no sabemos cuándo llegan las vacunas y ni cuándo se dará el primer vacunado.
Ni siquiera se conocen los contratos, hace apenas unas horas el Ministerio de Salud, en un comunicado confuso, dijo que la compra la hizo la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, una entidad cuestionada por múltiples casos de presunta corrupción, que fue la encargada de la compra, pero no aparecen los contratos.
Por último, no se aprovechó el tiempo que va corrido de la pandemia para la ampliación de las camas UCI, no se mejoraron las condiciones de los trabajadores de salud, y, nuevamente el sistema sanitario está a punto de colapsar si en los próximos días el número del ingreso no disminuye. Esto no solo pone en estrés el sistema sanitario, sino que demorará sensiblemente la recuperación económica.
En el mejor de los casos para finales de 2021, solo entre 15 y 20 millones de personas podrían estar vacunados, es decir, menos de la mitad de la población colombiana. Por eso “el gobierno de Iván Duque podría resumirse en una sola palabra: fracaso” (ver: Ariel Ávila, Pacocol-17-1-2021).
Acción política frente a la pandemia
Diversos gremios de profesionales y de trabajadores de la salud, organizaciones sindicales, de pacientes, y de instituciones académicas agrupadas en el Pacto por la Salud y la Vida, han manifestado que la situación actual por la pandemia en Colombia es grave y tiende a empeorarse.
Al iniciarse el 2021 los casos de contagiados están cercanos a los 2 millones de personas y los fallecidos por el COVID-19 llegan a las 50 mil personas. La crisis se ha acentuado por la celebración navideña y del nuevo año, cuando se impulsó la apertura de la economía poniendo en riesgo la vida de las personas.
La ocupación de las camas UCI en las ciudades más pobladas del país ha llegado al 90%, con la tendencia a crecer todos los días. El personal de salud se encuentra agotado por la insuficiente protección de bioseguridad y por la escasez de los medicamentos e insumos para la atención a los pacientes; los requerimientos del gremio de la salud sobre las extenuantes jornadas de trabajo remuneradas con míseros salarios, reciben como respuesta el silencio a sus peticiones o las hipócritas felicitaciones por su abnegada labor.
Los distintos sectores sociales y políticos que defienden el derecho a la vida y a la salud han denunciado la inoperancia del gobierno para prevenir, contener y mitigar las consecuencias de la pandemia, a tal punto que hoy tenemos el segundo pico de la pandemia en todo su furor. Las instituciones de salud manejadas por las EPS han demostrado su incapacidad para garantizar la salud y evitar la muerte de los pacientes afectados por el COVID-19.
Otro hecho que explica los desaciertos del gobierno es el compromiso que tiene con los intereses de los gremios económicos como Fenalco, Anif, y con las grandes empresas de la construcción, por lo cual la cuarentena ha sido limitada para favorecer a este último sector. Los toques de queda empiezan a las diez de la noche para favorecer supermercados, centros comerciales, restaurantes, bares y similares.
Los sectores democráticos y progresistas se suman a las organizaciones populares y de trabajadores de la salud que exigen del gobierno acciones eficaces para la contención de la pandemia, y también apoyan la propuesta del Pacto por la Salud y la Vida: declaración de cuarentenas territoriales rigurosas para reducir los contagios en los departamentos que enfrentan un colapso inminente de los servicios de salud; renta básica para las familias vulnerables que garantice la sobrevivencia en condiciones de dignidad durante la cuarentena, y apoyo económico real para las pequeñas y medianas empresas que generan la mayoría de empleo de este país.
El estado debe asumir la masificación de la toma de muestras del COVID-19 y la atención oportuna e integral de los afectados, recuperando los dineros públicos que las EPS reciben por estos programas, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica en todos los departamentos, distritos y municipios a través de los entes territoriales de salud, así como en la búsqueda activa de casos de contagio y el seguimiento de contactos en la comunidad.
La aplicación de la vacuna a toda la población priorizando no solo los criterios de edad y enfermedades preexistentes, sino también las condiciones socioeconómicas de las personas de los estratos 1, 2, y 3, y de los trabajadores, indígenas y afrodescendientes, que han soportado la mayor parte de la enfermedad y la muerte por la pandemia.
Es necesario el control de las camas UCI para garantizar que todos tengan acceso a ellas cuando las necesitan, y de la misma forma el uso de las ambulancias terrestres y aéreas, que deben de estar disponible para toda la población para que esta sea conducida con prontitud a las clínicas y a los hospitales.
Se tiene que exigir la pronta adquisición de los medicamentos necesarios para el manejo de todos los pacientes e igualmente se tiene que procurar la protección real y efectiva de los trabajadores de la salud, tanto femenina como masculina.
Somos conscientes de que estas exigencias solo podrán realizarse completamente cuando el movimiento democrático y progresista tenga conciencia y organización para asumir el poder político, mientras tanto seguiremos llamando a la unidad y agitando estas banderas democráticas de la lucha popular. El reto es entonces la potenciación para la movilización de las masas, para poder castigar en el 2022 a los responsables del manejo de la pandemia a favor del gran capital y en contra de los intereses populares (ver: Semanario Voz -13-1-2021).
La crisis de COVID-19 y la salida democrática y popular
En este nuevo año del 2021 seguramente se van a presentar manifestaciones ciudadanas en las calles y plazas de Colombia, exigiendo correctivos a las políticas públicas del gobierno nacional, en lo que tiene que ver con el tratamiento de la pandemia, con la aplicación de los planes de vacunación, con la implementación de la renta básica y con los planes para la reactivación de la economía.
En este sentido, es oportuno y necesario tener en cuenta la invitación a los sectores democráticos y progresistas para engrosar el movimiento ciudadano que tiene su expresión en el pacto por la salud y la vida, que aglutina la inconformidad de vastos sectores populares y de las llamadas capas medias, con el fin de instrumentalizar e implementar la protesta ciudadana de masas, que despierte la conciencia democrática del país frente a la situación de indignidad y de injusticia en que están sumidos las mayorías de los colombianos.
Por eso estamos llamando a adoptar como bandera de lucha las propuestas contenidas en el comunicado público “Colombia debe funcionar como un solo hospital”, propuesta para enfrentar la actual emergencia por COVID-19 en Colombia, de enero 8 de 2021, que los lectores pueden consultar en la Revista Sur, N.º 199, Semana 02 de 2021, firmada por la Federación Médica Nacional y 19 organizaciones de profesionales de la salud, con el siguiente contenido:
1. Medidas restrictivas sectorizadas.
2. Unidades de cuidado intensivo y talento humano competente e idóneo para su funcionamiento.
3. Rectoría y dirección del sistema de salud a cargo del Ministerio de Salud y las Secretarías Territoriales.
4. Salud pública y pruebas diagnósticas.
5. Sistema de información transparente, preciso y veraz para la toma de decisiones, planeación y generación de acciones.
6. Protección de talento humano en salud.
7. Abastecimiento de medicamentos.
8. Priorización para acceso de UCI ante colapso hospitalario (ver: “Comunicado Colombia debe funcionar como un solo hospital". “Propuesta Colombia un solo hospital”. Enero 8-2021.- Revista Sur-Semana 02- N.º 199- Año 2021).
Es hora de unidad, organización, y lucha ciudadana masas.
