Desde hace varios años el campesinado colombiano viene exigiendo ser reconocido como sujeto de derechos. A sus clamores porque se acabe el conflicto armado y el exterminio de sus líderes y lideresas, se ha sumado la necesidad de un reconocimiento que se exprese en la materialización de políticas públicas donde expresamente se adopten medidas para saldar la deuda histórica y garantizar sus derechos.
Un gran paso en el logro de estos objetivos se dio en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019) con la aprobación del artículo 253, en el cual se plasmó la obligación para que el gobierno nacional construyera una política pública para el sector campesino, y que esta además se construiría de manera participativa. Ese artículo incorporado en la ley, por supuesto no fue un regalo del gobierno de Iván Duque, ni de las mayorías del Congreso, fue un importante logro de la minga indígena y la movilización social que la acompañó en 2019, aunque fue apenas un mínimo logro frente a la propuesta más amplia que el campesinado había presentado para ser incorporada como un capítulo dentro del Plan titulado: “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”.
En julio de 2019 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recibió de la mano de varias organizaciones campesinas una primera propuesta de metodología para la construcción de la política pública, pero no la tuvo en cuenta y al contrario diseñó una contrapropuesta totalmente alejada de lo que proponían las organizaciones campesinas. Desde entonces y pese a que se realizaron reuniones y algunos intercambios, el proceso no ha avanzado y ad portas de que Iván Duque termine su periodo de gobierno, no hay verdaderos avances en la formulación de la política pública. Por supuesto eso no sorprende, pues si algo ha caracterizado al uribismo ha sido su sesgo anticampesino.
Pero además de lo que implica frente a los derechos campesinos que no se cuente con este instrumento, queremos indicar que esto también incide en la profundización del problema de la deforestación e impide avanzar adecuadamente en su superación.
La deforestación como un problema que crece
En los últimos años la deforestación en Colombia ha crecido de manera exponencial. Se estima que entre 2000 y 2019 se perdieron cerca de 2,8 millones de hectáreas de bosque natural y en particular un foco de gran preocupación es la Amazonía colombiana. Según información del IDEAM, en 2017 Colombia perdió 219.973 hectáreas de bosque natural, lo que significó un aumento del 23 % con respecto a 2016. En 2018 la deforestación se redujo en un 10 % y en 2019 el 19 %, en relación con el año anterior, pero las cifras continúan siendo alarmantes: en este último año se perdieron 158.894 hectáreas de bosque, el 62% de ellas en la región amazónica. En el último trimestre de 2019 fueron identificados 13 núcleos de deforestación de los cuales 3 se ubican en el departamento de Caquetá, 3 en Guaviare, 3 en Meta y 3 en Putumayo.
Las causas de la deforestación en el país están ampliamente identificadas y entre ellas se han destacado “la ganadería, agroindustria, cultivos de uso ilícito, extracción de madera, pastizales, especulación de tierras y minería”. También un análisis financiado por Reino Unido concluye que, la acumulación de tierras y la consolidación del modelo caracterizado por la desigualdad en la tenencia de la tierra ha sido uno de los grandes agentes de la deforestación, y en menor escala, el crecimiento demográfico, las grandes inversiones en infraestructura y la apropiación de baldíos nacionales representan un impacto en ello.
Este panorama configura uno de los mayores retos en materia ambiental que debía asumir el gobierno del presidente Iván Duque, y que no ha sido debidamente abordado. Lo que el gobierno nacional ha hecho es un poco más de lo mismo que se ha hecho en las últimas dos décadas en las regiones periféricas: aumentar la presencia militar del Estado y desplegar el aparato coercitivo afectando la situación de derechos humanos y generando nuevos problemas, sin resolver las causas estructurales del problema que se supone origina la intervención.
En materia de deforestación, desde octubre de 2018 se han impulsado varios operativos militares bajo la denominada “Campaña Artemisa” en los que se captura y judicializa a campesinas y campesinos, incluso también a indígenas por la comisión de presuntos delitos ambientales. Esto se ha visto agravado con la aprobación de la Ley 2111 de 2021 conocida como “ley de delitos ambientales”, que algunos sectores aplaudieron, pero que en realidad representa un ejemplo más del uso populista del derecho penal, porque si bien crea el delito de deforestación, penaliza también la promoción y financiación de la misma y se aumentan las penas para conductas asociadas, en realidad no ataca sus causas estructurales.
Además, aunque en el 2020 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la "Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques" y Presidente planteó una meta de sembrar 180 millones de árboles antes de agosto del 2022, no se ha considerado que sembrar árboles no equivale per se a crear bosques. Por tanto dado que la respuesta militar y coercitiva no es adecuada y que un programa de siembras sin medidas para su sostenibilidad tampoco lo es, la política pública del campesinado aparece como un elemento que podría contribuir más eficazmente a los objetivos propuestos de frenar la deforestación y lograr la regeneración del bosque perdido.
Una política pública para el campesinado que aporte a la conservación ambiental
Desde las organizaciones campesinas se ha planteado que la política pública para el campesinado debe responder a cinco dimensiones: territorial, cultural, ambiental, productiva y organizativa.
Además tiene dentro de sus objetivos que las actividades humanas se desarrollen en armonía con los ecosistemas, mediante el impulso del Gobierno de medidas para que la tierra se use de manera adecuada según su vocación y reconociendo el papel del campesinado en la conservación del agua y la biodiversidad. Así la política pública del campesinado aparece como una ventana de oportunidad para hacer frente a la deforestación.
En primer lugar porque aportaría en el cierre de la frontera agrícola al tiempo que se garantizaría la permanencia de las comunidades en el territorio en condiciones de dignidad. En segundo lugar porque aporta al reconocimiento de la contribución que las comunidades locales han hecho a la conservación.
En tercer lugar dado que otro de los ejes centrales de la política del campesinado es el tema de acceso a tierras y la sustitución de cultivos de uso ilícito, con estas se estarían impactando otros de los motores de la deforestación. Finalmente, la política pública del campesinado es una oportunidad en la lucha contra la deforestación porque se abriría así espacio para alternativas como la que representa la propuesta de “restauración productiva participativa” que permitiría que por ejemplo las familias ocupantes de la Amazonía “pudieran transformar sus sistemas de producción basados en la ganadería extensiva de baja productividad, hacia sistemas amigables con los bosques y la conservación y adaptaciones para que el sistema de áreas protegidas privilegie las categorías de manejo inclusivas con el campesinado, a través de sistemas de producción asociados a la restauración y manejo del bosque.”
Así, una política pública para el campesinado que reconozca sus diversidades y construida de manera participativa y democrática, aparece como una gran oportunidad para fortalecer los procesos comunitarios de conservación de las áreas de bosque del país y para avanzar efectivamente y bajo un marco de respeto por los derechos humanos en la lucha contra la deforestación.
Por eso hoy que nuevamente ante el Congreso de la República, en el marco de una Audiencia Pública convocada por diversas bancadas progresistas, organizaciones campesinas y varias organizaciones no gubernamentales se exigirá el respeto por los derechos campesinos y que se reactive la construcción de la política pública del campesinado, nos sumamos a ese pedido recordando la importancia de la dimensión ambiental en el proceso y los importantes aportes que puede hacer también al objetivo de preservar de manera armónica nuestros bosques y sus habitantes.
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Referencias:
- Así quedó en la norma: “Artículo 253. Política pública del sector campesino. El Gobierno nacional construirá una política pública para la población campesina. El proceso de elaboración de dicha política se realizará a partir de la recolección de insumos de diferentes espacios de participación que incluyan a las organizaciones campesinas, la academia y las entidades especializadas en el tema campesino, se tendrán en cuenta los estudios de la Comisión de Expertos del campesinado, entre otros. El proceso será liderado por el Ministerio de Agricultura con el acompañamiento del Ministerio del interior y el Departamento Nacional de Planeación. PARÁGRAFO. Una vez sancionada la presente Ley se iniciará la construcción de la ruta de elaboración de la política pública política pública del sector campesino.
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Esta propuesta la suscribieron la Mesa Campesina Cauca – PUPSOC, el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO – CUT), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) y fue presentada ante el Consejo Nacional de Planeación el 20 de diciembre de 2018.
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Las organizaciones campesinas entregaron el documento titulado “Propuesta para la ruta de construcción, ejecución, seguimiento, evaluación de la política pública para el campesinado colombiano”.
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Como ejemplo de esto se puede recordar que la posición oficial del Estado colombiano en diciembre de 2018 en Naciones Unidas durante la aprobación de la Declaración de derechos campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales fue de abstenerse de votar. Así mismo congresistas del Centro Democrático se han opuesto públicamente a las reformas constitucionales a favor del campesinado que se han tramitado en el Congreso en los últimos años.
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Ideam, 2020. Boletín de Detección Temprana de Deforestación No.21. Cuarto trimestre octubre – diciembre 2019 Recuperado de: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023884/21-BOLETIN.pdf
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Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – Rodrigo Botero (2021) Estado actual de la deforestación en Colombia: responsables, impactos y control desde el Estado. En: Revista Semillas No.77/78 Diciembre 2021. p.03-06
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KPMG, 2020. Análisis político y económico de la deforestación en regiones afectadas por el conflicto en Colombia: caso de Caquetá, Meta y Guaviare. Recuperado de: https://foronacionalambiental.org.co/publicaciones/detalle/kpmganalisispeadeforestacion/
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Como ejemplos de las últimas dos décadas se tienen las zonas de consolidación del primer gobierno Uribe (2002-2006) y sus versiones posteriores.
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Sobre restauración productiva participativa ver: http://tropenboscol.org/noticias/345/restauraci%C3%B3n+productiva+participativa+en+la+amazonia+colombiana#:~:text=Una%20restauraci%C3%B3n%20participativa%20facilita%20los,de%20todos%20los%20actores%20involucrados.
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Adriana Fuentes, Sergio Martínez, María Clara Van der Hammen y Carlos Rodríguez, 2021. Restauración productiva participativa como alternativa para frenar la deforestación y superar la militarización de la Amazonía, sin publicar.
