Se han abierto grandes debates respecto a la iniciativa legislativa que busca apuntalar la perspectiva de una paz completa como proceso de negociación y reconciliación en el país, involucrando muy diversos actores del conflicto. Al leer la iniciativa legislativa, le preocupan a diversos sectores de la opinión pública las complejas negociaciones parciales con muy disímiles actores de violencia; el problema es que así es la violencia que tenemos, con asimetrías, diferencias territoriales y con grandes cargas de acción delincuencial.
Hay mucha expectativa desde los niveles locales y regionales, respecto a los diálogos con actores con armados y a la participación activa de la sociedad civil para aterrizar la construcción de paz y reconciliación territorial; la disposición gubernamental expresada hasta el momento, sobrepasa el carácter consultivo y se ubica en la apuesta por dibujar la agenda de Estado y sociedad para concretar un camino de democratización y reconciliación social, que implicará diseñar un conjunto muy preciso de políticas sociales, que eviten la dispersión de la gestión pública y que ayuden a superar la matriz de desigualdades que potencian las violencias.
Ponderando esa vocación de diálogo, también es evidente que se necesita más integralidad y equilibrios en la propuesta, redefiniendo la agenda estratégica de la fuerza pública, persiguiendo el delito con más tecnología y con observación de los protocolos de DDHH; pero también diferenciando bien, cuándo es posible el sometimiento a la justicia de actores ilegales conectados de múltiples formas con la lógica mafiosa de la exportación de narcóticos y cuándo se está avanzando la tarea pendiente con los actores del conflicto social armado.
En medio de la conversación pública que abre la iniciativa de paz total, a la cual tendremos que estar atentos para ayudar a que el país se enrute con paciencia en los caminos aplazados de reconciliación, hay asuntos específicos del proyecto de agenda legislativa que pueden tener gran relevancia para cambiar nuestros males sociales; subrayo en esta ocasión que en el proyecto de ley para la Paz Total, se plantea el Servicio Social para la Paz como una alternativa para quienes no quieran prestar servicio militar.
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El servicio social alternativo tendrá una duración de doce meses y una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar
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Según la información de la propuesta presentada para el debate, el servicio social alternativo tendrá una duración de doce meses y una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar, los detalles específicos serían regulados por un reglamento que se elaborará en los meses siguientes a la posible aprobación de la respectiva ley de la república.
Hay cinco modalidades en que puede prestarse el Servicio Social para La Paz; tres de esos modelos se concentran en un servicio a la paz y la reconciliación, lo cual implicará fortalecer una cultura democrática y formar a la juventud en la mediación y superación de los conflictos por vía pacífica; estos se orientan a: 1. Promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. 2. Trabajar con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos 3. Aportar a la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
La cuarta modalidad se concentra en la protección de la naturaleza y la biodiversidad, lo cual nos concentra en enfrentar la contaminación de los ecosistemas que habitamos, en generar la protección de nuestros entornos y en contribuir en campos y ciudades a la adaptación al cambio climático.
La quinta modalidad promoverá la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, que iría en conexión con el propósito de disminuir la brecha digital que nos aqueja y en instalar, desde el aporte de las nuevas generaciones, una vinculación con las nuevas herramientas tecnológicas para la vida.
Queda, por supuesto, la puerta abierta para el servicio militar voluntario, pero al diversificar las opciones de servicio social de paz; también se deberá de avanzar en la transformación de un ejército más profesional y con mayor compromiso con la vía de la reconciliación y la inclusión social.
El debate central que se abordará en el escenario del Congreso remite a las condiciones institucionales, logísticas y educativas, para generar un proceso de formación cívica dirigido a los jóvenes que acceden a la modalidad de servicio social de paz. Los ministerios de Medio Ambiente, de la Igualdad en proceso de diseño y el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otros, serán entidades que tendrán que desarrollar una capacidad rápida al respecto.
Miles de jóvenes remisos, miles de adolescentes, que también encontrarían en esta nueva opción una oportunidad para direccionar sus potencias de vida hacia un proceso de mayor sentido cívico y de compromiso social, serían principales protagonistas de un giro en los destinos generacionales del país, para afrontar la lucha contra la violencia y la pobreza entre sus familias, vecindarios y entornos. Toca estar atentos a esta perla, en medio del mar de propósitos de paz.
