El señor Guterres, Secretario General de la ONU, señala de nuevo, en su informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de Paz que aún hay temas que se encuentran rezagados y otros estancados. La lenta gestión frente a los cultivos ilícitos, los asesinatos de líderes y lideresas reclamantes de tierras que siguen en mora de detenerse o de esclarecerse y la torpeza con que ha sido abordado el enfoque de género que tanto manipularon los enemigos del acuerdo son algunos de los puntos que generan alerta a la ONU. Resulta claro, que la paz estable y duradera no depende enteramente de este gobierno, depende también de nosotras y nosotros, de los colombianos que entendemos lo que eso implica, somos todos y todas quienes debemos alzar la voz, presionar para que ese objetivo se logre, es nuestra responsabilidad ciudadana e histórica y debe ser un compromiso con las generaciones futuras.
Si bien en su informe, el Secretario General de la ONU indica buena disposición por parte del gobierno, también manifiesta decepción con que el Congreso insista en no aprobar las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Por otra parte, en el punto 13, manifiesta que: La Jurisdicción Especial para la Paz continúa revisando las solicitudes de quienes desean someterse a su autoridad. Al 5 de octubre, 13.271 personas han firmado acuerdos de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, entre ellas 1.923 miembros de la fuerza pública, 11.303 exmiembros de las Farc-EP, 33 funcionarios públicos y 12 personas involucradas en detenciones relacionadas con protestas sociales.
En lo que se refiere a la restitución de los cultivos ilícitos, la ONU determina que el éxito en la reducción de la violencia y la inseguridad en las comunidades de las antiguas zonas de conflicto está inextricablemente vinculado al éxito en la lucha contra las economías ilegales que durante mucho tiempo han alimentado esa violencia y esa inseguridad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informó de que al 7 de diciembre de 2018, 99.096 familias se habían inscrito en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito previsto en el punto 4 del Acuerdo de Paz. Señala también que aproximadamente 32.929 hectáreas de coca han sido erradicadas voluntariamente de las 51.721 hectáreas registradas por esas familias. La tasa de erradicación voluntaria sigue siendo elevada: en torno al 92 % de las familias que recibieron los beneficios financieros iniciales del programa han erradicado sus cultivos. Informa, así mismo, que “Será importante que se mantengan los compromisos con las familias en el contexto de la nueva estrategia antidrogas del Gobierno y de la política integral “Paz con Legalidad”. De igual forma sostiene que Colombia tiene un desafío en la sustitución de cultivos, ya que en 2017 el país poseía el 70 % de cultivos de coca a nivel mundial.
En lo que corresponde al tema de los crímenes contra los líderes y lideresas sociales y de derechos humanos, Guterres indica: Me sigue preocupando enormemente que durante el periodo que abarca el informe se hayan seguido produciendo con impunidad ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Según el ACNUDH en Colombia, desde septiembre de 2018, se han corroborado 7 asesinatos y otros 22 casos están en proceso de verificación. Según informes del ACNUDH, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total. Estos asesinatos se concentran principalmente en tres departamentos: el Cauca, Norte de Santander y Antioquia. La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en zonas abandonadas por las antiguas Farc-EP y donde la presencia del Estado es limitada. Así mismo, indica: La situación de los líderes indígenas en Colombia merece especial atención. En las comunidades indígenas se ha producido un serio aumento del número de asesinatos, amenazas, casos de confinamiento, desplazamiento forzoso y reclutamiento forzado. En otro aparte, también indica con respecto a este tema: la seguridad en los territorios étnicos sigue siendo motivo de gran preocupación. En las últimas semanas se han producido múltiples asesinatos, que han afectado particularmente a los pueblos awá, embera chamí y nasa en los departamentos de Caldas, el Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Cabe anotar que en los pocos días de 2019, ya ha habido 6 nuevos crimenes. Por otra parte, en otro punto del informe, indica que 85 exmiembros de las Farc – EP han sido asesinados desde 2016, 14 de ellos entre septiembre y diciembre de 2018.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016,
se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales
y defensores de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total.
Otro de los puntos en los que el señor Guterres indica rezago se refiere al de perspectiva de género, sobre dicho aspecto señala: Durante el periodo que abarca el informe, se registraron tímidos progresos en la implementación de las disposiciones de género contempladas en el Acuerdo de Paz en lo concerniente a la reincorporación y las garantías de seguridad. En noviembre de 2018, el componente internacional de verificación del enfoque de género que se estableció en el Acuerdo de Paz, compuesto por ONU-Mujeres, Suecia y la Federación Democrática Internacional de Mujeres a través del Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, presentó su primer informe sobre los progresos realizados en la materia. El componente expresó inquietud por el ritmo de reincorporación de las mujeres excombatientes y por las garantías de seguridad de las lideresas y defensoras de los derechos humanos.
Finalmente en las consideraciones finales, Guterres expresa: Algo que es igualmente irrefutable es que la paz se enfrenta a serios obstáculos para su consolidación. Lo más preocupante es la inseguridad que se vive en varias zonas del campo, donde el número de líderes sociales que está siendo asesinado es alarmante, muchos exmiembros de las FARC-EP también han sido víctimas y el Estado, cuya presencia es necesaria, aún no ha llegado. Como también queda claro en este informe, el proceso de reincorporación ha tardado en cobrar impulso en muchos aspectos. Numerosos exmiembros de las FARC-EP siguen profundamente preocupados por lo que perciben como condiciones precarias desde el punto de vista jurídico, físico y económico; encomio la perseverancia de la gran mayoría que sigue colaborando en el proceso de paz y que está firmemente comprometida con su culminación. Lamento que también continúe la polarización en torno al proceso de paz. La reconciliación nacional sigue siendo incipiente, a pesar de los alentadores comienzos del sistema de justicia de transición, cuya autonomía debe respetarse.
Es urgente que el gobierno Duque asuma su responsabilidad con la consolidación de los puntos de la implementación que aún no avanzan o que no lo hacen con la eficiencia que se requiere, así mismo, es clave que se ejecuten los planes que tienen que ver con la seguridad, la prevención y contra la impunidad de los crímenes de líderes y lideresas de tierras, y de defensores y defensoras de derechos humanos.
Sin duda, la paz de Colombia, está en sus manos presidente Duque, pero también en las de todas y todos los colombianos y debemos asumir esa responsabilidad y ese compromiso.
