Lo que debe quedar claro entre todos los avatares que se mueven alrededor de la técnica del fracking es si la adopción de aquel le sirve o no a Colombia, entendiendo por Colombia no solo su privilegiado entorno ecológico, su ordenamiento jurídico sino la gran mayoría de los 48 millones de habitantes que se supone se beneficiarían de la nueva técnica de extracción de un recurso que pertenece a todos.
Porque los empresarios que viven del negocio petrolero no precisamente hacen hincapié de qué manera se favorecerá el país en su totalidad, sino que comienzan por demeritar, como en el caso de la reciente decisión del Consejo de Estado, la no autorización de las disposiciones administrativas emanadas del gobierno para hacer pruebas del fracking, mientras no sea legal dicho procedimiento. Que es apenas lo sensato dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pero que, dentro de la mentalidad libertaria de la economía que profesan sin miramientos nuestros hipercapitalistas, donde su visión económica aplasta todo lo demás, constituye un estorbo que amenaza, nada menos, que la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la estabilidad fiscal del país.
A lo que agregan, después de múltiples malabares mentales, que lo que se pierde por no echar para adelante, no podría ser recuperado ni con las más insólitas loterías, colocando al país al borde de la debacle económica. Como si no fuera en economías como la nuestra, llamadas subdesarrolladas, una constante estar permanentemente en aulagas, no obstante que todo el tiempo hemos hecho de la explotación inmisericorde de nuestros recursos naturales, el principal cuando no el único motor, no de desarrollo —categoría que ya a estas alturas no se estila entre nosotros— sino de exiguo crecimiento para una supervivencia cada vez más precaria de su medio ambiente y moradores.
Un proceso colapsado desde su partida en que nos hemos gastado toda la vida, distractor de otras fuerzas productivas mucho más constructivas y positivas, ya que ni la agricultura, donde contábamos con ventajas comparativas absolutas, ni la industria, luego de 70 o más años de favorecerse de las políticas del Estado, han salido con nada importante. Como no se haría hoy reiterando la matriz de explotar recursos fósiles de efecto invernadero como el petróleo cuando bordeamos una crisis ambiental, mientras desestimamos la implementación inmediata de energías limpias como sería lo razonable.
Pero todo lo anterior no importa, porque lo que está realmente en juego es el ingreso grande de divisas que generaría el fracking, al que apuntan los diversos grupos de poder del establecimiento para captar, en el sentido claro de extraer, de succionar, de apoderarse por medios que pueden pasar por productivos pero que en realidad no lo son, de un alto porcentaje de aquellas monedas duras, no para invertirlas en Colombia dando empleo y fomentando un desarrollo con perspectivas de éxito, sino llevándoselas para el exterior a alimentar cuentas que tienen que ver más con el destino familiar de los consensuados, una vez Colombia deje de ser un negocio redondo y se precipite en el caos.
Y este tipo de economías de corte neoliberal —que en vez de aportar riquezas al país, como se acostumbraba en el capitalismo productivo, las merman—, no es que no hayan sido estudiadas y denunciadas suficientemente y por largos años por grandes economistas, como para que se pueda hablar de desconocimiento de todo lo malo que dichas prácticas conllevan no solo para la economía real sino para la misma operatividad futura del capital verdaderamente productivo.
A comienzos del siglo XIX, cuando la llamada economía moderna hizo su primera aparición, desvinculando la teoría económica capitalista de la realidad que había fundamentado la clásica, y soportada en la propensión marginal a consumir y el encantamiento del dinero, un economista gringo, Thorstein Veblen, con su publicación Teoría de la Clase Ociosa (1899) previno sobre cómo este tipo de posturas teóricas darían finalmente paso a lo que después se llamó la clase rentista, antagonista y parásita de la clase productiva industrial, pues se alimentaría de esta para darse una vida excepcional que no se compadece con sus comprometidos aportes.
Luego de que John Maynard Keynes salvara la economía mundial de su más grande debacle en los años 30, propiciada precisamente por este tipo de agendas idealistas, donde los soportes nacían del marginalismo subjetivo y la manipulación del precio de las cosas en lugar de su valor, la economía moderna no desapareció ni se reformó como era previsible, sino que reapareció con ímpetus renovados para rechazar el intervencionismo del Estado que había reanimado la economía, e implantó, por medio de un selecto aquelarre académico global, el neoliberalismo, llevado luego a la práctica con la violencia pinochetista en Chile.
Un modelo teórico pretendidamente científico (algunos conciben como científico lo que prescinde de la realidad) que, a las fallas de base que heredara de la nueva economía, añadió el libertarismo de mercado orquestado por intereses financieros y la conversión del Estado en instrumento dedicado precisamente a favorecer el despliegue del rentismo especulativo dentro de la economía del país, como una forma respetable de atesorar riqueza.
Y en esa deplorable tarea está comprometido el Estado colombiano, en este caso el Ministerio de Minas, con la única excepción hasta el momento de su aparato judicial más alto, que parado en sus estructuras lógicas ha logrado evitar parte del desastre institucional, sin que se pueda hablar a futuro de que, ante la serie de amenazas, en buena proporción mendaces, sobre el futuro económico de los colombianos, este al fin se doblegue.
Porque como lo hemos visto, cuando ello sucediere y Dios nos libre, no solo continuarían perdiendo Colombia sus ventajas ecológicas —esta vez el agua— ya bastante disminuidas, su pueblo los verdaderos beneficios de un desarrollo sostenible y el mundo, sometido de hecho a una crisis climática que amenaza con tornarse irreversible, sino el capitalismo productivo, hoy en crisis por estas distorsiones libertarias, así viejos funcionarios del Estado las hayan declarado fracasadas ante las perspectivas extraordinarias que prometieron y quedaron en el aire y la mención del neoliberalismo se haya desterrado de la agenda pública.
Un desastre total para que simplemente se salgan con la suya, de manera injusta, unos cuantos aprovechados de ambos bandos —unos funcionarios oficiales y otros empresarios privados que se confunden dentro de la misma puerta giratoria— frente a lo que se merecen por su improductiva gestión frente a la economía real y a su gente.
