La presencia de un actor armado irregular, llámese guerrilla, paramilitarismo o delincuencia común, indica la precaria influencia estatal, substancialmente cuando estos grupos ilegales resuelven controversias, respaldan candidatos y administran justicia de manera autónoma en sus zonas de influencia, inhibiendo el rol estatal.
Pero esta persistencia de feudos irregulares de poder, jerarquización de mafias y cultura del terror, son motivadas por los esquemas de poder arraigados en la cultura colombiana, en el proceso posterior a la independencia, expresadas en modelos públicos y clientelistas que afectan el establecimiento de un poder estatal real.
En nuestro país, la administración de justicia carece de la presencia del Estado. No hay una institucionalidad capaz de hacer cumplir sus decisiones con imparcialidad. La recuperación despótica del monopolio de la fuerza, por medio del poderío militar solo ha venido a agravar el problema y plantear un reto mayor.
Para que los actores armados estén sometidos a la ley, se requiere que exista un Estado que respalde tal ley, pero ¿qué ocurre cuando ese Estado que debería ser justo, ecuánime, fuerte y protector, transmuta hacia un organismo de violencia crónica y perpetrador de abusos frente a la ciudadanía que debe proteger?
El monopolio de la fuerza degenera en una conducta patológica, en un Estado a la sombra, no solo colapsado y precario, sino completamente contrario a la naturaleza de su función, dejando de ser una democracia para convertirse en un paraestado, legalizado por la sociedad y la comunidad internacional.
El prolongado conflicto colombiano y el endurecimiento del aparato militar en Colombia trajo efectos adversos, ampliamente estudiados: masacres, desplazamiento, exterminio de comunidades, persecución a grupos políticos contrarios al establishment; perfilamientos, asesinato de líderes sociales, falsos positivos, maltrato animal y violaciones contra minorías étnicas. En todos ellos, los autores involucrados, reproducen la hegemonía de la fuerza que el Estado les provee por acción o por omisión.
Lo precario, ausente y patológico de nuestro Estado es fortuito, detrás de ello, emerge la figura de la burguesía criolla, el nacimiento de una república poscolonial con brechas sociales insalvables, la ausencia de un proyecto incluyente para los ciudadanos de la época y las siguientes generaciones. El capricho de esa burguesía criolla por perpetuarse en el poder arrebatado a la corona. Estos vínculos causales entre clases sociales, se perpetúan hoy. El narcotráfico, simplemente, acrecentó la brecha y fortaleció al establishment.
La precariedad, la marginalidad y la ausencia del Estado establecen una relación, opresor/víctima, que se traslada como ideología política a la masa social.
El Estado colombiano se escuda en el planteamiento del enemigo común, en el recurrente discurso de su esfuerzo por contener y disolver la insurgencia; como si en sesenta años de conflicto hubiese sido esta la única causa de la precariedad y el abandono estatal en las zonas periféricas del país; ignorando el hecho de que no existe una nación base con la cual constituir una república y el proyecto hegemónico de la élite criolla, sea de cuna o mafiosa, es el verdadero perpetuador de la violencia que recae sobre la masa social, pervirtiendo a las autoridades del Estado, encargadas de proteger, y convirtiéndolas en los principales responsables de las violaciones contra la sociedad, bien sea por la alianza con grupos irregulares o por acción directa de sus fuerzas.
Esta conducta genera un sentimiento de frustración que invectiva al ciudadano común a perpetrar a su vez, abusos físicos o ideológicos sobre otros, ante la ausencia o impunidad que reconoce por parte de ese Estado. Una patología a la que llamamos democracia.
