El Informe Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (2021) indica que las comunidades de América Latina y El Caribe están llenas de complejidades que se mueven entre una alta desigualdad y un bajo crecimiento económico, lo cual se ha evidenciado con la crisis causada por el covid, sin que este sea el causante de la acumulada y creciente pobreza sino fundamentalmente el visibilizador, destacando que los latinoamericanos somos conscientes de la percepción generalizada de la injusticia en la distribución del ingreso, en el acceso a los servicios públicos y en la falta de garantías legales, generando una inmensa frustración en la población.
En la misma dirección, el informe 'Crisis y captura: el descontento social en tiempos de pandemia en América Latina y el Caribe (OXFAM, 2021)' expone que la juventud está cada vez más desafecta del sistema y emergen, por un lado, nuevas voces desde movimientos sociales que apuestan por modelos alternativos basados en una democracia real, descentralizada, no institucionalizada e inclusiva; precisando que la captura es el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites extractivas, en favor de sus intereses y en detrimento del interés general, sobre el ciclo de políticas públicas y los organismos del Estado con efectos devastadores en la democracia y la desigualdad. El 73 % de personas perciben que se gobierna en favor de una minoría, el 57 % cree que su gobierno no hace suficiente contra la corrupción y el 65 % piensa que se gobierna exclusivamente para intereses privados. Como dijera Gaitán “Nos hallamos apenas en el período inicial de toda revolución: la emoción. Por eso no somos revolucionarios sino simplemente rebeldes, es decir inconformes”.
Mongabay, una página de información con noticias sobre conservación y ciencias ambientales, en su 'Informe de deforestación en Colombia durante los últimos 30 años' (2020), documenta que en este periodo se ha deforestado cerca de 7 millones de hectáreas de bosque, el 5 % del territorio nacional equivalente al área de Risaralda, Quindío y Antioquia. Tan solo el año pasado se talaron más de 171.000, comprometiendo la biodiversidad y la oferta hídrica, dirigidas en primer lugar a la ampliación de zonas de pastoreo para la práctica de la ganadería extensiva, que ocupa 38 de las 42 millones dedicadas a la agricultura.
Sumado a este crítico panorama, según Global Witness (2021), Colombia es por segundo año consecutivo el país con más asesinatos de ambientalistas (65), ocupando la tercera parte de los cometidos en el mundo, indicando que muchos gobiernos "no están protegiendo a los defensores ambientales: en muchos casos perpetran violencia contra ellos directamente y en otros podrían ser cómplices de empresas" interesadas en silenciar a activistas. Paralelo a esta lamentable estadística, el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Costa Rica, 2018), no fue ratificado por nuestro legislativo, que respaldado por el Consejo Gremial Nacional se negó a aprobarlo considerándolo no prioritario de la mano del gobierno.
Todo esto se evidencia en nuestro plano local, Colombia transita desde los primeros tiempos de la república por una corporativa consolidación de privilegios, que mirada desde una noción economicista, nos indica que el salario mínimo mensual equivale tan solo a un poco más del precio de 4 gramos de oro, pero según las estadísticas estatales (2021), el 42,5 % de la población se encuentra en una pobreza monetaria, pues subsisten con menos del valor de gramo y medio de oro, mientras que el 14,9 % vive en pobreza extrema y subsiste con un equivalente apenas mayor a medio gramo de oro. Es decir que es tal el empobrecimiento de la inmensa mayoría de nuestros coterráneos que no pueden atender ni siquiera las necesidades básicas como vivienda, salud, educación, infraestructura, servicios públicos. Además están lejos de resolver sus necesidades humanas fundamentales de las que nos hablara Manfred Max-Neef, como el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación y la identidad. Contrario a ello, tan solo el 1 % de la población concentra el 40 % de la riqueza en Colombia.
Esta deshumanizante realidad requiere un esfuerzo y un mayor compromiso político de toda la sociedad colombiana que sabe que es afanosamente necesario hacer un fuerte giro en la gobernabilidad, con una opción itinerante en el camino de construir un país distinto y mejor para salir en la búsqueda y consolidación de un bienestar general. En ese sentido, saludamos con entusiasmo la presencia del Pacto Histórico como una alternativa para conformar un nuevo congreso que confeccione de consenso con el país nacional una legislatura que redistribuya los beneficios de unos pocos en las manos de toda la población, en la fórmula de lograr que los poco privilegiados sean menos ricos para que el grueso de los colombianos seamos menos pobres.
En esta apuesta saludamos la llegada y el retorno de mujeres como Piedad Córdoba, que le apostaron a la consecución de la paz y de la libertad asumiendo un alto costo personal, en este país en donde al mulato Juan José Nieto la institucionalidad racista le blanqueó el rostro, para que la historia oficial no contara que en la mitad del siglo XIX también tuvimos como presidente a la Negra Negrura de la Negrería que invocaba el poeta Helcías Martan Góngora.
