En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —que surgen como una iniciativa de las Naciones Unidas para dar continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuya agenda adoptada por 193 países se denomina Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible—, es válido cuestionar las acciones que el gobierno, las instituciones públicas y los diferentes actores que convergen en el territorio nacional realizan en pro de su cumplimiento.
Dentro de los 17 objetivos planteados, se encuentra el objetivo número 16 denominado paz, justicia e instituciones sólidas.
En la coyuntura que atraviesa el país y aterrizando el foco en el 2019 hasta la fecha (sin olvidar los acontecimientos de años anteriores), las masas colectivas de diferentes sectores se han movilizado con más ahínco ejerciendo el derecho a la protesta en aras de tener respuesta por parte del Estado en la garantía de derechos, se han acrecentado las cifras de masacres, asesinatos a líderes y lideresas sociales, ambientalistas, jóvenes y excombatientes, así mismo se han puesto de manifiesto los escándalos de abuso de autoridad, la corrupción que siempre ha estado, pero que ahora es más visible, la que nos ha otorgado en el 2020 el puesto número 1 de los países más corruptos según índice divulgado por la U.S. News, y la que parece normalizarse y adherirse cada vez más al ejercicio de lo público, y por último y no menos importante, la “política” maniobrada para acabar con la JEP, la que tantas verdades nos ha revelado. Todo esto supone la deslegitimidad de las instituciones, el hastío por trabajar en pro de la paz y el panorama de una justicia vendada (no vendida). ¿Acaso este panorama no nos aleja del objetivo 16 de los ODS?, ¿será que dicho objetivo fue suprimido por Colombia?, ¿cómo el país ha de rendir cuentas respecto a este objetivo?
Ahora bien, que la atención esté puesta en este objetivo rezagado no quiere decir que los otros ODS estén marchando a la maravilla, pero se reconoce (si de esfuerzo se trata) de “amarrar” los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales al cumplimiento de los mismos, alineando los planes de acción a estos, haciendo visible que al menos los tienen presentes, sin embargo, se requiere de voluntades y acciones concretas y no superfluas que cumplan con las 12 metas inmersas en este objetivo 16, o “mínimamente” empezar por promover el Estado de Derecho, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, y crear a todos los niveles Instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, ¿Le quedará este objetivo grande a un Estado social de Derecho?
Aún queda camino por recorrer en la Agenda 2030, no obstante, es imperante el compromiso y cumplimiento de la misma.
