Las sorpresivas y masivas protestas sociales desatadas con la formidable movilización del 21 de noviembre del 2019 plantean grandes retos analíticos para las ciencias sociales críticas en Colombia en la perspectiva de ampliar y cualificar la actual oleada de acciones colectivas contra el neoliberalismo y las estructuras de dominación oligárquica.
Superar viejos esquemas
La protesta colombiana en curso exige, como lo señala Antón [1], una aproximación crítica de los límites y deficiencias interpretativas de las principales teorías que desde los años 60 del siglo XX han ofrecido una explicación de los movimientos sociales y la acción colectiva popular[2]. Me refiero al estructuralismo o determinismo económico; a la teoría de la estructura de oportunidades políticas, también estructuralista en su versión más rígida, que hace depender el movimiento de protesta de las instituciones políticas; a la teoría de la interrelación entre oportunidades políticas, amenazas y procesos ‘enmarcadores’; a la ruta teórica hacia una explicación más dinámica y relacional; a las insuficiencias del paradigma individualista postmoderno; a la unilateralidad del enfoque ‘cultural’ que revaloriza la importancia de los componentes subjetivos pero infravalora el peso de la situación de desigualdad social y los motivos socioeconómicos y de poder.
Paradigmas que vienen a ser sustituidos con varios criterios teóricos de un nuevo enfoque social y crítico para interpretar mejor las nuevas realidades, que partiendo de la singularidad del actual y diverso movimiento de protesta social, en esta nueva fase histórica, indica los criterios básicos para una explicación dinámica de la pugna sociopolítica y cultural de los sujetos en este contexto.
El análisis actual
Hoy, el análisis de los movimientos sociales y la acción colectiva debe tener en cuenta tres elementos:
1. Estructura de oportunidades políticas.
2. Razones o contenido de las protestas.
3. Cultura sociopolítica.
El primero se refiere a las posibilidades de poder articular y expresar la acción colectiva teniendo en cuenta las condiciones de cierre y/o apertura que facilitan o imponen el poder político y económico. El segundo señala los motivos de la protesta social y define los objetivos expresivos y reivindicativos y su orientación sociopolítica. El tercero contiene los grados y el carácter de la conciencia social, los valores existentes y las características de los actores y sujetos colectivos. Los tres están interrelacionados. Este enfoque más multilateral, dinámico y relacional, ha llevado a superar algunas unilateralidades en la interpretación de las actuales resistencias colectivas y la conformación de nuevos o renovados sujetos sociopolíticos.
La relación entre estructuras y sujetos
La apuesta es por una interpretación basada en la interacción entre estructuras y sujetos, por un paradigma social, relacional e histórico que parte del conflicto social, de la conformación de procesos de movilización social y cambio sociopolítico. Se trata de la revalorización del papel de la propia gente, de su situación, su experiencia y su cultura, así como de los sectores más activos y su representación social y política, es decir, de los sujetos sociopolíticos.
En síntesis, una interpretación dinámica y relacional de la protesta popular en curso.
Es la explicación de la dimensión y la orientación de la actual protesta, que no se pueden achacar a las ‘oportunidades’ en el campo institucional, sino todo lo contrario, a las ‘amenazas’ o agravios, a la importancia del problema socioeconómico y democrático y la responsabilidad de las élites dominantes por su agravamiento.
En ese sentido, como lo resalta Antón, las últimas elaboraciones de significados especialistas, han progresado en esa interrelación de las oportunidades políticas y los procesos enmarcadores, así como en una valoración dinámica y relacional.
La actual protesta popular es un proceso que combina la agresión socioeconómica (el paquetazo neoliberal contra las pensiones y el trabajo) y el autoritarismo político del poder (que pretende destruir los acuerdos de paz con el exterminio de los lideres) con una indignación profunda, asentada en una arraigada cultura democrática y de justicia social, y una ciudadanía activa y un tejido asociativo capaz de articular grandes movilizaciones sociales como la del 21 de noviembre y las sucesivas manifestaciones populares.
La vieja topología de los movimientos
Desde el contexto histórico conviene tener en cuenta que el actual movimiento social colombiano no puede interpretarse con simpleza desde lo que han sido los procesos clásicos de la acción colectiva.
En el plano histórico y teórico se había realizado una clasificación: viejos movimientos sociales (sindical, vecinal…) de carácter ‘socioeconómico’ y ‘redistributivo’; nuevos movimientos sociales (feminista, ecologista, derechos civiles…) basados en la exigencia de ‘reconocimiento’ de nuevos derechos y actores, y poniendo el énfasis, en algunos casos, en su carácter ‘cultural’.
El actual movimiento de protesta, al hilo analítico de Antón, se puede englobar en la experiencia más general de tres tipos de pugna sociopolítica frente al poder: procesos de cambio (político) democrático, contra la violencia autoritaria y la dominación y por la ampliación de las libertades políticas y la participación popular; de cambio social y económico de distintas dinámicas de desigualdad social, de transformación de la estructura socioeconómica y las relaciones de dominación sobre las capas populares y subordinadas, incluido pueblos oprimidos; de cambio sociocultural frente a la discriminación en diversos campos y distintos sectores sociales.
Los tres procesos se pueden combinar desde la perspectiva de una democracia política, social y económica más avanzada y frente a las relaciones de dominación u opresión que imponen las élites y capas privilegiadas o dominantes.
Pero hay que considerar que en las contiendas políticas y sociales, normalmente, aparecen por separado tres tipos de movimientos: movilizaciones o revueltas (solo) ‘políticas’ o democráticas, sin cuestionar el sistema económico y la desigualdad social; movimientos económicos (sindicales o redistribuidores), de defensa de derechos socio laborales, sin cuestionar el régimen político y su déficit democrático o infravalorando otros tipos de injusticias; nuevos movimientos sociales, con dinámicas de cambio cultural pero que también apuntan a diversas desigualdades u opresiones (de mujeres, étnicas…) dentro de las relaciones sociales, incluidas las internacionales (amenazas de guerra o inseguridad y de cooperación o solidaridad) y del medio ambiente.
Sin embargo, en la línea de Antón, el actual proceso de movilización no encaja en ninguno de los tres, es una combinación de ellos pero con una nueva dimensión global o sistémica, aunque vinculada también a realidades y reivindicaciones muy concretas y locales. Se basa en la percepción y la confrontación con la situación de sufrimiento popular y la nueva ‘cuestión social’, se enfrenta al autoritarismo político, se fundamenta en una cultura cívica de los derechos (humanos) sociales, civiles y políticos y apunta a una dinámica social más democrática y liberadora. Este deseo de cambio ‘universalista’ se ha ido combinando y nutriendo con exigencias particulares e inmediatas como las incluidas en el pliego de los 104 puntos.
La percepción de agravios específicos y conjuntos de injusticias exteriores hacen saltar al movimiento… estar hartos de una situación se asienta más que en otros movimientos en la existencia de una objetiva agravación del contexto. La gente decide que la situación es insoportable.
También hay que resaltar la interrelación entre diversos procesos: el agravamiento de las condiciones materiales de la mayoría de la población (no solo del ‘contexto’, como realidad exterior a las personas); la conciencia social de los agravios e injusticias (enjuiciadas desde unos valores democráticos y de justicia social, opuestos al discurso de la austeridad); el bloqueo institucional y el carácter problemático o insuficiente de la clase política gobernante como representante, regulador o solucionador de los problemas y demandas de la sociedad, y la necesidad de una acción popular que va creando una identidad colectiva diferenciada de las élites dominantes.
La causa del inicio y el desarrollo del proceso no es ‘externa’ a la propia gente indignada. Es la situación, la ‘experiencia’ y la ausencia de perspectivas (institucionales, económicas) de solución (más bien de su agravamiento), contrastadas con su propia cultura democrática y de derechos sociales, lo que genera la indignación, la oposición y la resistencia social de una amplia capa de la sociedad. La indignación es un proceso acumulativo a la situación anterior a la crisis, pero cobra un fuerte impulso con los dos acontecimientos y etapas de mayor impacto: primero, con el comienzo de la crisis económica y sus graves e injustas consecuencias, con un fuerte y masivo descontento popular.
La correlación de fuerzas
La causa de la movilización popular (progresista) no es la forma del régimen sino la relación de fuerzas entre los actores; es decir el conflicto entre unos gestores (de recortes sociales y democráticos), con un deterioro de su representatividad y legitimidad, y unos agentes representativos que encauzan las demandas ciudadanas existentes en ese momento. Esa interacción (lucha, acuerdos, equilibrios…) permite incrementar o debilitar la acción colectiva y/o la integración-represión y condiciona su proceso y sus resultados.
Los resultados de la contienda sociopolítica y la pugna cultural dependen de esa correlación de fuerzas. Vencer un poder débil, ilegítimo y dividido, o cambiar aspectos parciales y no sistémicos (de la estructura económica y de poder) puede ser suficiente a través de un movimiento popular menos potente, con menores aliados y con limitado apoyo social o presencia institucional. Al mismo tiempo, un movimiento social más consistente puede fracasar al tener enfrente a un poder más fuerte o aspirar a objetivos más ambiciosos (aunque pudieran derivar en otras ventajas reivindicativas, sociopolíticas, organizativas y de legitimidad ciudadana). El éxito o el fracaso de una dinámica de indignación y protesta social se deben medir en una doble dimensión: conquista reivindicativa a corto plazo; avances y retrocesos de las fuerzas en presencia, de sus capacidades y legitimidad, manifestados también de forma concreta e inmediata, y que favorecen o perjudican las transformaciones a medio plazo. Por tanto, los resultados en los dos planos dependen de la interacción de tres elementos: la envergadura de los objetivos planteados; la relación entre, por un lado, la capacidad, cohesión y apoyo social del movimiento y, por otro lado, la fortaleza económica e institucional y la legitimidad del bloque del poder, y los cambios en los equilibrios entre esos dos campos.
La mediación sociopolítica
En las actuales protestas es fundamental la mediación sociopolítica/institucional, el papel de los agentes y la cultura, con la función contradictoria de las normas, creencias y valores. Junto con el análisis de las condiciones materiales y subjetivas de la población, el aspecto principal es la interpretación, histórica y relacional, del comportamiento, la experiencia y los vínculos de colaboración y oposición de los distintos grupos o capas sociales, y su conexión con esas condiciones. Lo que supone una reafirmación del sujeto individual, su capacidad autónoma y reflexiva, así como sus derechos individuales y colectivos; al mismo tiempo y de forma interrelacionada que se avanza en el empoderamiento de la ciudadanía, en la conformación de un sujeto social progresista. Y todo ello contando con la influencia de la situación material, las estructuras sociales, económicas y políticas y los contextos históricos y culturales.
La movilización cívica, la protesta social, no se genera (automáticamente) por condiciones y medidas económicas o políticas ‘externas’ a la situación directa y real de las personas. La ‘causa’ del movimiento social no es una ‘estructura’ o un ‘contexto’, ni siquiera una agresión o un mayor sufrimiento (ante los que se puede reaccionar con miedo, sumisión, resignación o adaptación). En ese caso, la movilización popular, su origen, dimensión, carácter y continuidad dependería fundamentalmente de esos factores externos, estaría dependiente de ellos y sus agentes: a mayor sufrimiento, mayor resistencia; a mayores agresiones, mayores respuestas; o bien, lo contrario, a mayores ‘oportunidades’ (debilidad del poder) o ‘expectativas’ (elección racional), mayores movilizaciones. Es el conflicto entre los distintos sujetos sociales (o actores económicos y agentes sociopolíticos), el (des)equilibrio en la pugna entre ellos, lo que configura el proceso de la contienda sociopolítica o cultural, incluida la propia formación de cada sujeto social. El avance o el retroceso dependen de la relación de fuerzas entre ambos (o diversos) actores. No es, por tanto, el aspecto unilateral del grado de ‘oportunidad’ o debilidad que ofrece poder, o bien su carácter agresivo y amenazante, lo que explica el carácter y la dimensión del movimiento social. Tampoco, la gravedad de las agresiones o retrocesos materiales, económicos o sociales.
La explicación de la indignación y la protesta social pasa por la combinación relacional e histórica de las dos (o más) dinámicas en pugna. El impulso decisivo es la actitud de la mayoría de la sociedad y sus principales actores, confrontada a ‘su’ situación y la actuación de las clases dominantes. Se trata de comparar la fuerza ‘interna’ existente en la sociedad y sus sectores más activos o avanzados frente a la fuerza ‘externa’ del establishment, según su poder, cohesión y legitimidad. Esa capacidad popular de protesta y de cambio está condicionada por su posición social, por su ‘experiencia’ respecto a esa problemática y su percepción como injusta, al contrastarla con su cultura cívica, sus valores éticos y democráticos. Y para evaluar su capacidad movilizadora también hay que contar con sus recursos disponibles, sus formas expresivas, su apoyo social y sus expectativas de resultados en distintos planos.
Tilly es quizá el historiador más significativo en el estudio de los movimientos sociales y la contienda política y quién ha desarrollado y matizado más este nuevo paradigma interpretativo, conocido como “proceso político”, dice Antón.
Se trata de un modelo histórico estructural en el que cabe la influencia de las dinámicas culturales, pero que pone el acento en la idea de que la acción colectiva ‘depende’ del tipo de autoridades y estructuras del poder político a las que se enfrentan los sectores disconformes. En esta formulación más esquemática podría admitirse la expresión ‘depende’ o, en otros casos, ‘condiciona’ o ‘influye’, al no ser demasiado rígidas (como ‘determina’).
Para el análisis no se trata solo de tener en cuenta las ‘condiciones’ sino por qué y cómo se origina la acción: injusticia real y percibida (condición y subjetividad) y motivación de un actor para la demanda, creando nuevas oportunidades y produciendo el reajuste del equilibrio (correlación de fuerzas) de las relaciones sociales y de poder
Para elaborar una teoría social más dinámica sobre las protestas sociales hay que desarrollar el ‘proceso’ de conformación de, por un lado, los motivos y sujetos y, por otro lado, el bloqueo de las autoridades, que hacen conveniente o necesaria la protesta social para reivindicar las demandas insatisfechas y rechazar las desigualdades, las injusticias y los recortes o contrarreformas. No solo se encadenan ‘mecanismos’ (como la polarización social, la intermediación y la aparición de nuevos sujetos), característicos de la acción colectiva. Se interrelacionan distintos componentes:
a. Situaciones desiguales u opresivas.
b. Percibidas como injustas a partir de una cultura o unos valores.
c. Gestión o responsabilidad del poder, así como el mayor o menor bloqueo institucional, con oportunidades y/o amenazas.
d. Actores sociales.
e. Demandas populares de mejoras, igualdad, liberación.
f. Acción colectiva con su tipo, estructura de movilización, repertorios.
Es decir, con la doble interacción de esos elementos externos e internos, así como materiales y culturales, se puede construir un modelo más dinámico y relacional.
Son, pues, unos elementos teóricos para intentar interpretar las actuales protestas sociales colombianas.
[1] Este texto de análisis sobre las actuales protestas populares en Colombia se apoya y recoge la reflexión de Antonio Antón sobre las protestas populares ocurridas después de la crisis financiera del 2008. [2] Ver al respecto el siguiente texto de Pablo Iglesias.
