El pasado 25 de julio se radicó un proyecto de ley que busca regular efectivamente la publicidad de los productos comestibles ultraprocesados (PCU) y de alimentos que causan daño a la salud dirigidos a niñas, niños y adolescentes (NNA) colombianos. El proyecto parte de la base de que no es lo mismo un alimento que un comestible. Un alimento es un elemento que brinda la naturaleza que es rico en nutrientes esenciales para una vida saludable. Por su parte, un comestible ultraprocesado es un elemento fruto de un proceso industrial que tiene sustancias orgánicas como base, pero al que se han agregado otros productos químicos, y modificado otros que estaban en la composición natural. Generalmente son altos en calorías y tienen poco o nulo valor nutricional.
El proyecto cuenta con el apoyo del Representante a la Cámara Víctor Correa, del Partido Polo Democrático Alternativo, quien por ser médico entiende la magnitud de los daños a futuro que puede causar la mala nutrición de los NNA, teniendo en cuenta que se le está causando un perjuicio a las futuras generaciones del país. Para Correa, se trata de un serio problema de salud pública: “Hay una realidad epidemiológica en Colombia. Está aumentando de manera significativa la tasa de obesidad en niños, niñas y adolescentes. Buena parte de ese aumento está relacionado con los hábitos de vida y con los tipos de comestibles que se están consumiendo en los hogares. Estas decisiones de consumo son influenciadas por el marketing y la publicidad de la industria de los productos comestibles ultraprocesados, que se aprovechan de un montón de estrategias dirigidas a ese niño. El problema es que no lo tratan como un sujeto de derecho sino como un consumidor”, plantea el representante.
El proyecto plantea varios tipos de regulaciones a la publicidad dirigida a inducir o que tiene el efecto probable de inducir, por cualquier medio u soporte, el consumo de estos productos: uno es la prohibición expresa de la publicidad dirigida a NNA sobre PCU. Busca evitar el uso de muñecos animados, juguetes y demás elementos que distan del contenido real del producto. También se prohíbe la emisión de este tipo de comerciales en televisión en el horario entre 6 am y 11 pm. Hay sanciones tanto para las empresas que recurran a estas prácticas como para medios de comunicación que emitan dicha publicidad. De igual manera se busca prohibir investigaciones de mercadeo cuyo objetivo es conocer los hábitos de consumo de los NNA.
La radicación del proyecto tuvo lugar el pasado 25 de julio. Se espera que pase a debate.
El diseño del proyecto también contó con el asesoramiento de FIAN Colombia, perteneciente a FIAN Internacional, organización con estatus consultivo ante el Sistema de las Naciones Unidas que defiende el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas. Juan Carlos Morales, Director Ejecutivo de FIAN Colombia, va más allá cuando se trata de describir a la publicidad de PCU dirigida a NNA: “Yo hablo de publicidad dirigida contra NNA porque está suficientemente demostrado en la literatura científica, en los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y demás entidades, que el consumo de estos productos está directamente relacionado con la epidemia de la obesidad y por lo tanto con las enfermedades crónicas no transmisibles que impactan el futuro de nuestros países”.
Juan Carlos Morales también destaca que la iniciativa busca llamar al Estado a que cumpla su deber, pues actualmente está incumpliendo su obligación de proteger a la población ante la falta de medidas para controlar la publicidad, el mercadeo y el consumo de estos productos dirigidos a NNA. Morales asegura que se trata de una obligación de la que el Estado no se puede sustraer por privilegiar intereses de una minoría.
El proyecto contó con el acompañamiento técnico legal de Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, ONG Argentina que trabaja por derechos humanos, incluyendo alimentación saludable. Carballo tiene experiencia acompañando y observando procesos similares en distintos países de América Latina. Chile, Brasil, México, Perú y Ecuador han vivido experiencias similares y en cada uno de ellos la mayor dificultad que debieron sortear estas iniciativas fue la misma: “La mayor dificultad tiene que ver con la fuerte reacción del sector afectado, lo cual es predecible que va a pasar. El sector privado vinculado a la comercialización de PCU´s siempre ejerce presión para frenar estas medidas. En general hay argumentos vinculados a que el Estado no tiene las competencias ni la autoridad para limitar la venta de estos productos porque se vulneran otro tipo de derechos asociados a la industria y comercio”. Plantea Carballo.
El representante Víctor Correa coincide con Juan Carballo. De hecho, asegura que ya sintió la presión de la industria: “Ya lo vivimos con el trámite del impuesto a las bebidas azucaradas, que estaba dentro de la reforma tributaria, y que, aunque yo no la apoyé, tenía ese punto que me parecía acertado. Sin embargo, fue retirado de las comisiones por las presiones de la industria. Hubo que hacer un esfuerzo conjunto con organizaciones de la sociedad civil para traerlo de nuevo a debate”. Correa hace un llamado a la industria de no anteponer ganancia económica al bienestar de sus consumidores.
Para Juan Carballo el hecho de que se esté creando conciencia sobre el hecho de que la obesidad infantil se haya convertido en un problema de salud pública ya le deja cierta satisfacción personal: “Me parece muy valioso que este tipo de iniciativas tengan lugar no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica, pero mayor satisfacción vamos a tener cuando sean aprobadas e implementadas”.
