De manera muy propositiva y atendiendo sus compromisos en el programa de gobierno y en PND, el gobierno del presidente Gustavo Petro, determina buscar la aprobación de reformas sociales para el cambio.
Al menos señalemos seis muy importantes.
La reforma a la salud, que enfatiza en eliminar la intermediación financiera y laboral y en fortalecer la atención primaria. Ello recuperaría la salud como un derecho permitiendo sacarla de los grandes negociados y de la corruptela de las EPS privadas. Va para segundo debate en la plenaria de la cámara.
La pensional, que fortalece a Colpensiones con prácticamente el 90% de los aportes de los trabajadores, que saldrían de los avaros fondos privados, que no pensionan, con lo cual se puede mejorar un pilar solidario y semicontributivo para cerca de 4 millones de colombianos que hoy no reciben nada en su vejez. Si bien la reforma apunta en el sentido antineoliberal de los fondos privados, debe garantizarse el sistema de prima media en Colpensiones como expectativa legítima para quienes están en Colpensiones, elevando por lo menos a 4 salarios mínimos el umbral obligatorio para cotizar en Colpensiones. Se debatirá en la plenaria del senado su segundo debate.
La polémica reforma laboral, que no le gusta a los privilegiados de los empresarios, que han acumulado miles de billones de pesos en los 33 años de modelo neoliberal y gobiernos plutocráticos, la presentará de nuevo el gobierno a través de su Ministra Gloria Inés Ramírez en esta legislatura que inició el 20 de julio, dónde se consagra la estabilidad laboral, se elimina la intermediación y tercerización laboral, se recuperan el recargo nocturno, los dominicales y festivos y el contrato laboral de los aprendices, se formaliza el trabajo doméstico, rural y de repartidores y se consagran las libertades sindicales de los derechos de asociación, negociación y huelga en concordancia con la normatividad vigente de la OIT. Deberá transitar por la comisión VII de la cámara en su primer debate.
La reforma a la ley 30 sobre educación superior, es un compromiso con la juventud, para apropiar recursos que amplíen la cobertura y mejoren la calidad de la educación, garantizando la matrícula cero. Será presentada por la ministra de Educación muy posiblemente en el mes de agosto.
La Superintendencia de Servicios Públicos que preside Dagoberto Quiroga, prepara la presentación de la reforma a la ley 142 de 1994 sobre servicios públicos, que propondrá coto a las desaforadas tarifas impuestas por la voracidad de los oligopolios privados que prestan estos servicios y que tanto perjuicio causa a los bolsillos de los usuarios e incluso a las finanzas de sectores empresariales.
Y por último, en desarrollo de un acuerdo entre el MEN y la Fecode, que el anterior gobierno incumplió, se presentará un proyecto de acto legislativo para modificar la forma de establecer el Sistema General de Participación- SGP-, para recuperar los recursos con que antes contaba la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico en el año 2001, y que por sus recortes tanto en el 2001 como en el 2007, se han dejado de percibir más de $460 billones, con los consiguientes descalabros en eso derechos fundamentales de la población.
Estas dos últimas reformas serían presentadas entre agosto y septiembre.
Son reformas esperanzadoras para recuperar derechos de la mayoría de la población.
Se enfrentan eso sí a un trámite complejo en el congreso, pues se requieren mayorías que solo el Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes y otras vertientes de circunscripciones especiales de indígenas, afros y de paz, muy cerca al gobierno de Gustavo Petro, no alcanzan.
Se requiere un acuerdo nacional en el Congreso como lo ha señalado el propio presidente en la instalación de la legislatura el 20 de julio.
Descontada la oposición de la extrema derecha del Cambio Radical y el Centro Democrático, hay resistencia en los partidos Liberal, Conservador y de la U, para unirse a ese acuerdo
Descontada la oposición de la extrema derecha del Cambio Radical y el Centro Democrático, hay resistencia en los partidos Liberal, Conservador y de la U, para unirse a ese acuerdo
Para poder acercarse a esa situación el gobierno deberá hacer esfuerzos en poder conformar dicho acuerdo.
A los sectores sociales y en especial a los trabajadores/as y al sindicalismo les corresponde de una parte, aprovechar las elecciones territoriales del 29 de octubre, para incidir sobre los partidos de la bancada de los partidos tradicionales, llamándolos a aprobar las reformas, que es el sentir de la mayoría de la población, expresada en el Estallido Social y en las elecciones de congreso y presidencia del 2022. Y sin dejar de señalar que no habrá votos para quienes se oponen a las reformas.
Y de otra parte, acudiendo a reforzar y ampliar la movilización social en las redes y muy especialmente en las calles. La calle que es el escenario natural de las organizaciones sociales y sindicales para reivindicar sus derechos e intereses, y que frente a la competencia que hoy expone la extrema derecha, debe ser superada ampliamente. Es la lucha política callejera. Habrá que ganarla, para que las reformas se aprueben y los cambios lleguen a los territorios el 29 de octubre.
Posdata: un año del gobierno del cambio. Hemos aprendido que nos falta mucho. Toca persistir y no desistir.
Twitter: fabioariascut
