El texto del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera ha propiciado una gran variedad de lecturas e interpretaciones desde todas las corrientes y orillas. Algunos, por ejemplo, que añoran la guerra fría y las novelas de Forsyth y Le Carré, leen y gritan por la supuesta creación de una policía política tipo Stasi contra opositores del gobierno y de las Farc. Otros, como Héctor Abad Faciolince, se quejan por el abuso del lenguaje incluyente. También hemos sido testigos de lo que se pudiera llamar la “escuela de la no lectura”, la cual sostiene que la invitación a leer la totalidad de los acuerdos es una trampa propiciada por los partidarios del No para confundir, hastiar y suscitar reacciones negativas alrededor de los mismos.
Efectivamente, en las cerca de 300 páginas con sus temas variados y la multiplicidad de autores y redactores, hay material de análisis e interpretación para todos.
El Acuerdo, y las Farc como protagonistas del mismo, son un buen ejemplo de nuestro santanderismo y nuestro amor por las formas jurídicas. Después de medio siglo de luchar contra el “Establecimiento”, después de que señalaron, criticaron y desestimaron la Constitución de 1991 (y la de 1886) y de negarse a participar en el proceso constituyente que le dio origen, las Farc hacen protagonista de su final como grupo armado y de su tránsito a la legalidad a nuestra Carta Fundamental. El cuerpo del acuerdo contiene cerca de 40 menciones directas a artículos concretos e incluso a sentencias de la Corte Constitucional. No obstante las reformas que se vienen, se puede decir que la Constitución de 1991 logra, desde los aspectos generales pasando por el enfoque de derechos y llegando incluso a las interpretaciones del máximo tribunal constitucional, convertirse en la herramienta de construcción de paz que se soñó durante la gran crisis que le dio origen a finales de la década de los 80. Los constituyentes y el ministro de Gobierno de la época, (hoy jefe negociador), y los que creemos en la Constitución como una herramienta de transformación fundamental para nuestra sociedad, siempre lo hemos dicho.
Los textos demuestran que el abanico constitucional
y legal existente permite avanzar y sirve de herramienta
de construcción de paz y reconciliación
Las menciones a la estructura jurídica existente no se limitan a la Constitución, ya que los acuerdos también refieren y citan numerosas leyes existentes y señalan la necesidad de otras nuevas para la aplicación de lo acordado. Sobre el desarrollo agrario integral, por ejemplo, se cita la Ley 731 de 2002 para definir la mujer rural y sus derechos. En el mismo tema se retoma y reafirma la definición de Unidad Agrícola Familiar contenida en la Ley 130 de 1994. También de manera sorpresiva, pues no hay ni reparos ni críticas, se habla de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) por medio de la cual se concretó la desmovilización de paramilitares. En varios apartes se expresa la necesidad de que los procesos judiciales bajo la citada ley avancen en buena forma y de propiciar la cooperación y el trabajo conjunto con la Jurisdicción Especial para la Paz creada en este contexto. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, antes criticada por las Farc y por el uribismo, también tiene su espacio en los acuerdos y se cita para fortalecer y ampliar los procesos de reparación, restitución y retorno. El proceso con las Farc traerá cambios a nuestro ordenamiento, pero los textos mismos demuestran que el abanico constitucional y legal hoy existente permite avanzar y sirve de herramienta de construcción de paz y reconciliación.
De la lectura del acuerdo se concluye, igualmente que, no obstante su historia y a pesar de la retórica marxista-leninista que las Farc en otros momentos han soltado a fogonazos, en este texto le apuestan a un modelo para la ruralidad donde son centrales la productividad, el desarrollo de mercados locales (y hasta de exportación); la participación del sector empresarial; las tecnologías de la información y la necesidad de fortalecer el mercadeo, las finanzas y el encadenamiento productivo. (Ver punto 1.3.3) Incluso se proponen subsidios para los productores agrícolas con el objetivo de que “minimicen los impactos negativos que supongan la internacionalización de la economía y la liberalización del comercio.” Esta última frase bien podría ser parte de una norma comunitaria europea o de una ley americana y dista mucho de la “colectivización” o de la “demagogia agrarista” que se señaló desde la oposición.
El acuerdo es formalista, institucionalista y hasta progresista en temas de desarrollo económico. Nuestro reto como país no es legislar más. Nuestros grandes males no son producto de fallas formales o de errores en el diseño. Yo voy a votar por el Sí pero, la pregunta que tenemos que hacernos una vez leído el acuerdo es: ¿son estos los cambios que nos costaron más de medio siglo de barbarie?
