El reciente debate público que ha dado Colombia sobre la adopción igualitaria muestra un avance muy importante en términos de ciudadanía y derechos que, desafortunadamente, el Congreso de la República y la Corte Constitucional han sido incapaces de reconocer y apropiar con la altura que la discusión merece.
No quiero utilizar este espacio para contradecir las opiniones discriminatorias y violentas que políticos, profesionales, profesores y ciudadanos de todo tipo tuvieron la oportunidad de amplificar por el altavoz de los medios y las redes sociales en las semanas anteriores. Quiero comentar, en cambio, un acontecimiento que enlodó el debate y que, curiosamente, fue percibido como positivo por gran parte de la comunidad que se denomina a sí misma “activista” y defensora de los derechos de las minorías.
En Blu Radio fueron publicados algunos extractos de una clase de Derecho Constitucional del profesor Gabriel Mora de la Universidad de la Sabana. Los fragmentos fueron entregados, según el mismo medio, por estudiantes del profesor y exhibidos como “prueba” de una supuesta “agenda discriminatoria” de la Universidad. La clase de Mora fue mutilada, descontextualizada y utilizada en un entorno político muy distinto al espacio académico y universitario que la originó y que es, por definición, crítico y deliberativo.
Los comentarios a las opiniones de Mora no se hicieron esperar y casi todos ellos coincidían en criticar al profesor y a la Universidad. Sin embargo, pocos cuestionaron el hecho de que se publicaran esos fragmentos sin el permiso del docente y, peor aún, que se le sometiera al escarnio por cuenta de unas opiniones emitidas en clase y amparadas constitucionalmente por la libertad de cátedra.
Sé que a muchos autodenominados“críticos”, “liberales” y “demócratas” les ofende la idea de que los homofóbicos sean también sujetos de derecho, pero hoy debo asumir la incómoda tarea de defender al profesor Mora. No solo porque nuestra Constitución declara explícitamente que en Colombia hay autonomía universitaria, libertad de investigación y libertad de cátedra, sino porque creo que no defender estos principios hacen imposible el ejercicio docente, la investigación científica y la democracia misma.
El matoneo al que fue sometido el profesor Mora —y que muchos creen “merecido”— es, a fin de cuentas, una advertencia a todos los profesores del país: debes cuidarte de todo lo que digas en clase; los contenidos de tus asignaturas deben adecuarse a los valores de los medios de comunicación; tus opiniones no pueden resultar ofensivas para nadie y, por esto, te abstendrás de tocar temas espinosos como el terrorismo, la sexualidad, la religión y la política; solo emitirás conceptos que agraden al Estado de Opinión; dictarás toda clase como si se tratara de un programa de televisión o de radio; someterás tus programas académicos, tus metodologías y tus criterios de evaluación al sagrado criterio de los tuiteros y de los iluminados periodistas del país.
Dirán que exagero, pero en el momento en el que una legisladora como Ángela María Robledo le pide a la ministra de Educación —con una redacción francamente penosa— que tome medidas frente a las “prácticas de adoctrinamiento e iniciativación[¿?] a discriminaciones a LGBTI en la Sabana” hay razones para preocuparse. Si para defender a las minorías de la discriminación, los legisladores le dan al Ministerio facultades legales para regular los contenidos de las clases, violar la autonomía universitaria y sancionar directamente el ejercicio docente, la pesadilla de Fahrenheit 451 se habrá hecho realidad gracias a quienes debían conjurarla.
¿Esto significa que no podemos hacer nada contra los profesores que discriminan? No lo creo, pero en este caso puntual es importante preguntarse en qué medida el profesor Mora puede ser acusado de discriminación. Si se le demuestra a Mora que, amparado en sus creencias homofóbicas, ha excluido a estudiantes en sus clases o los ha evaluado injustamente, seguramente debe sancionársele. Pero lo que no puede ser sometido a regulación legal son sus opiniones, porque si abrimos la puerta a que el Estado dicte qué discursos deben de ser discutidos en el aula, pondremos en riesgo la existencia de las universidades y la democracia misma.
Si no defendemos hoy al profesor homofóbico, mañana no tendremos cómo defender a los profesores que en razón de sus opiniones sean tachados de “terroristas”, “comunistas”, “guerrilleros” o “abortistas”. Si la cultura académica debe dar paso a una cultura de la vigilancia del discurso y la delación de nuestras opiniones, creo que no vale la pena que existan las universidades.
Encuentro legítima la preocupación por qué tipo de juristas se están formando en Colombia. Pero también debemos recordar que la Universidad de la Sabana no es el único centro de formación jurídica en Colombia.
En medio de esta discusión, algunas personas me dijeron que no podía permitirse que sujetos como Mora dictaran clase, pues su “agenda” homofóbica reproduciría la espiral de la discriminación y la violencia en las nuevas generaciones. Curiosamente, este argumento de la “agenda”, ha sido esgrimido de manera reiterada por homofóbicos que creen que debería prohibírsele a los LGBTI ser formadores en jardines escolares y colegios. Según ellos, un sujeto gay o trans estaría siempre tentado a dirigir los procesos educativos de acuerdo con sus preferencias sexuales, por lo que se debería “proteger” a los niños de ser contagiados con estas conductas.
Uso este ejemplo para mostrar a los activistas que el imperativo ético debe ser aquí radical: no pelear jamás con las mismas herramientas del agresor. La lucha LGBTI no puede reafirmar los patrones de exclusión y violencia que la han hecho necesaria. Hay que resistirse a la tentación de identificarse con el victimario. Sé que no asemejarse a los violentos hace la lucha más difícil y desigual, pero también sé que la hace más digna. No hay que dar ni un paso atrás, así sintamos que perdemos el equilibrio.
