Con la demolición del edificio Aquarela en Cartagena, la empresa caleña Demoliciones Atila Implosión S.A.S., constituida en Cali en 2013, asentada en Jamundí y liderada por Hernán Felipe Valdivieso Quintana, preserva a la ciudad como patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco.
La demolición del edificio Aquarela ubicado en el Barrio Torices en Cartagena, prevista para iniciar hoy miércoles, pondrá fin a siete años de líos jurídicos que en este largo camino han dejado perjudicados de diferente manera a constructores, empresas como la Promotora Calle 47, el fideicomiso inmobiliaria Alianza Fiduciaria, los cerca de 900 compradores y a Cartagena que quedó en riesgo de perder su condición de ciudad patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco.
El encargado de esta difícil y polémica tarea es Hernán Felipe Valdivieso Quintana, representante legal de Demoliciones Atila Implosión S. A. S., empresa que también dejó en escombros las torres Space, Mónaco de Pablo Escobar, Bernavento y el Continental Towers de Medellín, este último construido por Lérida CDO y casi todos estos proyectos inmobiliarios con deficientes cálculos estructurales que pusieron en riesgo a residentes y propietarios.
Atila también tuvo a cargo la demolición del caído puente de Chirajara sobre la vía al Llano que meses antes se desplomó y causó la muerte de nueve obreros. Desde su fundación, la empresa ha estado al frente de las implosiones y demoliciones de 68 estructuras de alta complejidad.
Según su objeto social, Atila Implosión es una empresa dedicada, entre otras actividades, a la ingeniería de voladuras y demolición con explosivos controlados para la construcción de túneles, obras submarinas y civiles mediante la técnica de implosión y por eso, ahora tiene la responsabilidad de mitigar el impacto de la demolición del edificio Aquarela sobre las casas y construcciones centenarias aledañas en el centro histórico de Cartagena para que la ciudad no deje de ser patrimonio de la humanidad.
Hernán Felipe Valdivieso Quintana fue designada como como representante legal de Atila S.A.S en noviembre de 2020, la empresa tiene un capital autorizado de 600 millones de pesos representado en 60.000 acciones con un valor nominal de 10.000 pesos cada una. El valor del desmonte de Aquarela contratada por Fanny Guerrero, gerente de Edurbe, asciende a los $11.897 millones de pesos y se ejecutará en un plazo de seis meses.
Cómo se gestó el lío de Aquarela
Los promotores del proyecto Aquarela fueron los arquitectos antioqueños Lucas Tamayo, María Adelaida Llano y Tatiana Figueroa Zuleta, quienes constituyeron las sociedades Promotora Calle 47 y Promotora Rosedal a través de la cual impulsaron el proyecto de vivienda de interés social (VIS) situado en el Barrio Torices, sobre terrenos liberados por el Distrito de Cartagena en diciembre de 2013 y al que llamaron Aqualina y al parecer, concluyeron con éxito.
A partir de esa experiencia, la Promotora Calle 47 inició el desarrollo del proyecto Aquarela también de VIS y antes de radicar las licencias, solicitaron al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Ipcc) que ratificara que el predio donde se desarrollaría el proyecto no se encontraba dentro del área de influencia de ningún bien de interés cultural.
Los Promotores han argumentado siempre, ante el Ministerio de Cultura, la Procuraduría y diferentes organismos, que el Ipcc, mediante oficio del 4 de mayo de 2015, les confirmó que la manzana 186 del barrio Torices no se encontraba en el área de influencia del Castillo San Felipe de Barajas (Bien de Interés Cultural) y consiguieron las licencias de construcción para cinco torres del proyecto sin límite de altura en el área liberada para VIS.
Un año después de iniciada la obra y tras considerar que el proyecto inmobiliario interfería con el monumento histórico, el Ministerio de Cultura instauró una Acción Popular en contra del Distrito de Cartagena, la Secretaría de Planeación, la Curaduría Urbana Primera de Cartagena y la Sociedad Promotora Calle 47 S. A. S., solicitó además la suspensión de las licencias y de las obras ubicadas a una cuadra del Castillo San Felipe de Barajas.
Desde entonces, Aquarela ha tenido que enfrentar cuatro procesos: la Acción Popular instaurada por el Ministerio de Cultura, una Acción de Nulidad instaurada por la Procuraduría Delegada, un proceso policivo en la Inspección de Policía de la Comuna Nro. 2 y un proceso penal instaurado por la Fiscalía.
De acuerdo con lo contratado por Edurbe, Atila debe proteger el patrimonio cultural e histórico y reforzar la seguridad del Castillo San Felipe y las viviendas aledañas a Aquarela. Por eso, en vez de optar por el método de implosión, harán la demolición piso a piso para evitar impacto en servicios públicos, rompimiento de vidrios, sismicidad en la zona y hacer una adecuada gestión de escombros.
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