Los colombianos nos llenamos la boca denunciando cómo a través del proceso electoral se burla la voluntad popular y se irrespetan las minorías en América Latina. Casos como el ya vetusto de Cuba, el más reciente de Venezuela y el tragicómico de Nicaragua, son fuertes argumentos para decir que la democracia no son las elecciones y que nosotros somos un ejemplo del vínculo entrañable que debe haber entre la manera como se manejan las elecciones y el equilibrio de poderes en un Estado de Derecho.
A nuestro favor está el hecho de la legitimidad que se reconoce internacionalmente a los presidentes de la República. Pero Gustavo Rojas Pinilla dijo que Misael Pastrana se había robado las elecciones de 1970, Andrés Pastrana que se las había robado Ernesto Samper en 1994, Oscar Iván Zuluaga que se las había robado Juan Manuel Santos en 2014, y Gustavo Petro que se las había robado Iván Duque en 2018. O sea, ha habido un reiterado desconocimiento de la oposición derrotada a los resultados electorales, y aún hay quien busque razones de la poca legitimidad del sistema democrático entre nosotros.
Sin embargo, el sistema electoral anda mal que bien y las acusaciones han estado más orientadas a la financiación ilegal de las campañas que a los fraudes en el conteo de votos, que también los ha habido. Algún analista pérfido, para defender la legitimidad de las elecciones en tiempos del Frente Nacional, decía que los fraudes de los unos compensaban los fraudes de los otros y el resultado final reflejaba el verdadero querer de la gente. Hay que reconocer que idos están los tiempos del Registro de Padilla cuando don Juanito Iguarán, cacique electoral de la Guajira, llenó un acta con 45 electores, la mitad sin representación legítima, firmada en blanco por los compromisarios que iban a elegir presidente de la República en 1904, lo cual le dio el triunfo al General Rafael Reyes, en medio de un escándalo del que a duras penas salió bien librado.
A pesar de los avances, en el proceso electoral colombiano hace falta algo que es muy elemental y ha sido propuesto sin éxito muchas veces: la financiación estatal y exclusiva de las campañas, que equilibrarían la competencia y la despojarían del carácter de danza de los millones que tiene hoy. Nadie está interesado al parecer (y el fenómeno es más o menos universal), ni los candidatos, ni quienes tienen interés en financiarlos para cobrar luego los favores otorgados, ni quienes quieren “proteger la democracia” de los embates del populismo o el fascismo. Para todos ellos el tope en los gastos y la limitación de los aportes privados es un obstáculo que hay que superar de alguna manera.
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Los partidos políticos organizados, que los hay, son solo un parte del espectro electoral, cuando debería ser la totalidad
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Así y todo, el desborde actual en la financiación de las campañas es solo el reflejo de la manera como está desorganizada la política. Dos cosas. La primera, es el hecho de que los partidos políticos organizados, que los hay, son solo un parte del espectro electoral, cuando debería ser la totalidad. Aunque siguen mandando. Podría pensarse que el triunfo de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, en la elección presidencial de 2018 se debió en buena parte a que tanto el Centro Democrático, como el Partido Conservador, que respaldaron esa fórmula, eran partidos organizados donde hubo un proceso de selección de sus candidatos y unas organizaciones electorales nacionales, con financiación estatal, que los respaldaron.
Ambos partidos viven hoy procesos semejantes, el Conservador ya escogió a David Barguil como su candidato y el Centro Democrático está en ello. Y la gente se sorprende de que les vaya tan bien. El resto del paisaje está muy nublado, aunque cada partido existente se ha propuesto escoger un candidato a su manera, lo cual es una sana tendencia de fortalecimiento de la política en Colombia. Sólo que quedan por fuera grandes movimientos de opinión e innumerables candidatos sin financiación estatal, en manos de sus acreedores, dentro de ese fenómeno perverso de la disolución de la política que es la recolección de firmas. Si todas las candidaturas se tramitaran dentro de los partidos el estado de salud de la política sería otro.
Y la segunda, es la absurda invención de las circunscripciones nacionales para el Senado que convierten esas campañas en pequeñas campañas presidenciales de costos millonarios, lo cual deja a los candidatos en manos de sus financiadores, legales o no, cuando cada departamento debería tener dos senadores que lo representen y unas cuotas adicionales dependiendo del tamaño de su población. Así que no es que en Colombia se roben los votos, ni que los inventen, ni que se cierren los canales de participación, ni que se encarcele o exilie a los opositores, que es lo que supuestamente nos convierte en una democracia “modelo” en América Latina, comparada con lo que hay, sino que los votos se han vuelto demasiado caros. Una democracia impagable.
