Los comicios legislativos del 11 de marzo estuvieron pasados por un sinnúmero de quejas y reclamos, que apuntaban directamente a una misma razón: la falta de tarjetones correspondiente a la consulta interpartidista de la derecha y la izquierda. Esta situación llenó de indignación y desconcierto a cientos de ciudadanos que se acercaron a las urnas con la firme intención de poder elegir el candidato de su preferencia para las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo.
Los medios de comunicación y las redes sociales no se hicieron esperar a la hora de publicar la guerra de comentarios malintencionados y la aseveración de juicios que solo apuntaban a temas de corrupción y de robos de dinero por parte de la entidad encargada del ejercicio electoral en Colombia: la Registraduría Nacional, sin dejar atrás la entidad que gira los recursos, el Ministerio de Hacienda. Estos empezaron a viralizarse, haciendo que los demás medios tradicionales empezaran a emitir información pertinente al caso, generando una ola mediática durante las elecciones y a su vez reproduciéndose las diferentes denuncias de los diferentes candidatos y ciudadanía en general por la falta de garantías en el proceso por parte de la entidad encargada, intentando utilizar medidas de emergencia como la de permitir votar con tarjetones fotocopiados y en la que Alejandro Ordóñez planteó la ampliación de la jornada electoral.
Según la Registraduría, el problema de la falta de tarjetones para las consultas en las mesas de votación solo afectó 26 de los 11.229 puestos a nivel nacional, esto es el 0,23 por ciento del total.
Cabe mencionar que un solo ciudadano no pueda ejercer su derecho al voto es grave, pero a la luz de estas cifras el daño parece menos trascendental. Sin embargo, el episodio lo magnificó el hecho que la falla se diera principalmente en zonas de votación tradicionales de Bogotá y Medellín, y que tienen alta atención mediática. No obstante, el problema se habría extendió en un total de ocho capitales y algunos municipios más del país.
¿Cuál es la percepción de los ciudadanos colombianos luego de este garrafal error que aparentemente cometió la Registraduría Nacional? Se especulan diferentes versiones, las cuales apuntan a hacer quedar mal al Ministerio de Hacienda, que es la entidad encargada de girar los recursos, afirmándose que no se había entregado el suficiente dinero para tal fin. Pero al mismo tiempo, se tildaba a la Registraduría, en cabeza del registrador nacional, Juan Carlos Galindo, como único culpable de mal ejercicio electoral, quien se excusó diciendo que no se imprimieron los suficientes tarjetones, buscando ahorrar recursos, teniendo en cuenta el abstencionismo de las pasadas consultas interpartidistas.
Es así como el balance arrojado en este proceso electoral fue negativo, poco favorable para la democracia en Colombia y sobre todo, generándole a la ciudadanía más desconfianza por esta entidad, la cual en estos momentos está en el ojo del huracán y padece una crisis imagen, en la que la credibilidad y las expectativas para los comicios presidenciales que se avecinan están por el suelo.
El Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, reaccionó salvando su responsabilidad y ofreció respaldo a la autoridad electoral en las decisiones que se tomara. El hecho, de todos modos, dejó una imagen de precariedad organizativa y logística que luce imperdonable, sobre todo en un momento de posconflicto y destape de corrupción, donde el país está políticamente dividido e incrédulo, con un alto nivel de desconfianza por parte de las gestiones y procesos que llevan a cabo las entidades gubernamentales.
