Alto es el precio que en Colombia pagan quienes asumen la defensa de derechos, pero alto también es el que pagamos como sociedad, ya sin Teófilo Acuña y sin Jorge Tafur; sus asesinos esperan que les sea más fácil continuar arrasando el Magdalena Medio, en tanto el Estado, “sin querer queriendo”, juega de cómplice, unas veces activo, y, otras, pasivo.
Barrancabermeja, amorosamente reconocida por muchos como “la hija del sol”, es la capital del Magdalena Medio, una región anclada en el corazón y en la historia del país, gestora de los derechos labores, es cuna de expresiones valiosas de la fuerza de las mujeres que se negaron a seguir pariendo hijos para la guerra y de comunidades campesinas que desde hace más de 30 años luchan contra el despojo de sus tierras.
El Magdalena Medio con una extensión de 31.181 kilómetros, está integrada por 32 municipios que, asentados en las márgenes izquierda y derecha de la parte central del gran río de la Magdalena, forman parte de siete departamentos. Bañada por 889.000 hectáreas de complejos cenagosos y cerca de 205 ciénagas, cuenta con más de 1.5 millones de hectáreas de bosques y sabanas naturales[1].
Sus cerca de 879.000 habitantes, en su mayoría rurales, que reivindican su cultura anfibia, viven y sufren hoy la transformación de su paraíso terrenal, 56% de su territorio ha sido transformado, sus coberturas naturales ahora son pastizales del ganado vacuno y bufalino, la agricultura es escasa, con apenas el 7% del territorio, la pérdida de recursos ictiológicos es de más del 99%, se han deforestado más de 200.000 hectáreas solo entre 2000 y 2010 y (…) se han reportado con algún grado de amenaza 16 especies de reptiles y anfibios, 26 especies de aves, 15 de mamíferos, 28 de peces y 21 especies de flora”.
Como resultado sus habitantes han vivido el aumento de la frecuencia y la magnitud de las inundaciones mientras enfrentan que (…) cerca de 15.000 familias que habitan la llanura aluvial de la cuenca media del río Magdalena y que derivan su sustento exclusivamente de la pesca” enfrentan una “…crisis económica y alimentaria”[2] junto a las familias campesinas que construyeron un modelo de vida polivalente (combinación de agricultura, pesca, ganadería a pequeña escala, minería artesanal y aprovechamiento maderable), hoy en proceso de desaparición.
Para oponerse a esta destrucción, al despojo y a la pobreza que así se produce, las organizaciones campesinas se vieron obligadas a convertirse de hecho en defensoras de Derechos Humanos. No solo defienden su acceso a la tierra y su derecho a permanecer en el territorio, también se oponen a la desecación de las ciénagas y humedales para imponer la ganadería, a la apropiación de bienes comunes como los playones y al robo de los baldíos que, al ser propiedad de la nación, son suyos, míos y nuestros.
La defensa de derechos que asumen estos grupos campesinos rebasa la mera pelea por la tierra para abrazar causas más públicas, como el derecho a la paz, y en ella se ven enfrentados a poderes regionales donde la corrupción es tradición y donde lo legítimo es crear, llevar o financiar grupos paramilitares para que desplacen y despojen a los campesinos para luego apropiarse de las tierras; por ello estas organizaciones locales se articulan en escenarios regionales como la Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Bolívar y del Cesar, que abrazan sus causas y las hacen suyas, les brindan visibilidad nacional, apoyo jurídico y sostenibilidad en el tiempo incluyéndolas en el diálogo y negociación que sostiene, interrumpidamente, con el gobierno nacional desde hace más de 15 años. Teo y Tafur cumplieron este papel con las comunidades campesinas y mineras del Magdalena Medio, como dignatarios de la Comisión.
Tal y como lo cuenta Verdad Abierta, el asesinato de Teo y Tafur, se enmarca en esta realidad. “Según las comunidades ribereñas del río Lebrija, durante el auge paramilitar los terratenientes empezaron a desecar las ciénagas desviando afluentes y montando jarillones de kilómetros de tierra”[3]. Entre ellos sobresale Alirio Díaz, “…mencionado en la Sentencia del 11 de diciembre de 2015, por haber recibido apoyo paramilitar en su pretensión de llegar al Concejo del municipio de Terraplén en los años de dominio del Frente Héctor Julio Peinado”[4] y, sancionado por CORPOCESAR en 2006, cuando por primera vez se le ordenó destruir, en un plazo máximo de tres meses, los jarillones y el caño artificial, construido en la Ciénaga el Congo (Resolución 013 del 12 de abril) y, por segunda vez el 15 de noviembre de 2012, cuando de nuevo CORPOCESAR le impone otra sanción ambiental junto a cinco personas más (Resolución 201 de 2015) conminándolos a suspender las actividades de pastar ganado, destruir las murallas y jarillones construidos ilegalmente y suspender las excavaciones o trabajos con los cuales se está extrayendo material de arrastre.
Sometidos los campesinos a resistir luchas que llevan más de 30 años en los escenarios judiciales y administrativos, recuperan sus playones, los ocupan y siembran, mientras los finqueros responden interponiendo tutelas para presionar a la Alcaldía y la Inspección de Policía de San Martín el cumplimiento de una orden de desalojo contra los campesinos. Estas acciones se acompañan de ataques con hombres armados que cortan los alambres de los predios campesinos para que el ganado y los búfalos destruyan sus cultivos de pancoger. Por su parte la policía, llega a estas áreas sólo por el llamado de los finqueros, nunca de los campesinos, es acompañada por los atacantes y siempre los señala de ser “guerrilleros”.
Mientras estos finqueros continúan ampliando sus predios esbozando “documentos de propiedad de falsa tradición, títulos precarios y adjudicaciones que desafían las leyes agrarias del momento”[5] e insisten en “que esas tierras no eran playones”[6], las entidades estatales competentes, después de 16 años “aún no han hecho la delimitación de los playones porque, a juicio de funcionarios del gobierno nacional, el proceso es muy complejo”[7], la extracción petrolera inicia su propio asalto a lo poco del ambiente que aun resiste, con los métodos no convencionales de explotación y los nuevos pozos petroleros y el gobierno pone en riesgo la vida de líderes cuando en 2020 “la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional publicaron un aviso en el que señalaban a Teófilo Acuña de ser integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras lo cual fue capturado y poco después liberado porque el juez no encontró pruebas suficientes”[8].
Alto es el precio que en Colombia pagan quienes asumen la defensa de derechos, pero alto también es el que pagamos como sociedad, sin Teo y sin Tafur, sus asesinos esperan que les sea más fácil continuar arrasando el Magdalena Medio, en tanto el Estado, sin querer queriendo” juega de cómplice, unas veces activo, y, otras, pasivo.
Este es nuestro Estado Social de Derecho que, al no llegar aún al campo, hará nacer a miles de defensores(as) de Derechos Humanos más, porque los defensores, las defensoras, los líderes y lideresas sociales somos hijos e hijas de las violaciones de derechos humanos y de las injusticias en nuestro país.
Referencias
[1] FUNDACIÓN ALMA, GARZÓN YEPES, NATASHA VALENTINA Y GUTIÉRREZ CAMARGO, JUAN CARLOS. Deterioro de Humedales en el Magdalena Medio. Un Llamado para su Conservación. Bogotá. 2013. https://issuu.com/fundacionalma/docs/deterioro_de_humedales_en_el_mm_fin.
[2] Ibídem.
[3] https://verdadabierta.com/el-lio-de-tierras-detras-del-asesinato-de-teofilo-acuna-y-jorge-tafur/
[4] Ibídem
[5] Ibídem
[6] Ibídem
[7] Ibídem
[8] Gato pardo. Asesinados por defender la tierra. https://gatopardo.com/noticias-actuales/lideres-asesinados-tafur-teo-acuna-campesinos/
