El secuestro del General Alzate y otros cuatro militares ha desencallado la peor crisis del proceso de paz en La Habana, tres días antes de que se cumplieran dos años de su inicio. Estalló en la misma semana en que el Gobierno hizo dos importantes anuncios: que pronto habría buenas noticias, el presidente Santos, y que debía reconsiderarse el alcance de la noción de delito político para favorecer la justicia transicional, el jefe de su equipo negociador. Todo ha sido rápido y sigue acelerado. El Senado acaba de citar al general incluso antes de ser liberado, para que aclare los confusos hechos que llevaron a su captura, y los negociadores gubernamentales y la última delegación de víctimas están prestar a volar a La Habana. La solución de un hecho que parece en buena parte fortuito permite establecer lecciones.
Primera, el proceso está muy consolidado, sus reglas procedimentales funcionan y los canales de diálogo entre las partes son fluidos, con poca retórica. Los garantes, Cuba y Noruega, han sido eficaces y diligentes, con apoyo adicional (Venezuela, Cruz Roja Internacional, NNUU). Que las FARC hayan decidido liberar rápidamente al primer general que han tenido en sus manos en cincuenta años muestra que les interesa más lo que se ha logrado, y esperan lograr, en la mesa de negociaciones que réditos inmediatos. Además las FARC han mostrado mayor sensibilidad ante la opinión pública que antaño y han exhibido una unidad de mando y de control sobre sus bloques y frentes significativa, algo que incrementa la confianza en su palabra y en su capacidad.
Segundo, se está relativamente cerca de un punto de no retorno, como evidencia la percepción de que el que se levante de la mesa, pierde. Con tres puntos negociados, con 28 salvedades, y avances en los tres restantes, se ha llegado, empero, al meollo: cómo se pone fin a la fase de violencia, cómo se afronta la reconciliación y qué balance viable y aceptable se pacta entre paz y justicia. Existen dos datos negativos, el tiempo y la opinión pública. El fallo dela Corte Constitucional permitiría que la refrendación se haga coincidiendo con las elecciones de octubre, pero exige seis meses de plazo para un acuerdo, finales de febrero. El dilema es o meses o más de una año. La opinión pública evoluciona lentamente y sigue reacia a hacer concesiones importantes, lo que complica políticamente un tema jurídicamente enrevesado como la justicia transicional y la percepción de impunidad. Sin olvidar que las víctimas se han convertido en un importante y creciente actor político.
Tercero, la crisis ha mostrado una debilidad a corregir de las reglas de juego, pensadas para negociar sin alto el fuego: que la mesa de negociación es autónoma y que nada de lo que ocurre fuera de ella, incluyendo eventos bélicos, afecta a las discusiones. Tras más de 120 víctimas mortales en el 2014, una retención o secuestro ha mostrado que eso ya no es así. El riesgo ha devenido una posibilidad de mejora importante: un eventual acuerdo humanitario que llevaba meses discutiéndose, se puede convertir en un acuerdo rápido para desescalar militarmente el conflicto, y posible antesala de una nueva tregua de Navidad de las FARC.
En suma, una crisis que se ha convertido en una oportunidad. Como decían los clásicos, a veces hay que retroceder para avanzar mejor. Ahora toca pues avanzar
